César Arenas

  / jueves 19 de septiembre de 2019

¿Cuánto aprendimos del 19S?

En ciencias sociales cuando se emplea el método comparativo como procedimiento de análisis, se parte de la atención de dos o más unidades de observación y se consideran sus diferentes niveles, variables, relaciones y contextos, hasta la comprobación de la hipótesis y proposiciones causales explicativas.

A dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017, muy a pesar de la magnitud, afectaciones físicas y pérdidas humanas no existe un antes y un después en Morelos. Más allá de los discursos y los buenos deseos, no hubo con los nuevos gobiernos un cambio institucional de largo plazo que pudiera ir moldeando una nueva cultura social. Veamos:

El anterior gobierno creó Unidos por Morelos, organismo público desconcentrado adscrito a la Oficina de la Gubernatura. Desde esa instancia se buscó coordinar el proceso general de la reconstrucción. Creó censos, mapas y de acuerdo con su integración legal, tuvo un diseño con alto contenido social. Por su parte, el actual gobierno desacreditó a Unidos por Morelos; pero lo contradictorio es que a pesar de lo “corrupto”, no lo hayan extinguido aún y peor, no esté dando continuidad a los trabajos con sus personas incorruptibles. Ni siquiera han entrado al nivel de planeación, ya que no existen mapas nuevos, actualizados o revisados, ni tampoco evaluaciones o depuraciones de los censos; análisis de la información ni resultados generales consolidados.

Luego de que el gobierno federal emitiera la Declaración de Desastre Natural para todos los municipios de Morelos, los gobiernos locales comenzaron a pelear por recursos federales de acuerdo con sus “habilidades” de gestión. Sin embargo, nunca se logró ordenar el proceso y ni conocer de manera integral cuántas y qué tipo de acciones se estaban realizando con recursos propios, estatales y federales. Con el actual gobierno, no existe una clara intención de buscar la coordinación, evaluación y seguimiento de los trabajos municipales, ni siquiera en lo más simple que sería el promover la actualización continua de los atlas de riesgo y los planes de protección civil.

Con el anterior gobierno, la emergencia y lo inmediato de las acciones de la reconstrucción hicieron perder de vista el encuadre de lo que debería ser una ciudad resiliente. Nunca se presentó el balance general, ni informes especiales. En el mismo sentido, el actual gobierno ha omitido evaluar, supervisar y continuar con los trabajos pendientes de forma integral, ordenada y justificada. Posiblemente muchas de las actuales dependencias han “trabajado” aspectos relacionados con la reconstrucción, pero no existe clara dirección; incluso lo señalado en el plan estatal de desarrollo tampoco logrará hacer transitar nuestras ciudades a un nivel aceptable resiliencia.

Desde la zona cero de Jojutla, como en distintas localidades, muchas personas se manifestaron aún con el anterior gobierno por los retrasos en las acciones de reconstrucción, por las fallas y los problemas burocráticos que afectaron las vidas de las personas. En las manifestaciones se leían carteles: “Nos dejaron solos”. Con el nuevo gobierno, desafortunadamente, el lado humano tampoco ha importado mucho. No ha existido un acercamiento con la ciudadanía de manera institucional, un canal de comunicación que les permitiera conocer de viva voz sus inquietudes y preocupaciones.

La ciudadanía continua estando sola. No hubo autoridades jurisdiccionales, fiscalías, comisiones de derechos humanos, ni partidos políticos de oposición, que defendieran los derechos humanos por las omisiones de supervisar construcciones y mitigar riesgos a la vida, por las omisiones de prevención, falta de información o medidas de protección de civil.

El Congreso del Estado siguió ausente. No importó tampoco el cambio de legislatura ni la conformación de nuevas mayorías. Hasta el momento, no existe ninguna propuesta de ley específica sobre la reconstrucción. Tampoco se quiso vigilar ni revisar cuentas; y el presupuesto aprobado para este año no tuvo asignaciones especiales de largo alcance, por más que en los considerandos se haya hecho una escurridiza mención.

Hace un año comenté en este espacio que si algo nos había enseñado el 19S es que quedaba en la ciudadanía la obligación de no perder la memoria y continuar siendo sujetos activos para impulsar la reconstrucción.

Hay demasiadas omisiones de las instituciones públicas deliberadas, muchos vacíos y mucho por hacer. Esto es lo que hemos aprendido y no debemos olvidar.


Twitter / Facebook: @CzarArenas

En ciencias sociales cuando se emplea el método comparativo como procedimiento de análisis, se parte de la atención de dos o más unidades de observación y se consideran sus diferentes niveles, variables, relaciones y contextos, hasta la comprobación de la hipótesis y proposiciones causales explicativas.

A dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017, muy a pesar de la magnitud, afectaciones físicas y pérdidas humanas no existe un antes y un después en Morelos. Más allá de los discursos y los buenos deseos, no hubo con los nuevos gobiernos un cambio institucional de largo plazo que pudiera ir moldeando una nueva cultura social. Veamos:

El anterior gobierno creó Unidos por Morelos, organismo público desconcentrado adscrito a la Oficina de la Gubernatura. Desde esa instancia se buscó coordinar el proceso general de la reconstrucción. Creó censos, mapas y de acuerdo con su integración legal, tuvo un diseño con alto contenido social. Por su parte, el actual gobierno desacreditó a Unidos por Morelos; pero lo contradictorio es que a pesar de lo “corrupto”, no lo hayan extinguido aún y peor, no esté dando continuidad a los trabajos con sus personas incorruptibles. Ni siquiera han entrado al nivel de planeación, ya que no existen mapas nuevos, actualizados o revisados, ni tampoco evaluaciones o depuraciones de los censos; análisis de la información ni resultados generales consolidados.

Luego de que el gobierno federal emitiera la Declaración de Desastre Natural para todos los municipios de Morelos, los gobiernos locales comenzaron a pelear por recursos federales de acuerdo con sus “habilidades” de gestión. Sin embargo, nunca se logró ordenar el proceso y ni conocer de manera integral cuántas y qué tipo de acciones se estaban realizando con recursos propios, estatales y federales. Con el actual gobierno, no existe una clara intención de buscar la coordinación, evaluación y seguimiento de los trabajos municipales, ni siquiera en lo más simple que sería el promover la actualización continua de los atlas de riesgo y los planes de protección civil.

Con el anterior gobierno, la emergencia y lo inmediato de las acciones de la reconstrucción hicieron perder de vista el encuadre de lo que debería ser una ciudad resiliente. Nunca se presentó el balance general, ni informes especiales. En el mismo sentido, el actual gobierno ha omitido evaluar, supervisar y continuar con los trabajos pendientes de forma integral, ordenada y justificada. Posiblemente muchas de las actuales dependencias han “trabajado” aspectos relacionados con la reconstrucción, pero no existe clara dirección; incluso lo señalado en el plan estatal de desarrollo tampoco logrará hacer transitar nuestras ciudades a un nivel aceptable resiliencia.

Desde la zona cero de Jojutla, como en distintas localidades, muchas personas se manifestaron aún con el anterior gobierno por los retrasos en las acciones de reconstrucción, por las fallas y los problemas burocráticos que afectaron las vidas de las personas. En las manifestaciones se leían carteles: “Nos dejaron solos”. Con el nuevo gobierno, desafortunadamente, el lado humano tampoco ha importado mucho. No ha existido un acercamiento con la ciudadanía de manera institucional, un canal de comunicación que les permitiera conocer de viva voz sus inquietudes y preocupaciones.

La ciudadanía continua estando sola. No hubo autoridades jurisdiccionales, fiscalías, comisiones de derechos humanos, ni partidos políticos de oposición, que defendieran los derechos humanos por las omisiones de supervisar construcciones y mitigar riesgos a la vida, por las omisiones de prevención, falta de información o medidas de protección de civil.

El Congreso del Estado siguió ausente. No importó tampoco el cambio de legislatura ni la conformación de nuevas mayorías. Hasta el momento, no existe ninguna propuesta de ley específica sobre la reconstrucción. Tampoco se quiso vigilar ni revisar cuentas; y el presupuesto aprobado para este año no tuvo asignaciones especiales de largo alcance, por más que en los considerandos se haya hecho una escurridiza mención.

Hace un año comenté en este espacio que si algo nos había enseñado el 19S es que quedaba en la ciudadanía la obligación de no perder la memoria y continuar siendo sujetos activos para impulsar la reconstrucción.

Hay demasiadas omisiones de las instituciones públicas deliberadas, muchos vacíos y mucho por hacer. Esto es lo que hemos aprendido y no debemos olvidar.


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