Cuando a principios de este siglo los operadores del narcotráfico en México comenzaron a fortalecerse a través de la venta de cocaína (principalmente), las autoridades de la región de Norteamérica se dieron cuenta que se debía de trabajar en conjunto creando un plan que apoyara para la detención de los principales mafiosos y, a su vez, detuviera el tráfico ilícito de sustancias prohibidas, no solo en México, sino en su paso a los Estados Unidos de América.
Fue entonces que los gobiernos de México y de Estados Unidos de América, encabezados por los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush, formalizaron la Iniciativa Mérida, un acuerdo que le daría -en recursos- a México unos 400 millones de dólares en equipo y entrenamiento para el fortalecimiento de la lucha en contra del narcotráfico que coincidió con el plan que en México ya estaba en marcha para frenar a la delincuencia organizada.
Esta iniciativa operó de manera conjunta entre ambas naciones y se le sumaron las naciones centroamericanas que, a su vez, han estado involucradas en temas de narcotráfico y crimen organizado también; sin embargo, esta iniciativa ha dejado muchas dudas debido a que las legislaciones de los estados en la Unión Americana han provocado que, de acuerdo al Senado de la República (2010) México importara unas 500 mil armas anualmente para la delincuencia y , lejos de mejorar, los problemas provocados por los narcotraficantes han aumentado y para muestra, los siguientes datos:
De acuerdo al País (2021), hay unas 340,000 armas de origen estadounidense que han estado involucradas en delitos en territorio mexicano y que están bajo resguardo de las autoridades nacionales.
La BBC (2021) ha dicho que en 2019 las armas traídas desde los Estados Unidos han estado relacionadas con, al menos, 17 mil homicidios dolosos.
El Senado de la República (2010) señaló que en aquella época había ya 6,700 sitios donde se podían adquirir armas legales en Estados Unidos y que estaban en la frontera con México, situación que provocaba que hubiese un tráfico “legal” hacía nuestra nación.
El propio Senado de la República (2010) también señaló que el 39% de las armas decomisadas en México venían de Texas, el 20% de California y el 10% de Arizona.
Y, aunque funcionó al inicio, la Iniciativa Mérida ha logrado que las autoridades mexicanas decomisaran alrededor de 120 mil armas en la última década, situación que contrasta con los objetivos de la Iniciativa al intentar frenar el negocio ilegal del narcotráfico que, evidentemente, es apoyado por la cantidad de armas que se importan desde el vecino del norte.
Es así que, después de distintas interrogantes y planteamientos sobre la actualización de la Iniciativa Mérida, los gobiernos de México y Estados Unidos de América, a través del Secretario de Estado, Antony Blinken, y del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, han acordado un nuevo plan que no solamente buscará que se atiendan temas de seguridad, sino que será más integral; ahora el llamado Plan Entendimiento Bicentenario buscará proteger a la ciudadanía a través de la inversión en salud pública, prevenir la delincuencia transfronteriza y desmantelar las redes criminales, así como buscar acciones que reduzcan, en la sociedad, la adicción a las drogas y los daños asociados a ello.
Finalmente, el Secretario estadounidense destacó en su conferencia de prensa que ambos gobiernos están dispuestos a tener una frontera que sea enlace comercial para los pueblos de las dos naciones, recordando siempre la importancia de estar conectados de manera segura, ordenada y humana; por su parte, el Canciller mexicano finalizó diciendo que este es un acuerdo que será memorable por sus resultados.
Entonces, ojalá que ambos gobiernos estén dispuestos a luchar en favor de las comunidades y sociedades perturbadas por el crimen organizado y el narcotráfico y que no sea solo un hecho diplomático que no aterriza sus objetivos por más dinero que se le meta, justo como lo fue la Iniciativa Mérida.
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