Reconocer la identidad de género es reconocer la individualidad, respetarla y colocarla como uno de los derechos fundamentales de las personas. Llevarla al plano legal es un paso para el tránsito a ciudadanías inclusivas, aunque no significa el final del camino.
El género ha sido, histórica y tradicionalmente, un poderoso principio de diferenciación social, pero también un generador de desigualdad y discriminación. El concepto hace referencia a normas comportamentales relacionadas con lo masculino y lo femenino. Estacionarse en ese punto es reducirlo al sexo con el que nació una persona y su orientación sexual, que ha desarrollado y normalizado, a su vez, expresiones de machismo y exclusión.
Símbolo de las sociedades postindustriales es poner en el centro del interés y de la atención preocupaciones ciudadanas como la inclusión o una agenda de género encaminada a erradicar las violencias y la discriminación.
En septiembre pasado, y luego de que estuviera pendiente desde 2014, el Congreso de Morelos aprobó la reforma al cambio de identidad de género. En esos siete años, pasaron dos legislaturas, integradas por diversas posturas ideológicas que con su inacción hacia el tema reflejaron discriminación hacia los grupos vulnerables.
La semana pasada, las direcciones generales del Registro Civil y Diversidad Sexual, dependientes de la Secretaría de Gobierno que encabeza Pablo Ojeda, entregaron once actas de nacimiento a mujeres trans y un hombre trans, en Cuernavaca, Xochitepec y Zacatepec, que fueron las primeras personas en tramitarlas luego de las reformas al Código Familiar que facilitan el cambio de identidad de género e incluyen a adolescentes trans.
Este reconocimiento en el acta de nacimiento, promovido desde el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, además de representar la voluntad de la persona a definir su género, es una llave de acceso a otros derechos, como los servicios de salud, seguridad social, educación o trabajo.
En México son ya 17 estados los que facilitan este trámite a los mayores de 18 años, pero solo en Morelos, Jalisco, Oaxaca y Ciudad de México pueden realizarlo los menores de edad. En la capital nacional, impulsada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, abrió hace unos meses una clínica para la comunidad trans, como una forma de defender y ampliar sus derechos.
Instrumentos legales para el reconocimiento de las identidades son fundamentales, tanto como la deconstrucción de estructuras machistas que normalizan violencia y discriminación. Los reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, recibidos este año a través de la Línea y Chat Nacional Diversidad Segura (800 000 5428), indican que el rechazo proviene, incluso, de la familia.
El camino hacia una sociedad inclusiva ya está dado, el tránsito es labor de todas y todos.
