Los problemas del SAPAC son estructurales y de corrupción. Es decir, se tiene un conjunto de complicaciones en el plano administrativo que incluyen la antigüedad de la red hidráulica de la ciudad que compromete seriamente la adecuada operación, una cartera vencida importante, y otros retos en el área operativa y administrativa; pero también, se padecen los efectos de una profunda corrupción y hasta la sospecha de infiltración de grupos delincuenciales en la estructura de personal, lo que hace mucho más compleja la tarea que hoy le toca a Yarely Jaimes, y a la que renunciaron muy pronto cuatro directores en menos de dos años.
Dependiente del Ayuntamiento de Cuernavaca, cuyo presidente es también titular de la Junta de Gobierno, el SAPAC debería ser tan aburrido como cualquiera de sus tuberías. De funcionar adecuadamente, poco tendría que decirse del sistema operador que surte de agua a más de 300 mil usuarios. No es así, las fugas en la red son cotidianas, el endeudamiento colosal con la CFE compromete el suministro de energía eléctrica y comúnmente deja fuera de operación los pozos, y son comunes las fallas en la reparación de la red que a menudo generan daños mayores de los que corrigen. El problema mayor es el manejo de los recursos en el sistema.
Mexicanos contra la Corrupción detectó desvíos en el dinero presupuestado para el pago de tarifas eléctricas a la CFE durante los años 2016 al 2018, y su probable redireccionamiento a cuatro “empresas exprés” para la supuesta adquisición de plásticos y hules para reparar fugas. Probablemente por ello el alcalde Villalobos había solicitado hace meses una auditoría especial a SAPAC sobre los años anteriores a su gestión. Sobre el tema advirtió varias veces que los adeudos con la CFE eran históricos y no resultaban justificables con los datos disponibles. La corrupción en el SAPAC, advertía el edil, es añeja.
También el Congreso tenía datos, de acuerdo con la información disponible, ya la Comisión de Hacienda había detectado algunas irregularidades en los años en que el hoy gobernador, Cuauhtémoc Blanco, presidió la Junta de Gobierno del organismo. Pese a todos los indicadores, al momento no hay noticias de carpeta de investigación alguna en la Fiscalía Anticorrupción, pero tampoco de denuncias contra los presuntos responsables del probable quebranto de más de 100 millones de pesos al Sistema, cuya inversión en infraestructura y el pago de servicios se vio comprometida entre 2016 y 2018 según todo apunta por una serie de conductas que por lo menos podrían calificarse de poco ortodoxas.
Muchas preguntas surgen en torno a los hallazgos, pero la elemental tendría que ser sobre las denuncias ausentes. ¿Hay alguna razón real para omitir las denuncias correspondientes frente a lo que parece un muy evidente desvío de recursos? ¿Habría algún motivo justificado para mantener el tema solo en denuncias mediáticas y no proceder contra los responsables? Según parece, por el tipo de quebranto, tanto el Congreso como el Ayuntamiento de Cuernavaca estarían obligados a iniciar las denuncias jurídicas que correspondan. ¿Lo harán?
@martinellito
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