/ sábado 3 de agosto de 2019

El derecho humano al saneamiento

Aunque es un tema que se ha dejado de lado, el Derecho Humano al Saneamiento también se estableció en nuestra constitución desde el año 2012, cuando se modificó el artículo 4o, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para introducir el Derecho Humano al Agua.

La Constitución establece textualmente “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible… y el Estado garantizará este derecho”.

Dada la importancia y los retos que representa satisfacer el Derecho Humano al Agua, poco se hace referencia al otro derecho establecido a la par, el Derecho Humano al Saneamiento.

La provisión de servicios de saneamiento a nivel nacional también es una preocupación constante pero pasa a segundo plano cuando no se tiene satisfecha la necesidad de agua potable. Ninguna localidad acepta un sistema de Saneamiento si ni siquiera recibe agua para sus necesidades más básicas.

Sin embargo, el acceso al saneamiento, particularmente en zonas urbanas y rurales que no cuentan con redes de alcantarillado, es un motivo de preocupación que no debe ser desatendido.

Según datos del INEGI, cerca del 93% de la población en nuestro país tiene acceso a drenaje, pero es importante llamar la atención al hecho de que ese dato considera no solo a los que pueden descargar a una red municipal, sino también los que descargan a fosas sépticas y los que descargan a ríos, barrancas o grietas. De ahí que el dato no parece ser muy representativo.

Sin embargo, es cierto que el derecho humano al saneamiento no exige necesariamente soluciones colectivas (redes de drenaje forzosamente), en algunas poblaciones muy dispersas o con características del suelo muy difíciles es incosteable construir esas soluciones colectivas. Sin embargo, si debe existir la obligación de los gobiernos de prestar apoyo a soluciones individuales para satisfacer los requisitos pertinentes en materia de higiene, salud y medio ambiente.

En muchas localidades, el sistema de saneamiento es sumamente básico o inexistente, funciona mal o simplemente ha dejado de funcionar, y la consecuencia es qué hay cientos de descargas directas de aguas residuales no tratadas a los ríos, barrancas y canales, que en la mayoría de los casos son fuentes de abastecimiento para el uso agropecuario o incluso para el abastecimiento de agua potable de las comunidades ubicadas aguas abajo.

En todo el país hay ejemplos de costosas plantas de tratamiento de aguas residuales que no están en funcionamiento debido a la insuficiencia de fondos para operarlas, a la falta de mantenimiento o al colapso o insuficiencia de las redes de alcantarillado.

Mientras que el sector del saneamiento se benefició de inversiones excepcionalmente elevadas en gobiernos pasados hasta alcanzar niveles de orden de los 17,600 millones de pesos en 2012, ha recibido cada vez menos fondos desde entonces.

Aunque la mayoría de las autoridades estatales y municipales y la sociedad civil expresan preocupación por la posibilidad de que sigan empeorando los servicios o por la imposibilidad de ampliar o mantener la infraestructura de saneamiento esencial, lo cierto es que no es un tema prioritario para ninguna de las tres instancias de gobierno.

A lo largo y ancho del país se pueden observar una gran cantidad de descargas de aguas residuales no tratadas que fluyen río abajo, y que inevitablemente contaminan las fuentes de agua y representan graves riesgos para la salud de la población.

Recientemente, en Morelos, se han presentado denuncias penales contra algunos alcaldes que no atienden su obligación de dar tratamiento de las aguas residuales que se generan en su municipio.

Pero debo insistir en que la obligación es del Estado en su conjunto, descargar la responsabilidad en el eslabón más débil de la cadena de gobierno, sin respaldarlo con recursos y con el fortalecimiento de sus capacidades nos llevará por el mismo camino de siempre.

Es tiempo de transformar esas políticas públicas que no han dado resultados.

Por el bien de México #aguaparatodos

Aunque es un tema que se ha dejado de lado, el Derecho Humano al Saneamiento también se estableció en nuestra constitución desde el año 2012, cuando se modificó el artículo 4o, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para introducir el Derecho Humano al Agua.

La Constitución establece textualmente “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible… y el Estado garantizará este derecho”.

Dada la importancia y los retos que representa satisfacer el Derecho Humano al Agua, poco se hace referencia al otro derecho establecido a la par, el Derecho Humano al Saneamiento.

La provisión de servicios de saneamiento a nivel nacional también es una preocupación constante pero pasa a segundo plano cuando no se tiene satisfecha la necesidad de agua potable. Ninguna localidad acepta un sistema de Saneamiento si ni siquiera recibe agua para sus necesidades más básicas.

Sin embargo, el acceso al saneamiento, particularmente en zonas urbanas y rurales que no cuentan con redes de alcantarillado, es un motivo de preocupación que no debe ser desatendido.

Según datos del INEGI, cerca del 93% de la población en nuestro país tiene acceso a drenaje, pero es importante llamar la atención al hecho de que ese dato considera no solo a los que pueden descargar a una red municipal, sino también los que descargan a fosas sépticas y los que descargan a ríos, barrancas o grietas. De ahí que el dato no parece ser muy representativo.

Sin embargo, es cierto que el derecho humano al saneamiento no exige necesariamente soluciones colectivas (redes de drenaje forzosamente), en algunas poblaciones muy dispersas o con características del suelo muy difíciles es incosteable construir esas soluciones colectivas. Sin embargo, si debe existir la obligación de los gobiernos de prestar apoyo a soluciones individuales para satisfacer los requisitos pertinentes en materia de higiene, salud y medio ambiente.

En muchas localidades, el sistema de saneamiento es sumamente básico o inexistente, funciona mal o simplemente ha dejado de funcionar, y la consecuencia es qué hay cientos de descargas directas de aguas residuales no tratadas a los ríos, barrancas y canales, que en la mayoría de los casos son fuentes de abastecimiento para el uso agropecuario o incluso para el abastecimiento de agua potable de las comunidades ubicadas aguas abajo.

En todo el país hay ejemplos de costosas plantas de tratamiento de aguas residuales que no están en funcionamiento debido a la insuficiencia de fondos para operarlas, a la falta de mantenimiento o al colapso o insuficiencia de las redes de alcantarillado.

Mientras que el sector del saneamiento se benefició de inversiones excepcionalmente elevadas en gobiernos pasados hasta alcanzar niveles de orden de los 17,600 millones de pesos en 2012, ha recibido cada vez menos fondos desde entonces.

Aunque la mayoría de las autoridades estatales y municipales y la sociedad civil expresan preocupación por la posibilidad de que sigan empeorando los servicios o por la imposibilidad de ampliar o mantener la infraestructura de saneamiento esencial, lo cierto es que no es un tema prioritario para ninguna de las tres instancias de gobierno.

A lo largo y ancho del país se pueden observar una gran cantidad de descargas de aguas residuales no tratadas que fluyen río abajo, y que inevitablemente contaminan las fuentes de agua y representan graves riesgos para la salud de la población.

Recientemente, en Morelos, se han presentado denuncias penales contra algunos alcaldes que no atienden su obligación de dar tratamiento de las aguas residuales que se generan en su municipio.

Pero debo insistir en que la obligación es del Estado en su conjunto, descargar la responsabilidad en el eslabón más débil de la cadena de gobierno, sin respaldarlo con recursos y con el fortalecimiento de sus capacidades nos llevará por el mismo camino de siempre.

Es tiempo de transformar esas políticas públicas que no han dado resultados.

Por el bien de México #aguaparatodos

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