Con un índice de pobreza que supera el 50% de los morelenses, una informalidad laboral de más del 64%, y una economía que ha sido incapaz de generar los empleos formales necesarios para ubicar a la fuerza productiva del estado, parecería una buena idea relajar la norma y permitir el regreso y hasta la extensión de la práctica del ambulantaje en las principales ciudades de Cuernavaca.
No faltará quien lo diga, habrá quienes incluso acusen a la autoridad de crueldad excesiva al tratar de imponer la ley a cientos de comerciantes, y hasta los que, dentro de las mismas dependencias avisen a los ambulantes para que no se establezcan el día de operativo (como pasa en Cuautla).
La idea parece hasta noble, en tanto considera que “hay que permitir que la gente se gane la vida honradamente”. Excepto que el ambulantaje no es una práctica honrada, al contrario, se trata de una actividad ilegal que, además, extiende la pobreza y permite la aparición de mafias de todo tipo que incrementan los índices de inseguridad.
Lo cierto es que la permisividad con el comercio informal ha permitido amasar pequeñas fortunas a líderes de ambulantes y mantiene en condiciones de pobreza a quienes se han sometido a ellos como una alternativa falsa a la desocupación. La marginación se mantiene entre los ambulantes porque no son empresarios, sino trabajadores informales que carecen de seguridad social y otros beneficios que se consideran elementales en los empleos. La debilidad del ingreso, junto a la precariedad de su fuente de trabajo de los ambulantes, los hace susceptibles a la corrupción, desde los inspectores de ayuntamientos hasta los propios líderes que dicen protegerlos.
El “salvavidas” al empleo que puede ser la informalidad en momentos de crisis económica, se ha convertido en la mayor modalidad de ocupación en Morelos, extendiendo el índice de población en condiciones de marginación y limitando el crecimiento de la iniciativa privada particularmente de las micro y pequeñas empresas que son los principales motores de la creación de plazas laborales formales. La informalidad extiende la pobreza laboral, y con ello los índices de marginación aumentan. La apuesta que por años los “bondadosos” gobernantes de Morelos y sus municipios han tenido para tolerar a los ambulantes ha resultado en un colosal fracaso económico y provoca no solamente la extensión de la crisis financiera y económica en que el estado se ha sumido en las últimas dos décadas, sino también contribuye al incremento espantoso en los índices de inseguridad.
La posición del ayuntamiento de Cuernavaca que determinó liberar las banquetas de Plan de Ayala del grupo de ambulantes que se las había apropiado y que las ha mantenido libres durante varios días ya, es la correcta en tanto se apega a la legalidad; si el alcalde Villalobos revierte su decisión, es evidente las presiones que recibe para ello, será un terrible mensaje para todos en tanto los comerciantes informales tendrán la certeza de que, nuevamente, pueden hacer lo que les venga en gana frente a una autoridad incapaz de mantener el orden en la ciudad.
Después del IMSS de Plan de Ayala, lo deseable es la intervención del municipio en otros sitios donde los ambulantes se han convertido ya en prácticamente fijos, como las calles del centro de Cuernavaca; al mismo tiempo tendría que hacer un programa enorme de impulso empresarial y al autoempleo que permita a todos acceder a formas de vida dignas y libres de las presiones que significan la corrupción de líderes y de inspectores. Reubicar a los ambulantes en mercados y otras plazas comerciales es un aliciente sólo si se hace bajo los parámetros de la honestidad de todos: que paguen por sus espacios, que vendan artículos legales, que contribuyan al fisco, que la autoridad les ayude a promover sus mercados, es decir, que se garantice la competencia leal.
Twitter: @martinellito
Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx
