Terribles asociaciones pueden hacerse entre la proliferación de antros, bares, chelerías y otra clase de clandestinos negocios que venden embriagantes a lo bruto, y la persistencia de conductas antisociales que, en el mejor de los casos nomás caen muy gordas, pero en la mayoría son origen de violencia y crímenes. Sólo por eso, la omisión que los ayuntamientos cometen al permitir el funcionamiento de este tipo de establecimientos podría, desde una óptica muy estricta, considerarse como complicidad criminal. Y podemos, sin duda, remontarnos al origen del problema, los esquemas de corrupción que prevalecen en los gobiernos municipales desde hace mucho tiempo, la falta de espacios para la diversión sana de la juventud, la modificación en los hábitos de consumo de esos jóvenes que muy pronto transitaron del café a las bebidas embriagantes y las drogas, y el sistema de problemas tendría que ser atendido también en esas aristas, pero las autoridades municipales no duran tanto tiempo y, lo peor, los efectos terribles del funcionamiento de esos sitios deben frenarse ya como parte de una estrategia integral de seguridad.
Tampoco se trata de clausurar todos los bares, por supuesto que cualquier sociedad tiene esos espacios donde la gente lubrica con alcohol sus inseguridades, frustraciones, o celebra con la misma sustancia sus alegrías. El problema es que pocos establecimientos pueden garantizar hoy la seguridad de sus visitantes, y los que lo hacen ofrecen sus productos a costos altos en comparación con la oferta clandestina que siempre es mucho peor, lo que contribuye a que su costo sea asequible hasta con dinero de becas. Lo elemental es que cualquier negocio ofrezca las medidas de seguridad necesarias para que sus clientes, proveedores y vecinos no sufran por la operación del mismo; por eso existen autoridades que, cuando hacen su trabajo, verifican y sancionan los posibles riesgos que pudiera representar el funcionamiento de un local.
Y habrá quienes consideren que la clausura de esos negocios clandestinos presentaría graves afectaciones a la economía estatal, un argumento muy rebatible en tanto el ser clandestinos les hace operar al margen de la ley y de las contribuciones. Quienes trabajan en esos sitios difícilmente acceden a prestaciones porque sus empleos son informales, las contribuciones al fisco de la venta clandestina son evidentemente nulas, y aunque se generan algunos empleos, éstos son bastante pocos, volátiles y de ínfima calidad. En cambio, la regularización de los establecimientos, por la vía de ofrecer condiciones de seguridad suficientes, contribuir al fisco y mejorar la calidad de los empleos que ofrecen (algo así como los bares seguros y legales), podrían redituar en una mejora sustancial a la economía local. Por supuesto que no todos los antros podrán regularizarse, porque carecen del espacio, los elementos técnicos, el capital o las ganas para hacerlo, pero la depuración es urgente.
Se trata, simplemente, de mejorar la calidad de la vida nocturna y del entretenimiento de Cuernavaca, conseguir que salir a divertirse a cualquier hora no se traduzca en un riesgo a la seguridad, integridad o propiedad de nadie, y para ello es necesaria, según hemos visto, la acción de las autoridades. No se trata de establecer mecanismos de prohibición solamente, sino de lograr estándares de seguridad que convienen a todos, incluidos los propietarios de esos negocios.
Si los alcaldes tienen realmente la voluntad política para ordenar el funcionamiento de bares y antros el momento es ahora, pues ese rubro forma parte de la estrategia de seguridad para el estado y seguramente contarán con el apoyo estatal y federal. No ver acciones pronto en este capítulo significará que los alcaldes sólo juegan con la idea, como han hecho ya con muchas otras.
