La estrategia jurídica del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, está rindiendo buenos frutos: de hecho ante la opinión pública del país se está sometiendo a juicio no solo a dos expresidentes involucrados en los fraudes, sino al sistema en su conjunto, el cual permitía que los dirigentes atentaran contra el patrimonio de la nación y, a causa de ello, decenas de nuevos funcionarios se levantaran cada sexenio con fortunas millonarias.
Además, las declaraciones de Lozoya rendidas ante la FGR abren la puerta a los procedimientos legales contra la corrupción. Directamente involucran a Luis Videgaray (Luis Vuitton) jefe inmediato del declarante, y al expresidente Enrique Peña Nieto. Pero también, aunque solo aparezcan en segundo plano, resultan implicados tanto Felipe Calderón como José Antonio Meade, como personajes que autorizaron los fraudes durante el sexenio de FeCal.
El rasgo diferencial en el trato que se da a Lozoya –prácticamente en prisión domiciliaria—ante el que se ha dado a Rosario Robles –quien recién cumplió un año en la Cárcel de Mujeres--ha sido definido por el propio fiscal Gertz Manero como producto de la colaboración del primero, mientras que la segunda se ha obstinado en proteger y conservar la impunidad de sus cómplices.
En otras palabras: si hablas y cooperas con la FGR para combatir la corrupción y eres solidaria con el patrimonio del Estado, te damos facilidades; si no lo haces y continúas protegiendo a tus cómplices corruptos, se te aplica la mano dura. A los amigos, ley y gracia; a los enemigos, la ley a secas, diríamos parafraseando a Benito Juárez.
La política de Gertz Manero está rompiendo la espina dorsal de la impunidad que caracterizó al antiguo régimen. Anteriormente regía la ley de la omerta, que impone el más estricto silencio entre los cómplices, para salvar el sistema en su conjunto; al ofrecer, por el contrario, un trato privilegiado a quien hable, a quien muestre “solidaridad con el Estado” y proceda a descubrir los entretelones del manejo patrimonial en asuntos del gobierno, la justicia Gertziana pone en manos del actual gobierno un instrumento invaluable para romper complicidades, y por lo mismo, cortar el nudo gordiano de la impunidad.
¿Hasta dónde llegará esta política? Muchos quisieran que se detuviera solo en ajustar cuentas con Peña y Videgaray, más bien como espectáculo público de exorcismo, como regaño público a quienes han desfalcado al erario y las empresas del gobierno. Vaya: como un jalón de orejas para los corruptos.
Hay un matiz, sin embargo, que pocos han captado: el presidente López Obrador ha dicho que su gobierno no volteará al pasado, porque abriría demasiados puntos de fricción que no abonan a la gobernabilidad del Estado. Y establece como condición para que su gobierno promueva el juicio contra los corruptos, que se realice un plebiscito y sea la decisión popular la que lo mandate a enjuiciar a los expresidentes.
Pero por otro lado, AMLO declaró que si la FGR encuentra en el proceso contra Lozoya indicios y pruebas que involucren a los más altos funcionarios de los anteriores sexenios, entonces ese proceso tan solo sería un asunto judicial. En otras palabras: yo no los voy a encarcelar, pero si la FGR, que es una institución autónoma, decide llevarlos a juicio, entonces sería solo un asunto judicial (no una decisión política del gobierno que encabezo). Más claro ni el agua.
Aunque parezca un matiz, en el fondo es una cuestión vital. Por las razones que sea, AMLO no quiere enjuiciar políticamente a los expresidentes que ejercieron el poder durante el viejo régimen; no quiere que la Presidencia de la República, como institución máxima del Estado, inicie una revisión de las corruptelas del antiguo régimen, y como consecuencia se generen acciones contra los responsables de tal corrupción.
Pero si la FGR –por denuncia de Lozoya et al-- encuentra durante el proceso indicios de culpabilidad de los antiguos poderosos, que se proceda conforme a derecho. Este gobierno es respetuoso de la ley y respetará sus decisiones. Y, en consecuencia, no limitará la acción de la Fiscalía General de la República (FGR).
Pero por si faltara algo en el esquema jurídico de los actuales dirigentes del gobierno, el diputado del PT Genaro Fernández Noroña, ha lanzado recientemente una iniciativa para que legisladores del congreso federal actual firmen una petición con el fin de enjuiciar a los funcionarios del viejo régimen, y si esa resolución fuera además acompañada por millones de firmas de ciudadanos, se despejaría aún más el camino para llegar al enjuiciamiento de Peña, Calderón y sus subordinados.
Huelga decir que, a su vez, esto despejaría el camino para enjuiciar a Fox, Zedillo y Salinas, por lo menos. O sea, se trataría de someter a juicio al estado mayor de los grupos del poder faccioso, el grupo dirigente de la legión de neoliberales que usaron los cargos públicos para enriquecerse, dejando a las empresas del gobierno en graves predicamentos para pagar su abultada deuda, y por lo mismo, para servir de palanca de desarrollo del país.
Sin duda, se trataría de un camino inédito para hacer justicia, y de paso, para recuperar los miles de millones de pesos que fueron saqueados del tesoro público. Por lo tanto, procede apoyar al diputado Gerardo Fernández Noroña, y pedir a los ciudadanos que entreguen su firma en apoyo de esta trascendental iniciativa.
Sería una acción trascendental, histórica y sin precedentes. Por cierto: ya empezaron a circular los primeros videos entregados por Lozoya a la FGR, en los cuales se observa claramente la compra de votos en el Congreso para la promulgación de la mal llamada Reforma Energética.
