Un enorme aporte de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto fue el colocar al usuario como centro del sistema educativo nacional. La propuesta que nunca acabó de aterrizarse realmente era homologar a la educación pública con cualquier otra institución dedicada a dar servicios y por ello orientó todos los cambios sobre los derechos del usuario, que hasta ahora no han sido controvertidos ni rebatidos por nadie: los niños, los adolescentes, todos los usuarios, tienen derecho a recibir un servicio educativo de calidad.
Pese a las muchas quejas en torno a la aplicación de la reforma educativa, hasta ahora nadie se ha atrevido a negar en los dichos, sería criminal siquiera proponerlo, el derecho de los estudiantes como condición para la operación de las escuelas. Pero una cosa es lo que se dice o se evita decir, y otra lo que se hace. Entre los efectos de la llamada contrarreforma educativa (otra de las modificaciones jurídico-laborales del sistema educativo nacional), está la cancelación de los procesos de renovación de personal docente que estaban en marcha para este año, que han sido suplidos por una serie de lineamientos para un concurso que podría limitar el acceso de los mejores candidatos a obtener plazas docentes, en beneficio de un factor de credencialización que tiene que ver con el origen del sujeto y no con la calidad de sus conocimientos.
En los lineamientos difundidos por el Servicio Profesional Docente desaparece la evaluación estandarizada, cuyo prestigio era indudable y resultaba uno de los mayores medios de confianza en la transparencia del proceso de asignación de plazas; y se cambia por un ensayo y la acreditación de un cursillo. Probablemente la autoridad educativa no cotejó que el grueso de los aspirantes y de los maestros en servicio carecerían de las habilidades suficientes para redactar un ensayo (como demuestran los resultados de la aplicación de exámenes estandarizados a maestros y a estudiantes); pero de inicio el establecer un ensayo (cuya valoración puede ser bastante relativa), y añadir mecanismos preferenciales para egresados de normales e instituciones formadoras de maestros, junto a la acreditación del cursillo, parece una forma de permitir a la autoridad el manejo discrecional de las plazas disponibles.
Hasta 2008, en que se empezó a fortalecer el mecanismo de concurso para asignación de plazas a través de una autoridad externa (el INEE ahora en liquidación), el sector educativo podía presumir de pocas cosas; la contratación de docentes bajo criterios de calidad –que poco a poco se fue perfeccionando- fue uno de los grandes semi aciertos de la política educativa en el estado. Semi acierto en tanto pronto algunos grupos en la autoridad educativa y en el sindicato pudieron ver la forma de torcer un poco la norma de asignación al obviar el examen y hacer designaciones directas de “interinos”. Es decir, la corrupción que aún podía detectarse en la asignación de plazas del magisterio no provenía del examen de ingreso al servicio (que a final de cuentas pudo reducir la venta de plazas y la discrecionalidad que la permitía), sino del mecanismo que permitió que las autoridades utilizaran criterios diversos al de la evaluación para asignar los espacios de trabajo: algo que los nuevos lineamientos no sólo permiten, sino fomentan.
Se dirá que los concursos de asignación serán abiertos, que podrán observarlos incluso los medios de comunicación, pero no es suficiente; constatar un proceso realizado bajo normas que permiten la discrecionalidad y la corrupción, no limpia el procedimiento, no lo vuelve honesto, lo más que logra es que la sociedad constate que se hizo de acuerdo con las normas promovidas. En todo caso, el esfuerzo debiera estar orientado a poner a los mejores maestros en las aulas para garantizar el mejor servicio. Ninguno de los lineamientos trazados por el SPD está orientado a ello, son simplemente concesiones administrativas.
