La crisis política en el campo mexicano está presente y amenaza con afectar seriamente la productividad en los próximos meses.
Las organizaciones campesinas, parte de un corporativismo que fue sembrado y nutrido desde el poder público por generaciones, buscan sobrevivir a través de la presión política que les garantiza la supervivencia si logran doblegar a un gobierno que se ha propuesto la idea de entregar los apoyos productivos directamente a los campesinos.
Podría pensarse en el riesgo que este cambio de esquema representa, en tanto la extensión de tierra para producción “individual” es bastante corta en el país y no genera rendimientos que puedan ser aprovechados; de ahí la necesidad de los campesinos de asociarse en uniones productivas que al principio parecían muy buenas ideas, pero con el paso del tiempo se contaminaron de todo tipo de vicios y fueron haciendo una transición terrible hasta convertirse, algunas, en las mafias que decían combatir.
El gobierno federal enfrentó el problema de la corrupción en las organizaciones campesinas igual que lo ha hecho con todo lo que ha percibido como injusto. No trató de transparentar los recursos que se entregan a las uniones, de establecer esquemas que garanticen la honestidad en el manejo de los apoyos al campo, optó en cambio por lo que consideró más sencillo, la supuesta entrega directa de beneficios a los campesinos sin considerar el impacto económico que la medida tendría en la producción agropecuaria nacional para la que las uniones son fundamentales.
Las marchas y bloqueos de ayer en todo el país son una parte de presión política, pero también una expresión de la realidad del campo mexicano cuyos esquemas de propiedad desfavorecen el rendimiento de las cosechas convirtiéndolo en una actividad de subsistencia más que en un negocio para los productores. Las uniones campesinas son necesarias porque multiplican la fuerza y elevan los rendimientos de la producción, ayudan a que los productores se enfrenten con la presión de intermediarios y, si se eliminara la corrupción imperante en ellas, fortalecerían la economía de los campesinos en términos reales. Desconocer la importancia de la cooperación entre productores para fortalecer sus actividades evidencia una visión muy pobre de la economía rural que en México ha sido lesionada por décadas de ignorancia, falta de apoyos, escasa visión comercial, clientelismo y corrupción de líderes y del Estado.
La entrega de apoyos directos a los productores encarece de forma inmediata los costos de producción en el campo, al aplazar la tecnificación, limitar las posibilidades de comercialización y conservar el modelo de atomización de las superficies productivas que ha llevado a miles de campesinos en el país a vender sus tierras a fraccionadores, al cultivo de drogas, a la migración al extranjero. Las soluciones extremas suelen ser peor que las enfermedades que suponen combatir.
Si a los costoso de este modelo incipiente sumamos el impacto económico del conflicto político con las uniones campesinas, y la reducción de precios que prevé el propio gobierno para muchos productos agrícolas durante el 2019, y se acompaña con la tendencia a la baja en la producción que se mostró en el año anterior, las noticias para los campesinos no son nada buenas.
No se trata de defender la corrupción, como podría alegarse desde alguna perspectiva, sino de respetar un modelo de organización cque ha funcionado para que la actividad agropecuaria subsista durante décadas y, en todo caso, limpiarlo de vicios y explotar sus capacidades productivas, comerciales y hasta de estabilidad social. Sin pretender cambiar un corporativismo por otro que aplauda a quienes están hoy en el poder, la organización comunitaria de los campesinos tendría que renovarse para recuperar su calidad de garante de la producción primaria en el país.
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