Aunque efectivamente el ciudadano usa el voto para castigar al gobernante apartado de los compromisos contraídos, se encuentra con dos dificultades: la ausencia de información para evaluar, y que el voto se hace en retrospectiva, no pensando en el futuro a construir.
Otras dificultades tienen que ver con la ausencia de mecanismos más claros para medir el desempeño de los gobiernos de coalición, o el hecho de que un gobernante no tenga el control de su Congreso y que éste se halle en manos de la oposición.
Por tanto, las elecciones no son el único medio para evaluar a los representantes, a los gobiernos, sobre todo si la sociedad echa mano de la evaluación del desempeño de instituciones democráticas que tienen su propio peso específico, cuya misión es alcanzar el equilibrio y la revisión mutua del desempeño. Esto aplica en los cargos y poderes sujetos a elección, pero no en el Judicial.
La crisis de representación y la de las democracias mismas, que arrastramos ya durante décadas, sigue siendo vista con pesimismo, particularmente porque las élites políticas determinan tanto el andamiaje institucional como el legal, siempre partiendo de su propio beneficio.
Seguimos enfrentados con la necesidad de conocer lo que hace el gobierno –la transparencia- y seguimos topándonos con el muro del oscurantismo de los que nuestros supuestos representantes –tanto en el gobierno como en los congresos- dicen hacer en nuestro beneficio.
Uno de los más terribles males a los que nos enfrentamos, tanto en el caso de la representación como en el de la democracia, es la imposibilidad de evitar que las élites políticas induzcan tanto el resultado de las elecciones como de las políticas gubernamentales tomando decisiones de grupo bajo la argumentación de que ese es el beneficio de las mayorías.
Ese determinismo político ha sido trasladado incluso al terreno de lo electoral: de las elecciones competitivas y diferenciadas en la oferta tanto legislativa como de gobierno, pasamos a la misma agenda –con sus matices- de los distintos partidos políticos, como de sus candidatos. Bajo este esquema, la sociedad carece de opciones para elegir una verdadera representación y los mecanismos, leyes e instituciones que garanticen que se vive en una democracia.
Y ese contexto de dificultades asoma claramente en torno a las dos coaliciones que, entre otros cargos disputarán el control del congreso: a) La del aparato público con el presidente al frente, combatiendo la constitución y al árbitro por colocar reglas a favor de una competencia en igualdad ante la ley y, b) la coalición opositora con muchos impresentables y problemas internos que, no obstante, deben resolverse con una elección a favor de las oposiciones, para restaurar el sistemas de roles, pesos y contrapesos en el congreso y en nuestra vida pública.
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