/ jueves 21 de marzo de 2019

El embrollo anticorrupción

De las denuncias por corrupción en contra de funcionarios o representantes populares que la Fiscalía especializada ha recibido, casi una tercera parte ya fueron judicializadas, según presume en un comunicado oficial la dependencia que, obligada a dar resultados, está haciendo lo posible con lo que tiene (que aparentemente no es tanto).

Las denuncias han llevado a cateos y decomiso de bienes muebles, sin que se verifiquen aún detenciones, hasta donde se sabe, por lo menos, por el sigilo de las investigaciones. Dicen quienes están cerca de la dependencia que las denuncias judicializadas van particularmente sobre ex funcionarios de Desarrollo Sustentable, Desarrollo Agropecuario y Obras Públicas, pero también sobre ex diputados del Congreso del Estado. Es decir, la idea es que la justicia llegará eventualmente, o por lo menos hacer notar que no quedará en la Fiscalía Anticorrupción la probable impunidad de los ex servidores públicos que, de acuerdo con sus sucesores, fueron ejemplos de una corrupción desmedida.

Para que se verifique esta justicia política, por bautizarla apresuradamente, deben ocurrir múltiples cosas, entre ellas: que el delito realmente exista (es decir, que se trate de una conducta criminal probada más allá de duda); que exista la denuncia sustentada en evidencias, debidamente integrada y presentada ante la autoridad competente; que la autoridad competente realmente lo sea, es decir, que esté facultada jurídica, ética y profesionalmente para perseguir el delito; que se cumpla con el debido proceso en los tiempos y formas marcados por las leyes; y que los jueces sean capaces de dictar sentencias ejemplares contra quienes abusaron de la confianza pública. En el caso específico de Morelos parece que poco a poco se va cumpliendo con todo lo que debe ocurrir, aún a pesar del distanciamiento evidente y escandaloso entre los denunciantes, la administración de Cuauhtémoc Blanco y la LIV Legislatura del Congreso del Estado, y la fiscalía anticorrupción, lo que en términos más optimistas habla de salud institucional.

Claro que lo ideal sería la confianza entre autoridades, y mucho mejor si esa confianza fuera compartida por el gran público, porque a final de cuentas, el asunto de la corrupción tiene, además de sus aristas objetivas, la influencia de la percepción. Porque acusar a un político de corrupción es lo más fácil que existe, la mítica condición que asocia la práctica de la política con el desvío, deterioro, daño, depravación o putrefacción de la vida pública es una constante cultural en prácticamente todo el mundo; el problema está en probarle al político las corruptelas porque, o son muy hábiles al cometerlas, o porque es falsa la máxima de que todos los políticos son corruptos; así que quienes son responsables de perseguir y sancionar la corrupción padecen siempre, en tanto sus pesquisas deben resultar en encontrar culpables a todos, so pena de ser identificados como encubridores o cómplices de confabulaciones con los poderosos. Y dirá alguien que todos los señalados por el índice flamígero del gabinete de Cuauhtémoc Blanco son culpables porque asocian la terrible soberbia con la corrupción; y a los colaboradores de una administración que notoriamente actuó bajo cánones demasiado libres en materia económica, administrativa y contable, con ese ambiente de corrupción que parece haber prevalecido en la administración de Graco Ramírez. Lástima, porque el embrollo se transfiere a una fiscalía que, probablemente, no pueda probar que todos los señalados cometieron actos ilícitos, y será entonces siempre señalada como incapaz.

Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

De las denuncias por corrupción en contra de funcionarios o representantes populares que la Fiscalía especializada ha recibido, casi una tercera parte ya fueron judicializadas, según presume en un comunicado oficial la dependencia que, obligada a dar resultados, está haciendo lo posible con lo que tiene (que aparentemente no es tanto).

Las denuncias han llevado a cateos y decomiso de bienes muebles, sin que se verifiquen aún detenciones, hasta donde se sabe, por lo menos, por el sigilo de las investigaciones. Dicen quienes están cerca de la dependencia que las denuncias judicializadas van particularmente sobre ex funcionarios de Desarrollo Sustentable, Desarrollo Agropecuario y Obras Públicas, pero también sobre ex diputados del Congreso del Estado. Es decir, la idea es que la justicia llegará eventualmente, o por lo menos hacer notar que no quedará en la Fiscalía Anticorrupción la probable impunidad de los ex servidores públicos que, de acuerdo con sus sucesores, fueron ejemplos de una corrupción desmedida.

Para que se verifique esta justicia política, por bautizarla apresuradamente, deben ocurrir múltiples cosas, entre ellas: que el delito realmente exista (es decir, que se trate de una conducta criminal probada más allá de duda); que exista la denuncia sustentada en evidencias, debidamente integrada y presentada ante la autoridad competente; que la autoridad competente realmente lo sea, es decir, que esté facultada jurídica, ética y profesionalmente para perseguir el delito; que se cumpla con el debido proceso en los tiempos y formas marcados por las leyes; y que los jueces sean capaces de dictar sentencias ejemplares contra quienes abusaron de la confianza pública. En el caso específico de Morelos parece que poco a poco se va cumpliendo con todo lo que debe ocurrir, aún a pesar del distanciamiento evidente y escandaloso entre los denunciantes, la administración de Cuauhtémoc Blanco y la LIV Legislatura del Congreso del Estado, y la fiscalía anticorrupción, lo que en términos más optimistas habla de salud institucional.

Claro que lo ideal sería la confianza entre autoridades, y mucho mejor si esa confianza fuera compartida por el gran público, porque a final de cuentas, el asunto de la corrupción tiene, además de sus aristas objetivas, la influencia de la percepción. Porque acusar a un político de corrupción es lo más fácil que existe, la mítica condición que asocia la práctica de la política con el desvío, deterioro, daño, depravación o putrefacción de la vida pública es una constante cultural en prácticamente todo el mundo; el problema está en probarle al político las corruptelas porque, o son muy hábiles al cometerlas, o porque es falsa la máxima de que todos los políticos son corruptos; así que quienes son responsables de perseguir y sancionar la corrupción padecen siempre, en tanto sus pesquisas deben resultar en encontrar culpables a todos, so pena de ser identificados como encubridores o cómplices de confabulaciones con los poderosos. Y dirá alguien que todos los señalados por el índice flamígero del gabinete de Cuauhtémoc Blanco son culpables porque asocian la terrible soberbia con la corrupción; y a los colaboradores de una administración que notoriamente actuó bajo cánones demasiado libres en materia económica, administrativa y contable, con ese ambiente de corrupción que parece haber prevalecido en la administración de Graco Ramírez. Lástima, porque el embrollo se transfiere a una fiscalía que, probablemente, no pueda probar que todos los señalados cometieron actos ilícitos, y será entonces siempre señalada como incapaz.

Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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