En agosto de 2013 Morelos, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, la Ciudad de México y la federación, integraron la Comisión Ambiental de la Megalópolis, solución política a la inaplazable realidad de fusión de las manchas urbanas de las ciudades del centro del país que se amplían más allá de las demarcaciones que la geografía política de México trató de imponer. Se trataba de reconocer que los problemas en materia ambiental son, por lo menos, regionales y requieren para su atención de la coordinación profunda entre los gobiernos municipales, estatales y federal.
Bajo esta lógica, los gobiernos estatales tendrían que reunirse periódicamente para diseñar estrategias conjuntas en materia de protección al medio ambiente que incluyeran, entre otras cosas, la protección de áreas naturales, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de partículas contaminantes, el cuidado conjunto de los acuíferos disponibles en la zona y los que la atraviesan, entre otras muchas que las entidades federativas atendieron de acuerdo con sus circunstancias particulares.
Ninguna de las medidas adoptadas por los gobiernos estatales o el de la Ciudad de México, ha resultado suficiente para abatir los efectos del deterioro ambiental que producen las sociedades. Los acuíferos siguen contaminados, el manejo de los desechos sólidos es desastroso, la tala inmoderada y la invasión constante de las áreas naturales protegidas siguen siendo una realidad, y todos los días por lo menos alguna de las estaciones de monitoreo situadas en la megalópolis reporta niveles no satisfactorios en la calidad del aire.
La lógica con la que se formó la comisión es impecable: soluciones comunes para problemas comunes. Trazar políticas públicas coordinadas (la verificación vehicular estandarizada y obligatoria es un ejemplo), era una excelente idea en el papel; en los hechos sin embargo, han resultado un fracaso. Cuestiones económicas, políticas y hasta de corrupción han provocado que la comisión resulte hoy un ridículo conjunto de buenas intenciones, al grado de que la principal generadora de contaminantes en la región, la Ciudad de México, ha decidido establecer unilateralmente su programa propio de control de la calidad del aire, que incluye restricciones a los vehículos emplacados en otras entidades de la misma megalópolis.
La presión política parece haber llevado al gobierno de la Ciudad de México a trazar una serie de medidas que afectan a habitantes de las entidades vecinas; igual que las condiciones políticas de esas entidades han provocado rezagos en temas elementales para el cuidado ambiental –Morelos, por ejemplo, ni siquiera tiene herramientas jurídicas para implementar medidas de contingencia ambiental (Cuautla, que junto a Cuernavaca es parte de la Megalópolis, carece incluso de estación de monitoreo ambiental). A estas diferencias, tendría que sumarse el que algunos estados vieron el las políticas de reducción de emisiones formas de elevar la recaudación, y hasta jugosos negocios salpicados por sospechas de corrupción. Bajo esa lógica la inoperancia de la Comisión es más que evidente al grado de aniquilar la poca coordinación que se tuvo durante las primeras sesiones de la comisión.
La inoperancia del conglomerado de buenas intenciones ha costado más de cien millones de pesos en proyectos de poco efecto, pero además ha significado la errática, insuficiente, simulada, o de plano inexistente atención a problemas de contaminantes en la región, que se traduce en un daño ambiental que mantiene en peligro a muchas especies y afecta además la calidad de vida de millones de personas. Esto es más importante que circular o no en la Ciudad de México con placas de otro estado. Tiene razón Cuauhtémoc Blanco, urge dialogar, y también coordinarse y trabajar.
