Rosario Robles puede decir que es una perseguida política, igual que han hecho muchos políticos en su situación. Se le podría creer si sólo se le considera como quien habría “traicionado” al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, a quien le entregó el gobierno del entonces Distrito Federal en el 2000, luego de haber apoyado desde esa misma posición la candidatura del tabasqueño. Rosario Robles uso los recursos a que podía echar mano desde la jefatura de gobierno del DF, para apoyar la candidatura del PRD y opto por López Obrador sobre Demetrio Sodi, Infigenia Martínez y Pablo Gómez. Los desencuentros posteriores entre Robles y López Obrador se volvieron realmente evidentes desde que ella ocupó la presidencia del PRD.
López Obrador se convertiría en candidato presidencial para el 2006 y Robles se alejaría de la cúpula dominante del PRD; luego repetiría la experiencia López en el 2012 y Robles se alejaría también del PRD para apoyar la candidatura de Enrique Peña Nieto a la presidencia, lo que le valió ser designada como secretaria de Desarrollo Social en el gabinete del priista en el que después sería secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La historia evidencia la inexistencia de cariño entre Robles y López Obrador por lo que habría quienes consideraran el encarcelamiento de la ex secretaria como una vendetta. Pero está la altísima publicidad que han recibido, incluso antes de las elecciones de 2018, las irregularidades en Sedesol y Sedatu.
Según datos públicos, durante la estancia de Robles Berlanga en ambas dependencias, las dos registraron el mayor número de irregularidades documentadas en su historia. Las anécdotas sobre corrupción acompañan a Robles desde hace mucho tiempo, pero sólo hasta el gobierno de Peña Nieto fueron documentadas de forma suficiente para iniciar procedimientos penales en su contra. Aún tiene derecho a la defensa, pero quienes están cerca del caso afirman que las pruebas son contundentes y suficientes para condenar a quien hoy se encuentra vinculada a proceso. Sin ser una persecución política, el caso ofrece a López Obrador oportunidad de cobrarse las afrentas que pudo haber sufrido, en especial para sus fans (que siguen siendo muchos y ávidos de sangre).
No podrá decir lo mismo el ex rector de la UAEM, Alejandro Vera, en caso de que se proceda en su contra como efecto colateral del caso Robles. Vera Jiménez era el titular de la administración universitaria cuando el se presentó el megafraude entre Sedesol y universidades con recursos de programas sociales bautizado mediáticamente como Estafa Maestra. La UAEM fue señalada reiteradamente como parte del esquema fraudulento lo que implicaría responsabilidad de altos funcionarios universitarios. Además, a Vera se le ha señalado como responsable en un manejo creativo, por decir lo menos, de las finanzas de la UAEM que presentan irregularidades entre 600 y hasta 1600 millones de pesos en dos años de los seis que Vera fue su titular.
Cuando se le persiguió por enriquecimiento ilícito, el ex rector aseguró que se trataba de una urdimbre del ex gobernador, Graco Ramírez que habría buscado vengarse de un enemigo político. Con Graco se persiguió a Vera y la fiscalía anticorrupción cumplió por la fuerza una orden de presentación en una penosa escena. No pasó a mayores y Vera enfrenta aún el proceso en libertad. El fiscal sigue siendo el mismo, cierto, pero el gobernador es otro y hasta invitó a Vera a su gabinete donde hoy preside el Consejo de Ciencia y Tecnología. No se le persigue, pero tampoco se le protegerá, promete Gerardo Becerra, asesor anticorrupción del gobierno estatal que advierte la necesidad aclarar 600 millones de pesos faltantes en la UAEM durante la administración del ex rector y su participación en la Estafa Maestra, además de concluir los otros procesos abiertos en su contra.
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