Beatriz Vícera Alatriste, la ex diputada acusada por peculado, es una víctima de la mediatización de los procesos jurídicos. En esto tendría razón la ex legisladora pero se presentó ante los medios, con un exceso de crudeza –el respirador, las lágrimas, la voz quebrada-, como una estrategia más mediática que jurídica así que se prestó al mismo juego que denuncia. Ya subida en el ring de lo público, Vícera Alatriste, pidió ayuda al gobernador para que su proceso sea justo, lo que involucraría al titular del Ejecutivo en una cuestión judicial que le debería ser ajena.
Pero a la ex diputada no le importó porque a final de cuentas se trata de continuar la contaminación de un proceso jurídico cuya publicidad era necesaria, pero que ha sido prejuzgado ya por la opinión pública. Porque Beatriz participó en la LIII Legislatura a la que llegó por un partido al que después despreció para irse a otro (el del entonces gobernador, Graco Ramírez), y desde ahí cometió una serie de actos que podrían ser constitutivos de delito, como lo ha acusado la actual legislatura y lo ha judicializado la Fiscalía Anticorrupción. Faltará que se compruebe que la ex diputada verdaderamente participó en los hechos que se le imputan, pero de inicio hay un proceso jurídico abierto que ha seguido todas sus fases. Probablemente lo excesivo sea el escarnio al que siente Beatriz haber sido sometida, pero eso no es una cuestión jurídica sino una disfunción mediática. La opinión pública ha hecho de la ex legisladora un punto de confluencia para todo lo que se consideró malo en la Legislatura anterior porque, circunstancialmente, fue la más atractiva para ello, mucho más que Hortencia Figueroa (por cierto, su coacusada) por razones que sólo la conciencia popular puede discernir.
El problema es que en la mente pública (y gracias a muchas figuras discursivas que se usan desde el poder), el acusado es culpable por definición. Mucho antes del proceso jurídico, el público teoriza y concluye la culpabilidad del sujeto –especialmente cuando se trata de un político. Así, bastó la acusación para considerar que la ex diputada era responsable. Incluso hubo momentos de altísima presión contra la Fiscalía Anticorrupción, por “tardarse”, en formular las imputaciones contra las legisladoras señaladas por los actuales diputados quienes, en un arrojo incluso acusaron que habría protección desde la fiscalía para no perseguir a Beatriz y Hortencia.
Más que discutir la culpabilidad o no de las indiciadas, tratamos de apuntar al problema elemental, el proceso jurídico que se lleva en su contra es diferente en tiempos, formas, y probablemente hasta en resultados, al que ya se ha gestado en la opinión pública gracias a la imprudencia de autoridades y comentaristas. De hecho, incluso antes de la acusación en su contra, los públicos se habían pronunciado de acuerdo con sus filias y fobias en el asunto, una disfunción a la que ayudaron múltiples factores, entre los que destacan la falta de transparencia y rendición de cuentas, la nula argumentación de decisiones parlamentarias, la pertenencia al grupo político derrotado en la elección del 2018. Habrá quienes adviertan una cuestión de género también en las acusaciones, se asume que uno de quienes debieran ser, a la opinión pública, encontrados responsables, Francisco Moreno Merino, no fue imputado aún, pero sin conocer las evidencias y el proceso es difícil determinar si hay discriminación.
Probablemente, ante la imposibilidad de mantener el silencio sobre las denuncias que se siguen contra los políticos (a final de cuentas hombres y mujeres públicos), valdría considerar la apertura total de los casos, la dotación de toda la información sobre cada acusación y la máxima difusión de la misma, probablemente una aproximación así pudiera llevar a conclusiones más objetivas y aclarar, en muchos casos, las sospechas, fundadas o no, que se atizan en el campo de la opinión pública.
