Puede verse, en el primer posicionamiento de la Comisión de Hacienda del Congreso local, una suerte de vendetta contra el gobierno del estado que, cuando fueron alcaldes algunos de los actuales diputados los trató como si fueran rebeldes adláteres, y no como autoridades municipales. En su discurso no faltó el reclamo por burlas, groserías y falta de diálogo con el Ejecutivo estatal y la anterior Legislatura que, diríase coloquialmente, los traían de encargo.
Pero desde una perspectiva mucho más positiva, tendrá que reconocerse que las experiencias vividas por los ex alcaldes, pueden contribuir a identificar las deficiencias en materia de prevención del delito en los municipios, derivadas mayormente de la falta de recursos para mantener módulos de vigilancia, alumbrado público, combate a los delitos menores y faltas administrativas que pueden escalar a conductas criminales, entre otras tareas que corresponde atender a los ayuntamientos.
El fortalecimiento de las finanzas municipales es obligado en un estado como Morelos, donde los problemas de seguridad pública, pero también las afectaciones por desastres naturales y la prevención de las mismas, los servicios públicos, el desarrollo y mantenimiento de infraestructura, corresponden básicamente a los ayuntamientos. Los ex alcaldes también tendrían que reconocer que por décadas el gasto municipal ha sido desordenado, privilegia la contratación de personal y los compromisos administrativos antes que la atención de las funciones que deben cumplir con la sociedad. Pero es mucho más fácil cumplir esas funciones con presupuestos suficientes en lugar de andar administrando las miserias.
El asunto es complejo, la idea de los legisladores de la comisión es devolverle a los municipios el 5 por ciento de las participaciones que les son retenidas por adherirse al modelo de mando policial coordinado, que no funciona como debería o es un total fracaso, según la óptica de diversos alcaldes. Ese monto representa alrededor de 500 millones de pesos, que serían redistribuidos a los ayuntamientos. La propuesta significa reformar la Ley de Coordinación Hacendaria, un pendiente señalado reiteradamente en diversos espacios, que no había encontrado la voluntad política para concretarse.
La propuesta deja más preguntas que respuestas, ¿desaparece el Mando Coordinado entonces? ¿pueden todos los municipios hacerse cargo de sus policías? ¿qué cambios se requerirán en la estrategia de seguridad para mejorar la protección para todos los habitantes del estado? ¿cómo operará la coordinación de los ayuntamientos con la policía estatal, la Guardia Nacional, la Fiscalía General y hasta el Poder Judicial? Y sobre todo ¿funcionará?
Porque es cierto que la estrategia de seguridad en Morelos es un fracaso, basta ver las cifras, mucho más contundentes que los pretextos para defenderla. Pero también lo es que Morelos no aguanta más experimentos en materia de seguridad pública. El gran pendiente de los gobiernos con la ciudadanía es la contención de la criminalidad y la garantía de protección para los inocentes. Tendría que diseñarse primero una nueva estrategia que muestre resultados reales e inmediatos. No debe tolerarse un salto al vacío.
Tw: @Martinez Daniel
Correo: DANIEL MARTINEZ dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx
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