Los legisladores locales negaron la ampliación presupuestal solicitada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En la misma sesión, tres legisladores presentaron iniciativas que, de ser aprobadas, cargarán el trabajo y el gasto que debería hacerse en la democracia morelense. Seguramente ellos no notarán lo que, de ser más elegante resultaría una paradoja, pero el pedir realizar más actividades a los órganos electorales que tienen problemas económicos incluso para cerrar el año, parece un contrasentido, o por lo menos la falta de comprensión de la información que los órganos electorales, Impepac y Tribunal Electoral del Estado de Morelos, han compartido con el Ejecutivo y el Legislativo.
Los diputados propusieron ayer las reformas constitucionales que llevarán a poder cumplir con la revocación de mandato en Morelos (aún no tenemos claro si podría aplicarse el año entrante), y crear la defensoría de oficio en materia electoral que atendería a grupos vulnerables que requieran de la defensa a sus derechos frente a la autoridad jurisdiccional (derechos que están vigentes no sólo en los procesos electorales, por lo que la oficina tendría que trabajar de forma permanente). Para ambas tareas, las autoridades comiciales, administrativa y jurisdiccional, requieren de recursos suficientes.
Ahora bien, en su solicitud de presupuesto para el 2022, el Impepac calculó sus gastos anuales en poco más de 182 millones 497 mil pesos; mientras que el Tribunal Electoral para el Estado de Morelos, requiere de poco más de 43 millones 588 mil pesos. El proyecto presupuestal que el Ejecutivo remitió al Congreso del Estado contempla, para el Impepac, poco más de 158 millones 637 mil pesos (casi 24 millones menos de lo solicitado); mientras que para el Tribunal Electoral se proyectan recursos por 33 millones 25 mil pesos; más de diez millones menos de lo proyectado. Ninguno de los proyectos incluía ampliar las funciones a la que están obligados los órganos electorales, es decir, ya iban a sufrir en materia financiera durante el 2022.
Y conste que no se critica el contenido de la iniciativa de Andrea Gordillo (la defensoría electoral), ni las de Arturo Pérez y Eliasib Polanco (ambas sobre la revocación de mandato). Al contrario, ambas pueden fortalecer la democracia en Morelos; el problema es “con qué ojos”, diría la abuela. Porque para ofrecer certeza jurídica, la revocación de mandato debería tener (y así se ha determinado en los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el efecto), las mismas características que una elección constitucional, lo que significa un mayor gasto en instalación de casillas, contratación de funcionarios electorales, capacitación de funcionarios de casilla, entre otras. Y en el caso de la defensoría de oficio electoral, sólo la contratación de personal representa ya un gasto enorme que incluiría personal jurídico especializado en la materia, que no es sencillo encontrar ni barato para pagar (y eso le consta a la diputada Gordillo que tuvo que enfrentar una sentencia que al final ganó). Mera sugerencia, el diseño de leyes debería contener las previsiones presupuestales para convertirlas en realidad.
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