Día con día, las y los morelenses vivimos la tragedia de la fallida estrategia en materia de seguridad en nuestro estado. Lamentablemente, hoy existen miles de personas en búsqueda de seres queridos desaparecidos, mientras que las autoridades no logran brindar avances sobre su paradero.
Sobre ello, podemos señalar que en los últimos 10 años han sido localizadas al menos 40 fosas clandestinas en nuestro estado y se han exhumado 114 cuerpos, en su mayoría de hombres. De este número, se logró documentar que cuatro de las víctimas eran mujeres y cinco niños. A esto se suman 5 fosas comunes de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, de donde se han exhumado 119 cuerpos de panteones irregulares de Tetelcingo y 64 de Jojutla.
Asimismo, la Fiscalía General de Morelos inhumó en la fosa común, en los últimos diez años, más de 203 cadáveres y, actualmente, se encuentran en los centros de servicios médicos forenses más de 400 cuerpos de personas no identificadas, lo que hace suponer que son más de 600 cuerpos no identificados.
El análisis de esta problemática se puede hacer a partir de dos principales vías: la falta de transparencia y resultados que ha tenido la Fiscalía General del Estado de Morelos, en su atención a las denuncias de desaparición forzada de personas, y el obsoleto marco normativo local en la materia. Es decir, existen problemas administrativos y legislativos pendientes por resolver.
Resulta inquietante el hecho de que el marco jurídico penal no este actualizado para responder a una tragedia a gran escala, que exige —desde las instituciones del estado de Morelos— una respuesta integral y satisfactoria para atender y esclarecer los cientos de casos de todas las personas desaparecidas, para los cuales no basta la identificación y sanción de los responsables. El derecho a la verdad y la debida atención a las víctimas requieren, de manera prioritaria, la localización de quienes fueron desaparecidos. Se debe conocer su paradero.
Desde el Senado de la República, presenté un Punto de Acuerdo para abonar a la solución de esta problemática, el cual consta de tres puntos: en primer lugar, solicito a la Fiscalía General del Estado de Morelos que todas las denuncias de desaparición forzada de personas que reciba den inicio a una carpeta de investigación, en la que se asegure la inmediatez de acciones de búsqueda, la investigación de los hechos y condiciones de la desaparición. Esto para deslindar responsabilidades y garantizar la cadena de custodia y el adecuado manejo de los restos encontrados y de las pertenencias.
Posteriormente, solicito a la misma institución que remita un informe detallado al Senado sobre los recursos humanos y materiales destinados a la prevención e investigación de casos de desapariciones de personas, debiendo informar sobre las medidas con las que cuentan para brindarle protección, atención y seguimiento a las familias de las personas desaparecidas.
Finalmente, tomando en consideración el rezago legislativo en la materia, se hace la solicitud al Congreso estatal para que actualice la legislación local en materia de desaparición forzada de personas, ello en homologación con las leyes federales y tratados internacionales a los que nuestro país está suscrito.
Esta problemática requiere de una atención inmediata, oportuna y certera. Se necesita de estrategia, compromiso y atención para poder dar respuesta a todas las personas que hoy se encuentran en la búsqueda de algún ser querido. Morelos exige justicia.
Senadora por Morelos
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