La participación ciudadana es hoy en día el referente para ampliar las posibilidades de acceso de los sectores populares en una perspectiva de desarrollo de la sociedad civil y del fortalecimiento de los mecanismos democráticos, pero también, clave para asegurar la ejecución eficiente de los programas de compensación en el contexto de políticas de ajuste estructural y liberalización económica o bien, de privatización de los bienes del Estado.
La posibilidad de cambiar las instituciones públicas está asociada a las demandas de los que conforman esa sociedad, y la esfera pública representa la construcción de viabilidad para el ejercicio de la influencia de la sociedad en las decisiones públicas.
Las prácticas sociales que construyen a la ciudadanía representan la posibilidad de constituir un espacio privilegiado para cultivar la responsabilidad personal, la obligación mutua y la cooperación voluntaria.
La ampliación de la esfera pública ha planteado una exigencia a la sociedad en términos de obtener una mayor influencia sobre el Estado, así como su limitación, asumiendo que la autonomía social implica trascender las asimetrías en la representación social, así como modificar las relaciones sociales en pro de una mayor autoorganización social.
Las discusiones sobre la corrupción en el sector del agua encontraron en el principio de rendición de cuentas, una forma de abordar problemas más específicos, como el derecho al acceso al agua, el saneamiento y la higiene.
El principio de rendición de cuentas, que consiste en garantizar que los gobiernos y los proveedores de servicios rindan cuentas por sus acciones o inacciones, se considera un punto de entrada para trabajar en la gobernanza del agua.
La buena gobernanza es vista como un “vehículo privilegiado” para asegurar que los gobiernos locales y nacionales, y el sistema internacional en su conjunto, prioricen las necesidades de los pobres en la definición de la política del agua y en el diseño y la prestación de servicios y saneamiento.
Además de la búsqueda de una gobernanza justa, ya sea a través de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, la participación y atención en temas de género, pobreza, justicia socioambiental y ética, otros “ingredientes”, como la colaboración, la cooperación, la confianza, el aprendizaje y la experimentación se han defendido como esenciales o críticos para mejorar la gobernabilidad del agua.
Los sistemas de gobernanza del agua están dispersos en diferentes niveles y escalas, y el desafío es coordinar esfuerzos, evitar disfunciones y avanzar hacia un sistema basado en la confianza entre múltiples actores.
Así, es necesario pensar las políticas de recursos hídricos en el contexto de políticas socioambientales que se articulen con otras esferas de gobierno y permitan la transversalidad, reforzando la necesidad de formular políticas ambientales orientadas por la dimensión de los problemas a nivel regional y en muchos casos a nivel metropolitano, reforzando la importancia de la gestión compartida con énfasis en la corresponsabilidad en la gestión del espacio público y la calidad de vida.
De hecho, los impactos de las prácticas participativas en la gestión compartida de los recursos hídricos apuntan a una nueva calidad de ciudadanía, que establece al ciudadano como creador de derechos para abrir nuevos espacios de participación sociopolítica.
Se puede concluir que los mecanismos para promover espacios comunicativos democráticos que permitan una participación ciudadana más calificada; forman parte de una perspectiva de gobernanza, que a pesar de los avances que se han producido principalmente en la última década, se enfrenta a que los problemas ambientales no entran efectivamente en la agenda pública.
La inercia y falta de cambio cualitativo para enfrentar los problemas ambientales ha comprometido la calidad de los recursos hídricos. Las transformaciones en relación a los procesos participativos, muestran que si hay voluntad política y no se permiten prácticas de cooptación, el papel de los diversos instrumentos de participación en la gestión puede cambiar los patrones de gobernanza, estableciendo nuevas mediaciones entre el Estado y la Sociedad Civil, a partir de la mejora de los principios de participación en la gestión descentralizada y compartida de los recursos hídricos y políticas ambientales.
