La búsqueda por consolidar la democracia es un camino de largo plazo para los países que la practican entre sus actores económicos, políticos y sus ciudadanos.
Uno de los casos más interesantes de analizar es el de México, que por momentos parece recorrer el camino de la transición, para adentrarse en el de la liberalización, y plagarse de elementos propios de la democratización, sin que éstos terminen de consolidarse, y la mayor parte de las veces alcanzando avances en sus reformas constitucionales, para poner candados en sus leyes reglamentarias.
Por transición entendemos el “intervalo que se extiende entre un régimen político y otro”, de acuerdo a Guillermo O ́ Donnell en sus conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, de la serie, Transiciones desde un gobierno autoritario.
En el caso México, se ha transitado ya de manera sustantiva de un régimen hegemónico y autoritario todavía en la década de los años noventa, a la primera elección libre en la que vence un partido opositor al que ostenta el poder en 1997, en la capital del país, dando lugar a la lógica del gobierno dividido; sede de los poderes de la unión y de las urbes más pobladas en la República, de un gran poderío económico y alto grado de politización.
Sin embargo, aunque cambiaron las políticas gubernamentales y se ampliaron las libertades ciudadanas, reconociendo algunos de sus derechos, esto no ocurrió por la presión de factores externos, de los partidos políticos, de fuerzas radicales o de la sociedad. Fue una decisión del gobernante y del partido que lo llevó al poder: el de la Revolución Democrática.
Paralelamente, de manera previa, debido entonces sí a los cuestionamientos de legitimidad del régimen, lo mismo que a su deterioro y las recurrentes crisis económicas, así como de levantamientos armados como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se dio paso a la creación de un órgano electoral autónomo e independiente, ciudadanizado, al margen del control gubernamental, como fue el Instituto Federal Electoral (IFE) y su migración en 2014 al Instituto Nacional Electoral.
Con ello, México se ajustó al concepto de liberalización, entendido como el “proceso que vuelve efectivos ciertos derechos, que protegen a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros”, nos reitera O ́ Donnell en sus conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Con sus deficiencias, se dio un salto enorme en el respeto de la voluntad popular mediante el voto, y otras libertades, que aunque no en su totalidad, fueron ampliadas.
Para las elecciones presidenciales del año 2000, en México se registró la alternancia en el poder político. El régimen del PRI perdió el mandato Presidencial con un candidato emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN) a través de la coalición con el Partido Verde.
No obstante, el contundente triunfo del PAN a la Presidencia de la República no contó con el mismo respaldo a la hora de integrar las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, y mucho menos en el resto de las entidades federativas. En términos reales, el mapa político de la República Mexicana cambió, sí, pero esencialmente siguió siendo dominado por el partido otrora en el poder, hecho que se ratificó y amplió, cuando en las primeras elecciones intermedias que enfrentó el nuevo gobierno emanado de la oposición fue aún más acotado con el sufragio popular.
Ese ciclo ascendente que, derivó en la construcción del futuro para el retorno a la silla del águila del régimen del PRI, al cabo de las dos administraciones del PAN, terminó por quebrarse en julio de 20l8, cuando en las elecciones presidenciales, un segmento del electorado optó por la vuelta al gobierno unificado (un presidente con mayoría) no sólo en la presidencia mexicana, sino en el predominio de la coalición ganadora a través de gubernaturas muy relevantes en la distribución del poder político nacional y en el congreso de la Unión.
Las elecciones de 2021 son una oportunidad única en su género para volver a la lógica de las elecciones que, produzcan otra alternancia en la distribución del poder político en cámara de diputados y, en torno a las gubernaturas en disputa y así, devolverle al país la confianza en diversos rubros no sólo de la administración, sino de la economía, la libertad de expresión, la inversión y un largo etcétera para que México recobre su rol de reconocimiento y desarrollo en la arena económica, social y política dentro y fuera del país.
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