Daniel Martínez

  / jueves 14 de noviembre de 2019

Cuauh y los derechos humanos

A lo mejor el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, tiene algo de razón en la defensa que hace del Comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros.

Debe ser un asunto importante porque el rechazo a pensar en la remoción pese a la ya extendida percepción de malos resultados en materia de seguridad pública, difícilmente radicaría en ese fenómeno que se conoce como “ceguera de gabinete” y que podríamos definir como la satisfacción de muchas burocracias por el esfuerzo que ellas mismas consideran hacer y no por los resultados reales que ofrece su trabajo.

El problema es que el ángulo que el jefe del Ejecutivo tiene para enfocar la defensa del funcionario en quien ha delegado la tarea de brindar seguridad pública en todo el estado es lesiva de los derechos humanos en tanto acusa a las víctimas de homicidios, todas, de algún vínculo con el crimen organizado. Sin que se sepa de carpetas de investigación abiertas por los 683 homicidios dolosos cometidos en 2019 hasta el 30 de septiembre, el gobernador establece una peligrosa relación de todos los casos con grupos de la delincuencia organizada lo que resulta en principio sumamente dudoso, y además revictimiza a muertos y sus familiares sin que exista una base jurídica para las acusaciones.

Además, el gobernador parte de una peligrosa valoración del delito y de sus víctimas pues hace parecer que las 683 personas que han sido asesinadas en el año “lo merecían” o por lo menos que no hay responsabilidad del Estado en su cuidado, lo que parece una omisión dolosa del gobierno en el sentido de que omite los cuidados a personas que no han sido condenadas ni privadas de su libertad a partir de una percepción del grupo en el poder sobre la participación (presunta, pero para ellos definitiva según la declaración del gobernador) de los asesinados en actividades delictivas.

La percepción del Estado, según se advierte de la declaración en comento “todos esos asesinatos, todos, todos, los que han fallecido, han tenido algo que ver con el crimen organizado, entonces yo te vuelvo a mencionar, el comisionado está firme y va a seguir firme”, y su contexto “se están haciendo las cosas bien, aunque a ti no te parezca”; es que quienes parecen delincuentes para el Estado, no merecen la protección, investigación, o cualquiera otro de los derechos que forman parte elemental del contrato social que, de acuerdo con la teoría política más elemental, son la razón de ser de la sujeción de los ciudadanos a su gobierno.

Ese es el elemento más grave de la declaración de Cuauhtémoc Blanco, y frente al mismo, la idea de probable omisión en las carpetas de investigación resulta hasta cosmética, en mal plan, pero ciertamente poco relevante, en tanto los derechos de las víctimas habrían sido negados desde el momento de la protección a la vida de quienes hoy son acusados en un franco exceso de poder del Estado.

Aquél Cuauhtémoc que lucía comprometido con una idea ciertamente rudimentaria pero correcta de la justicia en el principio de su carrera política, el que fue perseguido, lesionado, por el gobierno estatal y su clase política en su momento, parece haberse diluido y ahora repite con facilidad los mismos lamentabilísimos argumentos de otros políticos y parece residir en el mismo rincón mental donde los gobernantes justifican sus omisiones en los prejuicios contra ciudadanos o grupos sociales determinados. Delicado en tanto el problema de la inseguridad en el estado lo mantiene como el séptimo lugar nacional en homicidios dolosos, según Semáforo Delictivo, y el gobierno parece satisfecho con los resultados que se están ofreciendo en el área, a pesar de todos los pesares y aunque no le parezca a muchos. Pregunta más que obvia, con la proclividad de la CDHEM del estado por iniciar quejas de oficio, ¿habrá una sobre las declaraciones del gobernador?


Twitter: @martinellito

Correo: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

A lo mejor el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, tiene algo de razón en la defensa que hace del Comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros.

Debe ser un asunto importante porque el rechazo a pensar en la remoción pese a la ya extendida percepción de malos resultados en materia de seguridad pública, difícilmente radicaría en ese fenómeno que se conoce como “ceguera de gabinete” y que podríamos definir como la satisfacción de muchas burocracias por el esfuerzo que ellas mismas consideran hacer y no por los resultados reales que ofrece su trabajo.

El problema es que el ángulo que el jefe del Ejecutivo tiene para enfocar la defensa del funcionario en quien ha delegado la tarea de brindar seguridad pública en todo el estado es lesiva de los derechos humanos en tanto acusa a las víctimas de homicidios, todas, de algún vínculo con el crimen organizado. Sin que se sepa de carpetas de investigación abiertas por los 683 homicidios dolosos cometidos en 2019 hasta el 30 de septiembre, el gobernador establece una peligrosa relación de todos los casos con grupos de la delincuencia organizada lo que resulta en principio sumamente dudoso, y además revictimiza a muertos y sus familiares sin que exista una base jurídica para las acusaciones.

Además, el gobernador parte de una peligrosa valoración del delito y de sus víctimas pues hace parecer que las 683 personas que han sido asesinadas en el año “lo merecían” o por lo menos que no hay responsabilidad del Estado en su cuidado, lo que parece una omisión dolosa del gobierno en el sentido de que omite los cuidados a personas que no han sido condenadas ni privadas de su libertad a partir de una percepción del grupo en el poder sobre la participación (presunta, pero para ellos definitiva según la declaración del gobernador) de los asesinados en actividades delictivas.

La percepción del Estado, según se advierte de la declaración en comento “todos esos asesinatos, todos, todos, los que han fallecido, han tenido algo que ver con el crimen organizado, entonces yo te vuelvo a mencionar, el comisionado está firme y va a seguir firme”, y su contexto “se están haciendo las cosas bien, aunque a ti no te parezca”; es que quienes parecen delincuentes para el Estado, no merecen la protección, investigación, o cualquiera otro de los derechos que forman parte elemental del contrato social que, de acuerdo con la teoría política más elemental, son la razón de ser de la sujeción de los ciudadanos a su gobierno.

Ese es el elemento más grave de la declaración de Cuauhtémoc Blanco, y frente al mismo, la idea de probable omisión en las carpetas de investigación resulta hasta cosmética, en mal plan, pero ciertamente poco relevante, en tanto los derechos de las víctimas habrían sido negados desde el momento de la protección a la vida de quienes hoy son acusados en un franco exceso de poder del Estado.

Aquél Cuauhtémoc que lucía comprometido con una idea ciertamente rudimentaria pero correcta de la justicia en el principio de su carrera política, el que fue perseguido, lesionado, por el gobierno estatal y su clase política en su momento, parece haberse diluido y ahora repite con facilidad los mismos lamentabilísimos argumentos de otros políticos y parece residir en el mismo rincón mental donde los gobernantes justifican sus omisiones en los prejuicios contra ciudadanos o grupos sociales determinados. Delicado en tanto el problema de la inseguridad en el estado lo mantiene como el séptimo lugar nacional en homicidios dolosos, según Semáforo Delictivo, y el gobierno parece satisfecho con los resultados que se están ofreciendo en el área, a pesar de todos los pesares y aunque no le parezca a muchos. Pregunta más que obvia, con la proclividad de la CDHEM del estado por iniciar quejas de oficio, ¿habrá una sobre las declaraciones del gobernador?


Twitter: @martinellito

Correo: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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