La libre manifestación de las ideas es fundamental en la edificación de las democracias modernas y se encuentra consagrada en nuestra Carta Magna, el Presidente Miguel Alemán Valdez estableció el 7 de Junio de 1951 como el “Día de la Libertad de Expresión”, mucha sangre se ha derramado y muchas garantías han sido pisoteadas desde entonces, sin embargo, el derecho a manifestarse no solo ha sido estandarte de causas justas, también ha servido de trinchera y guarida para delincuentes encubiertos.
La toma de casetas en México por parte de grupos manifestantes de diversos orígenes, ha representado desde hace varios años una problemática de difícil solución, pero debido a miles de posibles razones, es notorio el crecimiento exponencial que el asunto ha sufrido bajo la administración lopezobradorista, según datos de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV) de Enero a Septiembre del presente año se registraron pérdidas en el país por más de 3150mdp lo que representa un importante incremento con respecto a todo el año anterior, cuando se registró una cifra de 3000mdp, la misma asociación dio a conocer a través de su Director General Marco Frías, que en promedio se toman 10 casetas diariamente por parte de diversos grupos a lo largo del territorio nacional, si tomamos en cuenta que tan solo en Morelos llegamos a saber de la toma constante y simultánea de las casetas de Tepoztlán, Alpuyeca y Tepetzingo parece que el dato se quedaría corto.
El problema ha escalado en cuanto al perjuicio a la ciudadanía se refiere, la afectación ya no queda en un daño económico a la Hacienda Pública, a los concesionarios y a los usuarios, se ha trasladado a un asunto de seguridad pública, los grupos que participan en este ilícito se han tornado cada vez más violentos, ya son más frecuentes las agresiones a usuarios que se niegan a “cooperar voluntariamente” con los encapuchados que se ponen frente a sus vehículos, circulan vídeos en redes que registran ataques a autobuses y automóviles, personas golpeadas, ventanillas rotas y más, la situación es peligrosa y por lo tanto insostenible, lo que antes era “paso libre” fue evolucionando en aportación voluntaria hasta terminar en una flagrante extorsión, un amplio sector de la población tiene miedo de utilizar las vías de cuota, esa es la verdad.
Sin lugar a dudas, la impunidad ha sido un detonante para el aumento en las cifras de estos delitos, la línea discursiva del Presidente en pro del respeto a la libre manifestación y el eterno pregón de no utilizar la fuerza pública definitivamente alienta a quienes deciden un buen día colocarse en una caseta de peaje y establecer su filtro de cobranza personal, hace más de un año la FGR señaló en su cuenta de Twitter que dañar o alterar cualquier vía de comunicación se castiga con penas que van desde los 15 días hasta los 30 años de prisión, el mensaje fue evidentemente ignorado, la Fiscalía General de la República decidió mirar hacia otro lado y las casetas se volvieron cajas chicas de grupos de intereses no muy claros.
Pero en Morelos algo pasó, las autoridades decidieron tomar acciones concretas, ante la denuncia de algunas empresas de autobuses por los ataques recibidos en las casetas de cuota y el presunto secuestro de 3 operadores, el martes de la semana anterior se realizó en la plaza de cobro 184, Francisco Velasco Durán (caseta Alpuyeca) un operativo por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Comisión Estatal de Seguridad Pública apoyados por elementos de la GN, en una sorpresiva y contundente acción se llevó a cabo la detención de 78 personas, 76 de ellos enfrentaron audiencias de control en donde derivado de los elementos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, en el Tribunal Superior de Justicia se determinó la prisión preventiva para 57 adultos, el internamiento preventivo en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA) de 19 personas por parte del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, hubo dos menores de 14 años que no fueron presentados a esta audiencia por ser inimputables por lo que fueron entregados al Sistema DIF Morelos, cabe agregar que en todos los casos la fiscalía del Estado imputó a los detenidos los delitos de secuestro exprés, secuestro agravado y asociación delictuosa.
Estos hechos derivaron en lamentables acontecimientos la noche del miércoles cuando un grupo de apoyo a los detenidos se manifestó violentamente en las inmediaciones de la UECS ubicada en el Blvd. Cuauhnáhuac, el grupo de choque procedente del Estado de Guerrero bloqueó el acceso a la Autopista hacia la CDMX atacando instalaciones de la Fiscalía, patrullas y automovilistas que pasaban por el sitio, nuevamente se implementó un operativo logrando la detención ahora de 68 personas que se decían familiares de los primeros detenidos.
En un hecho inédito en nuestro Estado y en toda la República durante la presente administración, por fin se enfrenta una realidad que azota a la sociedad y vulnera derechos, cierto es que existen activistas con causas justas que enarbolan con orgullo y dignidad la libertad a manifestarse, pero debe reconocerse que grupos delincuenciales pudieran estar infiltrados y protegidos bajo el manto de los derechos humanos, en ningún caso se justifica poner en riesgo la seguridad de terceros, vendrán las audiencias de vinculación a proceso programadas para esta misma semana, tal vez algunos delitos sean reclasificados, pero lo cierto es que Morelos ha dado un paso importante en la salvaguarda de la ciudadanía y el combate al huachicol de los caminos.
