Violencias hay muchas y siempre son reprobables, pero la que se ejerce contra quienes se perciben como más débiles, cultural o materialmente, resulta escandalosa.
La cantidad de asesinatos de mujeres, se les califique o no como feminicidios, las violaciones, la violencia laboral, familiar, económica, y las otras muchas que se ejercen a diario contra millones de mujeres en el país han alcanzado niveles de escándalo y han provocado la desesperación de quienes podrían ser o ya han sido víctimas, especialmente por lo que se considera como una colección de inacciones u omisiones de las autoridades de prevención del delito, de las de persecución y de las de procuración de justicia que se extiende, quiérase o no, a la sociedad completa.
El peor de los argumentos para justificar la aparente indolencia de las comunidades ante el estado de emergencia que existe en cientos de demarcaciones del país por la violencia contra las mujeres es el de la normalización. Se cree que en un ambiente de violencia generalizada es “normal” que esa violencia se exprese también contra las mujeres y eso sería discutible si se concediera que la violencia es una conducta normal de la humanidad y no una serie de percepciones y comportamientos adquiridos. Si uno es tan cínico como para considerar la violencia como algo normal, cualquier crimen parecerá parte del tejido social y la violencia contra las mujeres será una condición con la que hay que aprender a vivir. Por supuesto que es un pensamiento absurdo, pero bastante cómodo porque releva a cualquiera de la tarea de construcción de la paz que corresponde a toda la sociedad.
Censurar los comportamientos de las mujeres que exigen justicia sería adecuado si existieran acciones visibles encaminadas a reducir los índices de violencia contra las mujeres. Lo cierto es que los intentos bastante desarticulados del Estado para frenar las conductas de agresión que las mujeres padecen casi todos los días (por decir lo menos), han resultado infructuosos y a decir de las cifras hasta aparentemente contraproducentes (mientras más talleres se ofrecen para prevenir la violencia contra las mujeres, más casos se presentan). Dirán algunos que es un fenómeno de visibilidad, que los talleres han hecho que muchas más personas se den cuenta de que las mujeres son maltratadas y eso ha incrementado el registro de denuncias, pero ellos mismos tendrán que considerar que no hay evidencias de que los talleres hayan funcionado en el freno de las agresiones.
Las sociedades tienden al conservadurismo en tanto consideran que los radicalismos las ponen en riesgo. Cuando una sociedad siente amenazadas las prácticas que considera normales, viene siempre una reacción excesiva que, actualmente castiga como mínimo convirtiendo cualquier movilización de riesgo en uno o varios memes. Esto lo saben las mujeres que se manifiestan en contra de la violencia pero corren el riesgo de la difamación (en sentido extenso), con el fin de adquirir visibilidad, de colocar su tema como una privilegiado en la agenda de gobierno (debiera serlo porque se trata de un asunto de seguridad elemental). En todo caso el problema con la estrategia es que, en su afán conservador, la sociedad censura las manifestaciones que considera fuera de su norma y el sentido elemental de la movilización se pierde. Las mujeres viven actualmente (y desde hace mucho), en una situación de alto riesgo para su desarrollo, su libertad, su búsqueda de la felicidad, y las reformas legales para garantizar la equidad entre los sexos, al no ir acompañadas de un cambio cultural profundo que reconozca esa equidad, han llevado a mantener y hasta extender esa situación de riesgo. Por ejemplo, la ley promueve la participación política de las mujeres, pero culturalmente violentamos y censuramos a quienes osan practicarla. Urge una transformación profunda, y empieza en cada individuo.
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