Los alcaldes de Morelos tenían razón en estar molestos con la operación del Mando Coordinado en sus municipios. Los índices delictivos en el estado no han mostrado grandes cambios (salvo quizá los debidos a la pandemia con todos sus efectos negativos), la población no se siente más segura, el desarrollo económico y social de las comunidades se ve comprometido por la inseguridad, se sigue sabiendo de policías corruptos, y otra lista más o menos larga de eventualidades que pegan directamente a la gobernabilidad de las demarcaciones.
Así que los alcaldes amagaron con salirse en bloque del modelo propuesto desde la administración pasada que supone prácticamente la cesión de las tareas de seguridad pública a la Comisión Estatal, y dedicarse los municipios a acciones de prevención de conductas delictivas. Poco sirvió, porque lo cierto es que el modelo actual de organización policiaca puede no ser el mejor diseño de una política pública en la materia, pero por lo pronto es el único posible, en tanto ni los alcaldes, diputados o ciudadanos que se pronuncian por el fin del Mando Coordinado, han trazado alternativa alguna.
La reunión en la que los alcaldes parecen haberse reconciliado con el modelo de organización no debiera verse como la recuperación de relaciones políticas con un gobierno estatal que ha sido omiso y que ha preferido la camorra a la conciliación cada que los alcaldes se quejan de las muchas cosas que tienen para quejarse en términos de coordinación con el Ejecutivo estatal. En todo caso, lo que ocurrió es que sin alternativas es prácticamente imposible dejar un modelo que si no efectividad, por lo menos garantiza cobertura en casos graves, para los que las fuerzas del orden municipales son verdaderamente ineficientes.
Ni Yautepec, ni Cuernavaca, y tampoco Cuautla, ni los otros municipios que hicieron críticas serias y públicas al Mando Coordinado, iban a salir del modelo; la valoración de los ayuntamientos sobre el modelo es que con todo y sus deficiencias es la única forma posible de organización, en tanto ofrece la concentración de recursos humanos, técnicos y de equipamiento, sumamente escasos en el estado. Después de esa evaluación, y sin alternativas operativas ni presupuestales para hacerse cargo de sus problemas en materia de seguridad pública, los municipios determinaron que seguirían con el modelo siempre que la Comisión Estatal de Seguridad hiciera las adecuaciones pertinentes en lo operativo, lo que deberá traducirse en una mayor comunicación y coordinación entre la comisión y los ayuntamientos.
A cambio de ello, aparentemente, el comisionado Ortiz Guarneros pidió a los alcaldes no politizar el tema de seguridad pública, lo que traducido al idioma de la política estatal equivaldría a un “no se quejen en público”, porque la seguridad pública es un asunto esencialmente político. A lo mejor olvida que todas las teorías del origen del Estado, ubican como función primaria de los gobiernos el garantizar la vida, la seguridad, la libertad y la propiedad de aquellos que se someten a su mando. Así que, en breve, no existe nada más político que la seguridad pública, por lo que sus deficiencias son parte necesaria de cualquier debate.
@martinellito
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