Hace algunos días el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decretó el estado de excepción en su país, medida que ha sido analizada desde muchas perspectivas que nos permiten entender el contexto de una nación que ha sido víctima de los peores males sociales en los últimos 100 años, desde la rampante corrupción de la clase política hasta la violencia derivada por los procesos revolucionarios a finales del siglo pasado y hasta lo provocado por las maras, sobre todo las MS-13 y Barrio 18.
Pero, vamos por pasos. Primero hay que recordar que el estado de excepción se refiere a cuando un gobierno establece medidas extraordinarias durante periodos de disturbio en el territorio. Su establecimiento se refiere a limitar la libertad de asociación, a suspender el derecho de ser informado de las razones del arresto, a ampliar de 3 a 15 días el plazo de detención administrativa y a que el gobierno pueda intervenir los teléfonos de quienes considere sospechosos.
Esta situación ha sido establecida en El Salvador debido a que, luego de relativa calma en aquella nación centroamericana, se detonaron 80 asesinatos en solo un fin de semana; y no es que la cifra fuera desconocida o poco usual en la historia del pueblo salvadoreño, sino que, desde la entrada del gobierno actual en 2019, la violencia había sido reducida de manera considerable, incluso teniendo días donde el gobierno aseguraba que no habían existido asesinatos.
Entonces, luego de una reunión del gabinete de seguridad salvadoreño con el presidente de la República, estos pidieron a la Asamblea Nacional que ratificara el estado de excepción en el país para que las fuerzas armadas tomaran medidas extraordinarias y así frenar el descontrol social provocado por las pandillas. Sin embargo, el esfuerzo del gobierno ha sido tomado de distintas formas dependiendo de la visión de quien le juzga o le padece, y lo peor es que el presidente ha caído en la controversia debido a la forma de comunicar sus decisiones (justificadas o no) a través de las redes sociales, específicamente por Twitter.
Entonces, el presidente ha señalado que, en tan solo 8 días, se arrestaron más de 5,000 pandilleros que, en palabras del propio dirigente, no saldrán libres. Sin embargo, la polémica no viene de lo que el gobierno considere necesario para reestablecer la paz en una nación que lleva tres años buscándola con fervor, sino que el propio presidente ha publicado comunicados donde indica que “si se incrementan los homicidios, eliminaremos totalmente la alimentación de los centros penales para pandilleros” además de que son juzgados con penas de 30 años.
Nayib Bukele también ha mostrado videos donde los pandilleros presos han sido tratados con poco apego a los derechos humanos, lo que ha detonado comentarios, sobretodo, de los opositores al gobierno y de las organizaciones no gubernamentales donde declaran que esto puede ser un detonante para que el presidente Bukele pueda tomar más control de una nación que ya se le ha entregado por completo. A pesar de ello, el presidente ha respondido de forma contundente señalando que el 99% de los salvadoreños está feliz y que, a pesar del estado de excepción, tanto restaurantes, bares, conciertos, eventos sociales y sitios turísticos están todos llenos. Incluso, ha invitado a todos aquellos que le acusan de no respetar los derechos humanos de los pandilleros arrestados a llevárselos a sus naciones y a preocuparse más por las víctimas de estos delincuentes que por los propios derechos de los asesinos de la nación.
Ahora, es una realidad que la condena o aprobación de los hechos implementados por el gobierno de Bukele dependerá de quién cuente la historia, sin embargo, parece ser que el presidente tiene en su mano la aprobación –casi– absoluta de los salvadoreños que ven en él alguien que, por fin, puede y quiere poner en orden la violencia de la nación.
La reflexión final, estimado lector, es si estaríamos a favor de un presidente que en lugar de profesar abrazos y no balazos o de ser políticamente correcto, decidiese establecer un régimen como el de El Salvador, incluso luego de señalar, como en el caso de la nación centroamericana, de que los pandilleros arrestados solo recibirán dos tiempos de comida al día, de que dormirán en el suelo, sin sábanas ni colchonetas y que tampoco tendrán insumos de limpieza personal. ¿Funcionaría?
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