La determinación la tomarán los electores pero, aún con las facilidades que ofrecen los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral, y que operarán tanto para las diputaciones locales como para las federales en disputa el 2021, se ve difícil que en el Congreso local vaya haber diputados que repitan en sus curules porque, francamente, los resultados de la LIV Legislatura morelense han sido bastante menos que modestos. La falta de acuerdos que ha provocado un rezago enorme en la productividad y las cuestiones administrativas del Poder, junto con medianos escándalos de corrupción, discrecionalidad y excesos de los legisladores en lo individual y los excesos en materia presupuestal que han continuado, dejaron un mal sabor de boca en gran parte de la ciudadanía que podría voltearles la espalda si no creen la excusa simple de cualquier diputado (o para el caso, cualquier miembro de un colegiado): “yo no fui, fueron mis compañeros, yo nunca estuve de acuerdo”.
La gente los conoce, sabrá a quienes les vuelve a confiar su representación que fue omisa en legislar o influir para solucionar los gravísimos problemas que padece Morelos desde hace tiempo y los particulares del período. Los diputados fueron incapaces de enfrentar los problemas de seguridad pública, de endeudamiento municipal, de falta de inversiones para generar empleos; y no sólo eso, fueron insuficientes para diseñar un programa serio de apoyo a la salud pública y a la economía que permitiera enfrentar la pandemia de Covid-19, que aún no termina pero cuyos estragos superan los 10 mil contagios, la letalidad de hasta 21%, la pérdida de 8 mil empleos formales y muchos miles más de informales, son también responsabilidad de los legisladores que, salvo algunos llamados al Ejecutivo fueron incapaces de conseguir la reorientación de recursos públicos, el fortalecimiento de los programas de apoyo a los micronegocios, la obligatoriedad real y operante de las medidas sanitarias -incluido, pero no sólo el uso de cubrebocas-, entre otras.
En otras circunstancias, los legisladores la tendrían sencilla: no se les obligará a separarse del cargo (lo que obligará a una mucha más estrecha fiscalización por parte del INE de todas las candidaturas); pueden ser postulados por partidos diferentes a los que los postularon -incluidos los de nueva creación-, siempre que se hayan separado del partido que los llevó al Congreso antes de la mitad de su periodo; los aspirantes a reelegirse que hayan sido postulados originalmente por un partido político, sin haber sido militantes de éste o, en su caso, de alguno de los partidos políticos coaligados, deberán ser postulados por el mismo partido o, en su caso, por alguno de los integrantes de la coalición; podrán optar por la reelección por el principio de mayoría relativa o por el principio de representación proporcional, sin importar la vía por la que llegaron al Congreso; y deberán hacerlo por el mismo distrito y/o la misma circunscripción por el cual fueron elegidos en el proceso electoral anterior.
El problema es que, aún con esas facilidades, los legisladores carecen de motivos propios para ser optimistas, los niveles de aprobación del congreso local son tan bajos como los del gobierno estatal o los ayuntamientos; acaso la única cuestión que representa alguna esperanza es que no parece aún haber opciones realmente atractivas en otros partidos políticos.Pero la ruptura de coaliciones electorales o su transformación en mucho más limitadas candidaturas comunes, dejará a muchos diputados sin el, fondo estructural que los llevó al Congreso en el 2018.
@martinellito
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