/ martes 12 de octubre de 2021

El Estado debe dirigir la economía

La iniciativa del presidente López Obrador sobre la industria eléctrica ha generado un debate nacional muy intenso acerca del papel del estado como productor,

Y a fin de cuentas, como protagonista del desarrollo económico del país. En este debate se han involucrado todos los sectores de la sociedad.

Por la importancia decisiva de ese sector en el bienestar de toda la población mexicana, aportaremos algunas opiniones a tal debate, advirtiendo que lo haremos sobre el aspecto político, ya que las cuestiones puramente técnicas son tema principalmente de especialistas en la materia, y deben tratarse en otros espacios.

La industria eléctrica del país fue nacionalizada por el presidente Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960, mediante la compra de algunas empresas privadas –principalmente dos compañías extranjeras-- para crear finalmente por decreto la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Fue un día de júbilo para toda la población mexicana. En la plancha del Zócalo y en muchas plazas del país se realizaron festejos para celebrar la independencia energética de México. A los festejos siguió una época de expansión de la empresa, que llevó la energía eléctrica a los más alejados rincones del país. Hasta 1960, solo el 44 por ciento del país había tenido electricidad, básicamente en las principales ciudades.

En ese momento histórico quedó muy claro que las empresas particulares solo invierten ahí donde obtienen ganancias de inmediato. Las empresas del estado, en cambio, lo hacen donde es necesario, de acuerdo a los planes de desarrollo y bienestar del país. La visión del estado en la economía se basa en el beneficio de las mayorías.

Posteriormente, al inicio del periodo neoliberal (1988-2018) aunque miles de empresas del estado (bancos, teléfonos, puertos, minas) fueron a parar a manos de particulares, nacionales y extranjeros, el gobierno se abstuvo de tomar iniciativas sobre los pilares de la economía (Pemex y CFE). El producto del esfuerzo de millones de mexicanos fue a parar a manos de particulares, pero durante varios sexenios el gobierno no se atrevió a tocar a sus dos grandes empresas emblemáticas.

No fue sino hasta el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) con base en mayorías parlamentarias de derecha, que la industria energética nacional recibió golpes muy duros. Uno de ellos consistió en el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza (que surtía del fluido al Valle de México) y el despido de más de 40 mil obreros electricistas que laboraban en esa empresa. Al mismo tiempo, se incrementó una política tendiente a privilegiar empresas privadas en detrimento de la CFE.

En el siguiente sexenio, la reforma eléctrica peñista (lograda en parte a base de sobornos a legisladores) dio como resultado el debilitamiento de la CFE, la cual de hecho fue puesta al servicio de los particulares, al impedir por ley que la empresa estatal pudiera usar y producir energía de acuerdo a su capacidad instalada, al tiempo que subsidiaba a los particulares al comprarles energía eléctrica a precios superiores a los del mercado, y les otorgaba de manera gratuita el servicio de transmisión de sus fluidos.

Se estableció así un régimen de privilegios, ya que muchas empresas (Wall Mart, Oxxo, Bimbo) pudieron aprovechar los subsidios para abaratar sus costos, de manera que el servicio eléctrico que hoy pagan tiene un precio relativo inferior al de las casas-habitación, y desde luego mucho menor al de los pequeños establecimientos abarroteros que pagan un servicio comercial.

Esto explica, en parte, la proliferación de esas franquicias y que los tenderos de barrio vayan cediendo terreno ante una competencia tan desleal y desventajosa. Un hogar sin subsidio en México paga 5.2 pesos por Kv; una tienda de abarrotes paga 3.1 pesos; un hogar de clase media 2.3 pesos; una tienda Oxxo paga 1.8 y empresas como Wall Mart y Bimbo pagan 1.7 pesos por el mismo servicio.

Esa es la estructura de privilegios que hoy está a debate. No se trata de nacionalizar o estatizar empresas privadas. Vaya, ni siquiera de sacarlas de la competencia. La propuesta de AMLO les concede un 46 por ciento del mercado, pero pagando lo justo por el uso de las instalaciones de CFE por el servicio de transmisión de energía. No debe haber privilegios.

Uno de los puntos centrales del presente debate es acerca de quién debe dirigir la economía: si esta se debe dejar al libre juego de las fuerzas del mercado –basadas en la ley de la oferta y la demanda-- o si el estado se debe hacer cargo del diseño, control y vigilancia del proceso en su conjunto. Entramos así de lleno en el debate actual acerca de los modelos de desarrollo de la sociedad.

Un ejemplo claro lo tenemos a la vista, y muy cercano: en España el mercado de la energía eléctrica es controlado por compañías privadas como Iberdrola –que incluso ya forman parte de cárteles internacionales—y como buscan de manera permanente privilegiar sus ganancias, han elevado de manera descomunal los precios de la energía, cobrando tarifas muy por encima de las posibilidades del consumidor. Y falta lo peor, porque en los países europeos se acerca el invierno con sus temperaturas congelantes, mientras los precios de la energía siguen al alza.

En el momento actual, la tendencia mundial consiste en que las empresas del estado –que pos su naturaleza son usadas para establecer equilibrios sociales—sirvan de contrapeso para limitar los excesos del mercado. Si las empresas estatales mantienen los precios bajos, las demás no tendrán más remedio que sujetarse a ellos, bajo pena de ser abandonados por sus consumidores.

Esto ocurre en los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia) con gobiernos de fuerte contenido social-demócrata. Y lo mismo ocurre en China. El estado chino asigna a las empresas privadas un papel en el mercado, pero sujetas a controles de calidad y precio por las dependencias oficiales. Asimismo, las empresas estatales chinas juegan el papel de controlar los precios tanto de insumos como de productos terminados, de manera que las mismas empresas particulares se ven beneficiadas.

China, con su nuevo modelo productivo, ya es la segunda potencia económica mundial, pero sobre todo su economía es la de más rápido crecimiento en el planeta, de manera que al breve plazo desplazará de esa posición a la gran potencia norteamericana. El secreto consiste en que los planificadores del gobierno chino han diseñado las áreas y los ritmos de inversión y desarrollo, asignando a particulares los sectores donde pueden invertir y señalándoles metas, de tal manera que la “mano invisible del mercado” ha sido sustituida por una muy visible mano del gobierno central chino.

Por lo mismo, no hay ciclos de sobreproducción y quiebra de empresas y la economía en su conjunto puede crecer de manera ininterrumpida. Todo se planea de antemano para servicio de la sociedad.

La iniciativa del presidente López Obrador sobre la industria eléctrica ha generado un debate nacional muy intenso acerca del papel del estado como productor,

Y a fin de cuentas, como protagonista del desarrollo económico del país. En este debate se han involucrado todos los sectores de la sociedad.

Por la importancia decisiva de ese sector en el bienestar de toda la población mexicana, aportaremos algunas opiniones a tal debate, advirtiendo que lo haremos sobre el aspecto político, ya que las cuestiones puramente técnicas son tema principalmente de especialistas en la materia, y deben tratarse en otros espacios.

La industria eléctrica del país fue nacionalizada por el presidente Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960, mediante la compra de algunas empresas privadas –principalmente dos compañías extranjeras-- para crear finalmente por decreto la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Fue un día de júbilo para toda la población mexicana. En la plancha del Zócalo y en muchas plazas del país se realizaron festejos para celebrar la independencia energética de México. A los festejos siguió una época de expansión de la empresa, que llevó la energía eléctrica a los más alejados rincones del país. Hasta 1960, solo el 44 por ciento del país había tenido electricidad, básicamente en las principales ciudades.

En ese momento histórico quedó muy claro que las empresas particulares solo invierten ahí donde obtienen ganancias de inmediato. Las empresas del estado, en cambio, lo hacen donde es necesario, de acuerdo a los planes de desarrollo y bienestar del país. La visión del estado en la economía se basa en el beneficio de las mayorías.

Posteriormente, al inicio del periodo neoliberal (1988-2018) aunque miles de empresas del estado (bancos, teléfonos, puertos, minas) fueron a parar a manos de particulares, nacionales y extranjeros, el gobierno se abstuvo de tomar iniciativas sobre los pilares de la economía (Pemex y CFE). El producto del esfuerzo de millones de mexicanos fue a parar a manos de particulares, pero durante varios sexenios el gobierno no se atrevió a tocar a sus dos grandes empresas emblemáticas.

No fue sino hasta el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) con base en mayorías parlamentarias de derecha, que la industria energética nacional recibió golpes muy duros. Uno de ellos consistió en el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza (que surtía del fluido al Valle de México) y el despido de más de 40 mil obreros electricistas que laboraban en esa empresa. Al mismo tiempo, se incrementó una política tendiente a privilegiar empresas privadas en detrimento de la CFE.

En el siguiente sexenio, la reforma eléctrica peñista (lograda en parte a base de sobornos a legisladores) dio como resultado el debilitamiento de la CFE, la cual de hecho fue puesta al servicio de los particulares, al impedir por ley que la empresa estatal pudiera usar y producir energía de acuerdo a su capacidad instalada, al tiempo que subsidiaba a los particulares al comprarles energía eléctrica a precios superiores a los del mercado, y les otorgaba de manera gratuita el servicio de transmisión de sus fluidos.

Se estableció así un régimen de privilegios, ya que muchas empresas (Wall Mart, Oxxo, Bimbo) pudieron aprovechar los subsidios para abaratar sus costos, de manera que el servicio eléctrico que hoy pagan tiene un precio relativo inferior al de las casas-habitación, y desde luego mucho menor al de los pequeños establecimientos abarroteros que pagan un servicio comercial.

Esto explica, en parte, la proliferación de esas franquicias y que los tenderos de barrio vayan cediendo terreno ante una competencia tan desleal y desventajosa. Un hogar sin subsidio en México paga 5.2 pesos por Kv; una tienda de abarrotes paga 3.1 pesos; un hogar de clase media 2.3 pesos; una tienda Oxxo paga 1.8 y empresas como Wall Mart y Bimbo pagan 1.7 pesos por el mismo servicio.

Esa es la estructura de privilegios que hoy está a debate. No se trata de nacionalizar o estatizar empresas privadas. Vaya, ni siquiera de sacarlas de la competencia. La propuesta de AMLO les concede un 46 por ciento del mercado, pero pagando lo justo por el uso de las instalaciones de CFE por el servicio de transmisión de energía. No debe haber privilegios.

Uno de los puntos centrales del presente debate es acerca de quién debe dirigir la economía: si esta se debe dejar al libre juego de las fuerzas del mercado –basadas en la ley de la oferta y la demanda-- o si el estado se debe hacer cargo del diseño, control y vigilancia del proceso en su conjunto. Entramos así de lleno en el debate actual acerca de los modelos de desarrollo de la sociedad.

Un ejemplo claro lo tenemos a la vista, y muy cercano: en España el mercado de la energía eléctrica es controlado por compañías privadas como Iberdrola –que incluso ya forman parte de cárteles internacionales—y como buscan de manera permanente privilegiar sus ganancias, han elevado de manera descomunal los precios de la energía, cobrando tarifas muy por encima de las posibilidades del consumidor. Y falta lo peor, porque en los países europeos se acerca el invierno con sus temperaturas congelantes, mientras los precios de la energía siguen al alza.

En el momento actual, la tendencia mundial consiste en que las empresas del estado –que pos su naturaleza son usadas para establecer equilibrios sociales—sirvan de contrapeso para limitar los excesos del mercado. Si las empresas estatales mantienen los precios bajos, las demás no tendrán más remedio que sujetarse a ellos, bajo pena de ser abandonados por sus consumidores.

Esto ocurre en los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia) con gobiernos de fuerte contenido social-demócrata. Y lo mismo ocurre en China. El estado chino asigna a las empresas privadas un papel en el mercado, pero sujetas a controles de calidad y precio por las dependencias oficiales. Asimismo, las empresas estatales chinas juegan el papel de controlar los precios tanto de insumos como de productos terminados, de manera que las mismas empresas particulares se ven beneficiadas.

China, con su nuevo modelo productivo, ya es la segunda potencia económica mundial, pero sobre todo su economía es la de más rápido crecimiento en el planeta, de manera que al breve plazo desplazará de esa posición a la gran potencia norteamericana. El secreto consiste en que los planificadores del gobierno chino han diseñado las áreas y los ritmos de inversión y desarrollo, asignando a particulares los sectores donde pueden invertir y señalándoles metas, de tal manera que la “mano invisible del mercado” ha sido sustituida por una muy visible mano del gobierno central chino.

Por lo mismo, no hay ciclos de sobreproducción y quiebra de empresas y la economía en su conjunto puede crecer de manera ininterrumpida. Todo se planea de antemano para servicio de la sociedad.

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