/ jueves 16 de diciembre de 2021

El agua, fuente primordial para la soberanía alimentaria

El agua es, sin duda, un elemento vital para la vida del ser humano. Sin agua, no podría haber producción de alimentos, y sin éstos, la vida simplemente no sería posible. El agua es un bien común, un bien público, es un derecho humano de todos.

El capitalismo, con su visión de dominio sobre la naturaleza y su apuesta por el uso infinito de los recursos naturales, principalmente del agua, ha provocado una grave presión sobre este recurso, por lo que actualmente vivimos una crisis a nivel local, nacional y mundial.

Esta crisis del agua se manifiesta en la escasez y pérdida de su calidad y demuestra que estamos viviendo un estrés hídrico, es decir, el planeta se está quedando sin agua dulce.

El Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo titulado “Más allá de la escasez: energía, pobreza y la crisis mundial del agua” señala que millones de personas viven privadas del derecho al agua potable y otros tantos carecen de acceso a un saneamiento adecuado.

El agua es mal utilizada y desperdiciada por todos los sectores, en todos lados. Esto significa que 1 de cada 7 personas en el planeta no tiene agua potable. El informe también afirma que: "cada año alrededor de 1,8 millones de niños mueren como consecuencia directa de la diarrea y otras enfermedades causadas por el agua sucia y las malas condiciones de saneamiento".

Sumado a este problema, el cambio climático está intensificando períodos de sequía e inundaciones, que afectan el suministro de agua y se convierten en un obstáculo para la producción de alimentos. Tan sólo en México, ante el aumento de las temperaturas, enfrentaremos reducciones en la disponibilidad de agua.

En cuanto al acceso al agua potable en nuestro país, el área rural es donde existe la mayor precariedad, en promedio a nivel nacional, 74 de cada 100 hogares tienen acceso a agua potable entubada; es decir, en áreas urbanas 84 hogares de cada 100, mientras que en el área rural 53 de cada 100. Ante este escenario, las mujeres pobres son las que tienen menor acceso al abastecimiento y manejo del agua, esto implica una mayor cantidad de tiempo para poder abastecerse de agua, dedicando más horas para conseguirla. Además, la mala calidad del agua provoca enfermedades en los familiares y las mujeres son las que más tiempo dedican a la atención de los enfermos.

Como sabemos, el agua se destina al consumo directo y también a la producción de alimentos. Entonces, la pérdida de agua dulce afecta directamente a la agricultura y la producción de alimentos, además de provocar la pérdida de fertilidad del suelo. A nivel mundial, la agricultura intensiva consume el 70% del agua, mientras que la industria y la minería consumen el 12% y, para consumo directo, solo se destina el 4%. Sin embargo, la mayoría de las pequeñas explotaciones familiares no cuentan, en muchos casos, con agua para regar sus huertos familiares, para abastecerse y cultivar alimentos, por lo que dependen de la captación de agua de lluvia. Mientras que la gran agroindustria, agricultura de uso intensivo del agua, mediante el sistema de riego, desperdicia grandes cantidades de agua.

Otro factor agravante es que no existe vigilancia ni protección del recurso por parte de los gobiernos.

Ante la situación descrita anteriormente y en respuesta a la agricultura agroindustrial convencional, que ha sido una de las principales causas de la actual crisis del agua, la propuesta de soberanía alimentaria se debe enfocar a proteger y preservar el recurso hídrico vital, a través de diferentes tipos de prácticas, como: Gestión agroecológica del agua. En lugar de utilizar pesticidas y agroquímicos para producir alimentos, producir fertilizantes y compuestos (fertilizantes, repelentes e insecticidas), o materia orgánica, además de promover y cultivar diferentes variedades de semillas nativas, esto permitiría que el agua, el aire y los suelos no se contaminen.

Uso de riego por micro-goteo para utilizar el agua de forma racional y evitar el desperdicio. Sistemas de almacenamiento de agua de lluvia para reducir la vulnerabilidad causada por sequías e inundaciones. Autogestión comunitaria del agua por parte de los agricultores y no por empresas privadas.

El agua se considera un bien común y no una mercancía. Necesitamos que el agua sea plenamente reconocida como un derecho humano, para lo cual como lo ha expresado el Diputado Rubén Muñoz Álvarez, Presidente de la Comisión de Recursos hidráulicos de la Cámara de Diputados, se deben generar las leyes secundarias y adecuar todo el marco normativo relativo a su uso y explotación.

En diversos foros ha afirmado el Diputado Muñoz, considerar el agua como un bien público, es decir, garantizar la no privatización del recurso, además de promover la participación comunitaria en la gestión integral del agua, y la protección necesaria, así como el uso y valorización de los recursos hídricos y las cuencas y micro cuencas en el país.

Su propuesta seguramente habrá de contemplar una Política Nacional de Aguas, que permita: Asegurar que el agua sea un bien público y no una mercancía; participación ciudadana en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); prevenir y reducir las inundaciones; políticas públicas para evitar y restituir los daños por contaminación del agua; y, educación para el uso y manejo del agua.

Con políticas públicas enfocadas a rediseñar la gestión pública y privada y las formas de relacionarnos con el recurso hídrico, focalizadas hacia la Soberanía Alimentaria, permitiría avanzar en el apoyo a la pequeña producción familiar; el fortalecimiento de la producción nacional de alimentos; la promoción de prácticas agroecológicas; acceso equitativo a la tierra, el agua y el rescate de semillas nativas; entre otros.

Esto permitiría tener un marco legal, donde las prácticas que contaminan el agua, el aire y el suelo, con el uso de plaguicidas y demás agroquímicos, promovidos por la agricultura convencional, heredada de una revolución verde, ya no estarían permitidas.

Avanzar hacia una forma agroecológica de producir alimentos contribuiría a la protección del agua, ya que reduciría el uso intensivo de agua en la agricultura, y también significaría restaurar la calidad de suelos, árboles y ríos.

Además, la creación de un marco reglamentario y de un marco de leyes secundarias en materia de Aguas, contribuiría al logro de la soberanía alimentaria. Cabe recordar que la soberanía alimentaria coloca al campesinado en el centro del sistema mismo y ya no a las empresas agroindustriales. Con estas políticas públicas se permitiría a los pequeños agricultores tener acceso, control y autogestión del agua para producir sus alimentos y así poder avanzar hacia la soberanía alimentaria. Después de todo, el agua y la comida son derechos humanos.


El agua es, sin duda, un elemento vital para la vida del ser humano. Sin agua, no podría haber producción de alimentos, y sin éstos, la vida simplemente no sería posible. El agua es un bien común, un bien público, es un derecho humano de todos.

El capitalismo, con su visión de dominio sobre la naturaleza y su apuesta por el uso infinito de los recursos naturales, principalmente del agua, ha provocado una grave presión sobre este recurso, por lo que actualmente vivimos una crisis a nivel local, nacional y mundial.

Esta crisis del agua se manifiesta en la escasez y pérdida de su calidad y demuestra que estamos viviendo un estrés hídrico, es decir, el planeta se está quedando sin agua dulce.

El Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo titulado “Más allá de la escasez: energía, pobreza y la crisis mundial del agua” señala que millones de personas viven privadas del derecho al agua potable y otros tantos carecen de acceso a un saneamiento adecuado.

El agua es mal utilizada y desperdiciada por todos los sectores, en todos lados. Esto significa que 1 de cada 7 personas en el planeta no tiene agua potable. El informe también afirma que: "cada año alrededor de 1,8 millones de niños mueren como consecuencia directa de la diarrea y otras enfermedades causadas por el agua sucia y las malas condiciones de saneamiento".

Sumado a este problema, el cambio climático está intensificando períodos de sequía e inundaciones, que afectan el suministro de agua y se convierten en un obstáculo para la producción de alimentos. Tan sólo en México, ante el aumento de las temperaturas, enfrentaremos reducciones en la disponibilidad de agua.

En cuanto al acceso al agua potable en nuestro país, el área rural es donde existe la mayor precariedad, en promedio a nivel nacional, 74 de cada 100 hogares tienen acceso a agua potable entubada; es decir, en áreas urbanas 84 hogares de cada 100, mientras que en el área rural 53 de cada 100. Ante este escenario, las mujeres pobres son las que tienen menor acceso al abastecimiento y manejo del agua, esto implica una mayor cantidad de tiempo para poder abastecerse de agua, dedicando más horas para conseguirla. Además, la mala calidad del agua provoca enfermedades en los familiares y las mujeres son las que más tiempo dedican a la atención de los enfermos.

Como sabemos, el agua se destina al consumo directo y también a la producción de alimentos. Entonces, la pérdida de agua dulce afecta directamente a la agricultura y la producción de alimentos, además de provocar la pérdida de fertilidad del suelo. A nivel mundial, la agricultura intensiva consume el 70% del agua, mientras que la industria y la minería consumen el 12% y, para consumo directo, solo se destina el 4%. Sin embargo, la mayoría de las pequeñas explotaciones familiares no cuentan, en muchos casos, con agua para regar sus huertos familiares, para abastecerse y cultivar alimentos, por lo que dependen de la captación de agua de lluvia. Mientras que la gran agroindustria, agricultura de uso intensivo del agua, mediante el sistema de riego, desperdicia grandes cantidades de agua.

Otro factor agravante es que no existe vigilancia ni protección del recurso por parte de los gobiernos.

Ante la situación descrita anteriormente y en respuesta a la agricultura agroindustrial convencional, que ha sido una de las principales causas de la actual crisis del agua, la propuesta de soberanía alimentaria se debe enfocar a proteger y preservar el recurso hídrico vital, a través de diferentes tipos de prácticas, como: Gestión agroecológica del agua. En lugar de utilizar pesticidas y agroquímicos para producir alimentos, producir fertilizantes y compuestos (fertilizantes, repelentes e insecticidas), o materia orgánica, además de promover y cultivar diferentes variedades de semillas nativas, esto permitiría que el agua, el aire y los suelos no se contaminen.

Uso de riego por micro-goteo para utilizar el agua de forma racional y evitar el desperdicio. Sistemas de almacenamiento de agua de lluvia para reducir la vulnerabilidad causada por sequías e inundaciones. Autogestión comunitaria del agua por parte de los agricultores y no por empresas privadas.

El agua se considera un bien común y no una mercancía. Necesitamos que el agua sea plenamente reconocida como un derecho humano, para lo cual como lo ha expresado el Diputado Rubén Muñoz Álvarez, Presidente de la Comisión de Recursos hidráulicos de la Cámara de Diputados, se deben generar las leyes secundarias y adecuar todo el marco normativo relativo a su uso y explotación.

En diversos foros ha afirmado el Diputado Muñoz, considerar el agua como un bien público, es decir, garantizar la no privatización del recurso, además de promover la participación comunitaria en la gestión integral del agua, y la protección necesaria, así como el uso y valorización de los recursos hídricos y las cuencas y micro cuencas en el país.

Su propuesta seguramente habrá de contemplar una Política Nacional de Aguas, que permita: Asegurar que el agua sea un bien público y no una mercancía; participación ciudadana en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); prevenir y reducir las inundaciones; políticas públicas para evitar y restituir los daños por contaminación del agua; y, educación para el uso y manejo del agua.

Con políticas públicas enfocadas a rediseñar la gestión pública y privada y las formas de relacionarnos con el recurso hídrico, focalizadas hacia la Soberanía Alimentaria, permitiría avanzar en el apoyo a la pequeña producción familiar; el fortalecimiento de la producción nacional de alimentos; la promoción de prácticas agroecológicas; acceso equitativo a la tierra, el agua y el rescate de semillas nativas; entre otros.

Esto permitiría tener un marco legal, donde las prácticas que contaminan el agua, el aire y el suelo, con el uso de plaguicidas y demás agroquímicos, promovidos por la agricultura convencional, heredada de una revolución verde, ya no estarían permitidas.

Avanzar hacia una forma agroecológica de producir alimentos contribuiría a la protección del agua, ya que reduciría el uso intensivo de agua en la agricultura, y también significaría restaurar la calidad de suelos, árboles y ríos.

Además, la creación de un marco reglamentario y de un marco de leyes secundarias en materia de Aguas, contribuiría al logro de la soberanía alimentaria. Cabe recordar que la soberanía alimentaria coloca al campesinado en el centro del sistema mismo y ya no a las empresas agroindustriales. Con estas políticas públicas se permitiría a los pequeños agricultores tener acceso, control y autogestión del agua para producir sus alimentos y así poder avanzar hacia la soberanía alimentaria. Después de todo, el agua y la comida son derechos humanos.