Gerardo Becerra no escogió el peor día para renunciar a su cargo de director de análisis estratégico y asesor anticorrupción de Cuauhtémoc Blanco. Ligado al Ejecutivo más por el rechazo que sentían por las presuntas tropelías de Graco Ramírez que por alguna convergencia ideológica superior, Becerra fue útil para reforzar la legitimidad del recién electo Cuauhtémoc Blanco en el capítulo de combate a la corrupción. No era una misión tan difícil, o por lo menos así parecía: el Cuauh ganó la gubernatura con casi la mitad de los votos válidos, pero era necesario darle un rostro al combate a la corrupción, un cartucho que pudiera quemarse cuando hiciera falta para que la dilación o el fracaso en las pesquisas contra el ex gobernador Ramírez empezaran a desgastar al gobierno del estado.
Pero el asunto no fue nunca fácil, de las más de 60 carpetas de investigación en contra de funcionarios de la administración que encabezó Graco entre 2012 y 2018, pocas se han judicializado y el castigo a los presuntos culpables ha sido mucho más en el terreno del escándalo mediático que en lo estrictamente jurídico. Y acá puede haber múltiples culpables, pero lo cierto es que las dilaciones fueron uno de los motivos de que la relación entre el que iba a ser un zar contra la corrupción del pasado, y el gobernador que para ello lo nombró, se fue enfriando paulatinamente.
La importancia del discurso de combate a la corrupción en el gobierno estatal se fue desgastando, y con ello la figura de quien se suponía la personificaba. Era obvio, los escándalos de presunta corrupción que pegaron al jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz, y al secretario de gobierno, Pablo Ojeda, volvieron muy complicado comunicar el tema; los problemas de judicialización de las investigaciones, y el protagonismo que fue tomando paulatinamente la Fiscalía Anticorrupción, fueron marginando la relevancia de Gerardo en el gabinete.
Becerra se notaba incómodo desde hacía tiempo, pero fue hasta el 30 de septiembre pasado cuando entregó su renuncia irrevocable al cargo que se le prometió en mayo del 18, de comisionado Ciudadano Anticorrupción, y al que finalmente se le confirió el 1 de noviembre del mismo año director de Análisis Estratégico de la oficina de la gubernatura, y Asesor Anticorrupción. La separación del cargo, advierte en su carta, se da por razones personales y de congruencia. Y eso resulta de lo más incómodo para explicar. ¿Qué pasó en las últimas semanas que provocó la dimisión de Gerardo Becerra? Porque habría sido un escándalo si la renuncia se hubiera dado cuando Sanz fue señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera por el caso Primavera, o meses más tarde, durante el escándalo de otra investigación de la misma dependencia sobre el secretario, Pablo Ojeda. En ambos casos y muchas reiteraciones de los mismos que vinieron después, se mantuvo en su cargo, probablemente más estoico que contento. Tampoco será por los Pandora Papers que involucran a Sanz con fideicomisos offshore contratados antes de ser servidor público, pues la investigación fue publicada después de la renuncia. Por lo pronto, Becerra recomienda al gobernador revisar el trabajo de personas cercanas a él.
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