/ miércoles 12 de diciembre de 2018

De poder a poder

Tengo muy presente esta expresión, utilizada en las transmisiones, sobre todo de eventos deportivos, donde los cronistas la aplican lo mismo a encuentros entre equipos de futbol americano, que a peleas de box, lucha o ahora, en la final del balompié nacional, entre América y Cruz Azul. Denota una característica de igualdad de condiciones, sin ventaja clara para alguno, con fortalezas por ambos lados, lo que representa un choque atractivo para el espectador y más cuando lo que está en juego es una final, un campeonato o la hegemonía de uno sobre el otro.

Pues algo así, pero sumamente grave está ocurriendo en nuestro país. La polarización de la que tanto hemos hablado en este espacio, ha alcanzado a las más altas instituciones de la nación. Hoy, iniciado el régimen Lópezobradorista, somos testigos de como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) van contra el gobierno (los poderes ejecutivo y legislativo) y esto se manifiesta en hechos inéditos, como que jueces y magistrados se manifiesten en 25 estados, acusando un plan de intromisión indebida.

Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, leyó el posicionamiento sobre el origen del conflicto: la Ley Federal de Remuneraciones que regula el artículo 127 constitucional que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Sobre el debate, Vega Ramírez señaló que “la independencia no es un manto de impunidad, y se ha querido posicionar un falso discurso de que los juzgadores federales son privilegiados y que viven del abuso del erario público”.

Y abundó: “Para ello se han señalado cantidades excesivas, que percibimos más de 600 mil pesos mensuales, (irreal) para centralizar un mero asunto de salarios, para desviar la atención de que se quiere socavar la independencia de los juzgadores, debilitar el principio de división de poderes, debido a los riesgos y amenazas derivadas de diversas leyes e iniciativas de ley (no sólo la de remuneraciones) que podrían minar nuestra autonomía institucional y personal, pues pretenden cambiar las reglas de frenos y contrapesos entre los poderes públicos en nuestro país”. Durísimo.

Esta inédita pugna entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo se da en Morelos, con Juan Salazar Núñez, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, quien confirmó que cuenta con una suspensión para evitar su remoción, que denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al diputado local José Casas González y que avanzan las indagatorias contra exfuncionarios graquistas, Este último es el tema toral sobre su desempeño, por presuntamente ser un “fiscal carnal” (a modo) para proteger al ex gobernador y otros funcionarios de la anterior administración.

Por su parte, tanto Pepe Casas (diputado del PT y presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado) como Tania Valentina Rodríguez van por la destitución de los Fiscales Salazar Núñez y Uriel Carmona, por ser no solo compromiso de campaña, sino por ser, dicen, un asunto de legalidad e imparcialidad en la procuración de justicia. En contra parte (como revancha, estrategia para presionar o a favor de la “legalidad”) los diputados de Morena amagan con pedir que Tania salga de la Presidencia de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado.

Mientras estos choques de trenes se desarrollan, se anuncia un duro golpe al poder…adquisitivo de los morelenses, con un nuevo proceso de reemplacamiento a partir de febrero del 2019, justificado este, a decir del Secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado, como un “asunto de seguridad” por los mecanismos de identificación de las placas de 700 mil vehículos obligados al trámite, con un costo de 800 pesos. No creo que la Virgen de Guadalupe que hoy celebramos nos libre de esto.

Hablando de inseguridad, esta sigue imparable (cuenten nomás los muertos por levantones en bares de Cuernavaca) por más que el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Armando Gómez Mendoza, comandante de la XXIV Zona Militar asegure que no hay un incremento de la violencia en Morelos y justifique que, sobre los constantes asesinatos, “las víctimas eran delincuentes”. Ese discurso de doble victimización no es nuevo, ni sirve para prevenir el delito, ni castigar a los culpables. Lo que es no poder con el flagelo de la violencia. Bueno, hasta 25 perros fueron muertos en Ahuatepec y no hay justicia ni para ellos ni para ciudadanos comunes.

Y si se trata de poder, dos perlas: una, la inclusión en el gobierno federal de dos personajes morelenses, Manuel Martínez Garrigós, ex alcalde de Cuernavaca y ahora, titular de la Dirección General de Quejas y Conciliación en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Manuelito dejó atrapado en el Distribuidor Vial Buena Vista el monumento a Zapata que ya fue reubicado, y José Luis “Choche” Gómez Borbolla, ex priista, ex dirigente del PES y excandidato a la alcaldía de la capital y ahora, por gracia de AMLO y Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, Director General para el Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo ven?

Por ello, vigente más que nunca la frase de John F. Kennedy: “Aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomo de un tigre, acabaron dentro de él”.

Hasta la próxima entrega, donde podrán seguir leyendo lo que hay en mi mente.


Comentarios: cfelix7@hotmail.com

Twitter: @CarlosFelix1

Tengo muy presente esta expresión, utilizada en las transmisiones, sobre todo de eventos deportivos, donde los cronistas la aplican lo mismo a encuentros entre equipos de futbol americano, que a peleas de box, lucha o ahora, en la final del balompié nacional, entre América y Cruz Azul. Denota una característica de igualdad de condiciones, sin ventaja clara para alguno, con fortalezas por ambos lados, lo que representa un choque atractivo para el espectador y más cuando lo que está en juego es una final, un campeonato o la hegemonía de uno sobre el otro.

Pues algo así, pero sumamente grave está ocurriendo en nuestro país. La polarización de la que tanto hemos hablado en este espacio, ha alcanzado a las más altas instituciones de la nación. Hoy, iniciado el régimen Lópezobradorista, somos testigos de como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) van contra el gobierno (los poderes ejecutivo y legislativo) y esto se manifiesta en hechos inéditos, como que jueces y magistrados se manifiesten en 25 estados, acusando un plan de intromisión indebida.

Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, leyó el posicionamiento sobre el origen del conflicto: la Ley Federal de Remuneraciones que regula el artículo 127 constitucional que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Sobre el debate, Vega Ramírez señaló que “la independencia no es un manto de impunidad, y se ha querido posicionar un falso discurso de que los juzgadores federales son privilegiados y que viven del abuso del erario público”.

Y abundó: “Para ello se han señalado cantidades excesivas, que percibimos más de 600 mil pesos mensuales, (irreal) para centralizar un mero asunto de salarios, para desviar la atención de que se quiere socavar la independencia de los juzgadores, debilitar el principio de división de poderes, debido a los riesgos y amenazas derivadas de diversas leyes e iniciativas de ley (no sólo la de remuneraciones) que podrían minar nuestra autonomía institucional y personal, pues pretenden cambiar las reglas de frenos y contrapesos entre los poderes públicos en nuestro país”. Durísimo.

Esta inédita pugna entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo se da en Morelos, con Juan Salazar Núñez, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, quien confirmó que cuenta con una suspensión para evitar su remoción, que denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al diputado local José Casas González y que avanzan las indagatorias contra exfuncionarios graquistas, Este último es el tema toral sobre su desempeño, por presuntamente ser un “fiscal carnal” (a modo) para proteger al ex gobernador y otros funcionarios de la anterior administración.

Por su parte, tanto Pepe Casas (diputado del PT y presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado) como Tania Valentina Rodríguez van por la destitución de los Fiscales Salazar Núñez y Uriel Carmona, por ser no solo compromiso de campaña, sino por ser, dicen, un asunto de legalidad e imparcialidad en la procuración de justicia. En contra parte (como revancha, estrategia para presionar o a favor de la “legalidad”) los diputados de Morena amagan con pedir que Tania salga de la Presidencia de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado.

Mientras estos choques de trenes se desarrollan, se anuncia un duro golpe al poder…adquisitivo de los morelenses, con un nuevo proceso de reemplacamiento a partir de febrero del 2019, justificado este, a decir del Secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado, como un “asunto de seguridad” por los mecanismos de identificación de las placas de 700 mil vehículos obligados al trámite, con un costo de 800 pesos. No creo que la Virgen de Guadalupe que hoy celebramos nos libre de esto.

Hablando de inseguridad, esta sigue imparable (cuenten nomás los muertos por levantones en bares de Cuernavaca) por más que el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Armando Gómez Mendoza, comandante de la XXIV Zona Militar asegure que no hay un incremento de la violencia en Morelos y justifique que, sobre los constantes asesinatos, “las víctimas eran delincuentes”. Ese discurso de doble victimización no es nuevo, ni sirve para prevenir el delito, ni castigar a los culpables. Lo que es no poder con el flagelo de la violencia. Bueno, hasta 25 perros fueron muertos en Ahuatepec y no hay justicia ni para ellos ni para ciudadanos comunes.

Y si se trata de poder, dos perlas: una, la inclusión en el gobierno federal de dos personajes morelenses, Manuel Martínez Garrigós, ex alcalde de Cuernavaca y ahora, titular de la Dirección General de Quejas y Conciliación en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Manuelito dejó atrapado en el Distribuidor Vial Buena Vista el monumento a Zapata que ya fue reubicado, y José Luis “Choche” Gómez Borbolla, ex priista, ex dirigente del PES y excandidato a la alcaldía de la capital y ahora, por gracia de AMLO y Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, Director General para el Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo ven?

Por ello, vigente más que nunca la frase de John F. Kennedy: “Aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomo de un tigre, acabaron dentro de él”.

Hasta la próxima entrega, donde podrán seguir leyendo lo que hay en mi mente.


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