Si de las 37 denuncias contra funcionarios de la administración anterior prosperara una que involucrara al ex gobernador, Graco Ramírez; Cuauhtémoc Blanco Bravo se anotaría el mayor éxito de este año en el imaginario popular que, aunque urgido de obra pública y mejora de servicios, clama también por reivindicaciones frente a un poder que, por lo menos puede ser criticado de soberbio y lejano de la gente.
El problema es que el asunto no depende de Cuauhtémoc Blanco, sino de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Juan Salazar, quien fue parte del gabinete de Graco Ramírez, y nombrado por el mismo ex gobernador en el cargo que hoy mantiene a pesar de los esfuerzos de los legisladores y el propio gobierno estatal para deponerlo. Conociendo a Cuauhtémoc Blanco, sabemos que si de él dependiera, encabezaría por sí mismo la investigación, juzgaría él y castigaría a su antecesor; lo que en estricta técnica jurídica sería una aberración, pero sirve para ilustrar el ímpetu del ex futbolista hoy gobernador de Morelos para que no haya impunidad.
Por lo pronto, tendría que reconocerse, el ex gobernador Graco Ramírez está siendo castigado en el primer espacio en el que habría cometido agravios: el imaginario popular, que no le perdona muchas actitudes que podrían o no ser constitutivas de delito, pero que se consideraron siempre excesos de quien gobernó a Morelos del 2012 al 2018.
Por cierto que quienes consideran que Cuauhtémoc Blanco habría perdido popularidad probablemente tendrían que revisar las encuestas que ubican a poco más del 50 por ciento de morelenses respaldando al gobernador. El dato es interesante, porque representa poco más o menos la misma proporción que lo hizo ganar en las elecciones de julio pasado y que demostraron que no tenía rival enfrente. Es decir, en sus primeros cien días, Cuauhtémoc Blanco no ha tenido ese desgaste del poder que podría advertirse en otras figuras públicas como diputados y hasta alcaldes (injusto en el caso de los ediles porque llevan apenas 17 días en sus encargos).
No será Cuauhtémoc, sino su gabinete, particularmente Samuel Sotelo Salgado, consejero jurídico, quien deba dar seguimiento desde el Ejecutivo a la acción jurídica contra los ex funcionarios; aunque el mismo funcionario sabe que está limitado en tanto la Fiscalía Anticorrupción es legalmente autónoma y no corresponde al Ejecutivo incidir en sus determinaciones, aunque sería deseable que el fiscal Juan Salazar saliera a decir, por lo menos, que ya va atendiendo cada una de las 37 denuncias, que ya se integraron las carpetas, o la fecha en que se judicializarían.
Por si alguien lo hubiera olvidado, las denuncias interpuestas contra funcionarios de la administración anterior han sido en las áreas de obras públicas (cuya ex titular, Patricia Izquierdo ha tramitado ya un amparo), desarrollo social, educación, instituto de crédito, seguridad pública y desarrollo agropecuario; y abarcan un cúmulo de irregularidades que, de no ser aclaradas, por sí mismas constituirían un espanto. Desde uniformes escolares hasta obras irregulares, el cálculo de los dineros manejados de forma dudosa en la anterior administración es superior a los mil 600 millones de pesos que, por lo menos debieran ser aclarados y probablemente las denuncias y la investigación de la Fiscalía sirvan por lo menos para ello, clarificar lo que ocurrió en el sexenio anterior y castigar a quienes hayan cometido actos de corrupción.
Y a lo mejor medio útil sólo en términos de curiosidad científica sería medir la variación en la popularidad de Cuauhtémoc Blanco a medida que avanzan y se resuelven las denuncias. Seguro alguien lo hará para ver si se sigue su ejemplo.
Twitter: @martinellito
Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx
