La incomodidad que el poder siente frente a los organismos autónomos es totalmente natural en tanto ellos limitan sus posibles y sus documentados excesos, sus discrecionalidades y en general todas sus disfunciones. Temáticos y limitados por leyes y reglamentos mucho más específicos que los que ordenan a los poderes, instituciones como las electorales, de derechos humanos, de protección al medio ambiente, de competencia económica, de información pública, funcionan como defensores de la ciudadanía frente a gobiernos que todos los días perfeccionan sus formas de dominio, control y operación, para reforzar su operatividad que muy a menudo se impone sobre individuos y minorías de forma injusta cuando no totalmente abusiva.
Los organismos autónomos no son producto de la generosidad gubernamental, sino de la fuerza ciudadana que obligó al diseño institucional a crear y financiar metapoderes, es decir, instituciones que operan sobre los poderes políticos reconocibles. Cuando algunos corifeos del gobierno federal acusan, por ejemplo, que no es el Instituto Nacional Electoral garante de la democracia y con ello de la pluralidad electoral en México, sino la sociedad; ponen una trampa argumentativa porque el instrumento de la sociedad para garantizar su democracia es justamente el INE. Los argumentos de ese tipo son quizá la parte menos destacada en el análisis del discurso contra los órganos autónomos, pero también resultan fundamentales para el descrédito institucional.
La campaña contra los órganos autónomos más visible es la que han emprendido el presidente López Obrador y su partido, pero no es la única. Por citar un caso, probablemente por motivos diferentes, pero el gobierno de Cuauhtémoc Blanco decidió emprenderla contra la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a cuyo presidente traen de drama en drama con base en un escándalo que podría haberse terminado en una sola entrega. La Comisión ha tenido una actuación mucho más mediática que efectiva desde que Raúl Israel Hernández ocupa la preside. Los casos más sonados en que el gobierno ha recibido la censura de la CDHEM han sido la violencia aparentemente sistemática en los penales del estado y el caso intolerable de maltrato a menores de edad en un albergue del DIF en Temixco. En ambos ha habido la misma denuncia de Hernández: el gobierno del estado entorpece las indagatorias.
Esto ha servido para que se acuse a Raúl Israel, notario con licencia, de ocupar dos funciones que por ley son incompatibles, y se haya dado paso a la cancelación de su patente notarial, que en el mundo de los abogados parece funcionar como un haber de retiro para quienes de ella gozan.
Senadores y diputados federales se han pronunciado ya por una investigación a fondo en el caso de maltrato a menores sin intervención del gobierno del estado, y han ofrecido su respaldo a Hernández en la campaña evidente que se ha emprendido en su contra.
El problema no es Raúl Hernández, sino la vulnerabilidad de los órganos autónomos frente a gobiernos que limitan la acción de sus titulares y los atacan. No se trata de patentes de impunidad, sino de elemental decencia en un país donde la justicia parece enfrentarse con un “ya chole”.
@martinellito
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