Después de casi 90 años en el poder, el gobierno de la oligarquía mexicana fue sepultado bajo una montaña de votos el 1 de julio de 2018. Un resultado tan contundente que los factores reales de poder –gobierno, empresarios, bancos—no tuvieron más opción que aceptarlo, bajo pena de provocar una tremenda insurgencia civil.
Más que un episodio electoral, fue un levantamiento del pueblo contra el viejo régimen, realizado por la vía pacífica. No se trata solo de poner final al sistema neoliberal, sino de transformar al estado mexicano y ponerlo realmente al servicio de la sociedad, sobre todo de los más necesitados.
El entusiasmo por la victoria no ha menguado. Millones de ciudadanos se han sorprendido positivamente por el cumplimiento de los compromisos de campaña. A pesar de las pandemias, los golpes bajos, la inseguridad y el ataque constante de los voceros del antiguo régimen, mejor conocidos en otras épocas como “jilgueros”.
Algunos medios han clasificado estas acciones de la siguiente manera: Compromisos cumplidos 35%; compromisos que avanzan, 22%; compromisos que NO avanzan 8% y compromisos no evaluados 35%. A escasos 19 meses de inaugurado el nuevo gobierno, este es un resumen altamente positivo (Sin embargo, 2 de julio 2020).
Los puntos de referencia de cualquier gobierno son esencialmente dos: desarrollo económico y seguridad pública. Si elegimos un gobierno es para que nos dé seguridad, y haga que nuestras familias tengan fuentes de trabajo, que les permitan obtener ingresos y mejorar la salud, educación, prestaciones sociales, etc.
El gobierno obradorista ha tenido resultados considerables en el terreno económico-social. No se puede decir lo mismo acerca del tema de la seguridad pública. Los homicidios dolosos siguen al alza, de mara muy centrada en Guanajuato, entidad gobernada por el PAN desde hace más de dos décadas, y cuyos funcionarios han sido claramente protectores de los grupos delincuenciales.
No se trata de echarle la culpa de la inseguridad pública a los gobiernos estatales. Un análisis objetivo nos indica, no obstante, que no es posible mejorar los índices nacionales de seguridad cuando algunas autoridades estatales están coludidas con los grupos criminales, dentro de gobiernos donde impera la corrupción, la falta de atención (el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, no asiste a las reuniones de coordinación contra la inseguridad) mientras el de Jalisco toma medidas autoritarias contra la población, y reconoce públicamente que está amenazado por el CJNG.
Por otro lado, el propio Andrés Manuel López Obrador, mencionó en su discurso de festejo por el triunfo, que hay varios factores positivos en el aspecto económico, a saber:
1.- Las ventas en los supermercados del país han aumentado.
2.- En mayo, las remesas de los migrantes mexicanos aumentaron (hay que decir que, con mucho, hoy es la principal fuente de divisas del país).
3.- Se ha detenido la caída del empleo. El IMSS reporta que tiene 19 millones 500 mil trabajadores inscritos por las empresas.
4.- La recaudación fiscal se mantiene. Hay que tomar en cuenta que más de 30 mil millones de pesos se han recaudado por adeudos de varios años atrás de algunas empresas privadas, además de los que sigan ingresando.
5.- El peso se recupera de pérdidas sufridas en semanas recientes.
Antes, los gobiernos neoliberales convertían las deudas de empresas privadas en deuda pública, pagadera por el gobierno. Hoy, los recursos principales del erario se destinan a solventar las necesidades de las capas más vulnerables de la población, como las personas de la tercera edad, los jóvenes, indígenas y otros sectores.
En materia de seguridad, el gobierno obradorista ha tenido fuertes dificultades con las bandas criminales, porque estas siguen contando con la protección del aparato político y judicial del país. (Además, de la que reciben del mundo financiero).
Las compras consolidadas del gobierno federal en medicamentos y aparatos para luchar contra el Covid, y su posterior dispersión en el territorio nacional han generado molestias de algunos gobiernos estatales, porque han recibido las participaciones en especie y no en dinero, como ellos esperaban.
Todo esto constituye parte de la lucha contra la corrupción de un aparato del estado profundamente enfermo, contaminado por dentro, que lo corroe hasta los huesos y que ha venido costando mucho esfuerzo poder rehabilitarlo.
Recordemos el caso de Angel Casarrubias “El Mochomo”, líder del grupo criminal de Guerreros Unidos, acusado de participar directamente en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y liberado por una jueza de Distrito a cambio de varios millones de pesos.
En este terreno, el gobierno federal ha congelado miles de millones de pesos a los cárteles, por acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hecho que produjo el reciente ataque al secretario de seguridad ciudadana de la capital mexicana, con resultado de varios muertos y heridos (entre ellos el propio secretario, Garcia Harfuch) y que representó una grave derrota político-militar de esa agrupación criminal, a pesar del uso de cuantiosos recursos y poderosas armas y medios.
Son solo algunas muestras de las dificultades en la lucha contra la corrupción del viejo estado mexicano, que hoy se siguen presentando. Un mundo nuevo nace, pero los actores del antiguo régimen se niegan a desaparecer, a ser relavados por nuevas prácticas y nuevas estructuras.
