Mediante una votación muy dividida, con apenas un voto de diferencia, la mayoría del Consejo General del INE decidió “suspender temporalmente” los trabajos preparatorios del evento más grande de la democracia directa que se proyecta realizar en México, la consulta popular sobre la revocación de mandato, cuyo fin es establecer el precedente de que los gobiernos duran hasta que el pueblo lo permite.
En efecto: Con una escasa mayoría de 6 consejeros contra 5, Lorenzo Córdova pudo continuar con su torneo de fuerza frente al gobierno de AMLO, vivamente interesado en avanzar en la consolidación de una larga y reiterada promesa de campaña, como es preguntarle al pueblo, en cada sexenio, si quiere que tal gobernante siga o no.
El argumento del INE fue el mismo que ha venido repitiendo: no hay dinero suficiente para organizar la revocación de mandato, ya que por mandato constitucional es obligatorio preguntar directamente al pueblo si desea la continuidad del gobierno en turno.
Esto, obviamente, no conviene a los intereses de la oligarquía, ya que constituye un mecanismo de resistencia popular contra los gobiernos represivos o irresponsables. Además, AMLO ganaría de calle –como finalmente va a ganar—una encuesta de esa naturaleza. Pero para la derecha lo importante no es la victoria de AMLO, sino el precedente que sentaría para una eventual revocación de algún futuro presidente antipopular, si llegara el caso.
Por pura coincidencia, los partidos de derecha han manifestado su apoyo a la suspensión adoptada por el INE. Se supone que tal consulta es del máximo interés de la derecha, porque surgió en el contexto de una áspera confrontación con las fuerzas de la oligarquía. Y la que fue una propuesta inicial de la derecha se ha convertido en un arma de las fuerzas progresistas.
La propuesta de Lorenzo Córdova se ha basado siempre en señalar que el INE carece del presupuesto necesario para afrontar los gastos que demandan una consulta de tal naturaleza. Pero ese argumento se derrumba al considerar que la consulta del 1 de agosto del presente se gastaron 500 millones de pesos, instalando solo un tercio de las casillas de la elección presidencial; y si hoy se pretende instalar la totalidad de ellas (unas 150 mil) se gastaría el triple, o sea unos 1 mil 500 millones de pesos.
Precisamente esta cantidad es la que ha señalado el propio INE como la que ha podido reunir después de diversos “ajustes” de su presupuesto. Por lo tanto, una consulta austera sería plenamente solventable con los recursos de que ya dispone la mencionada institución electoral. Y como se trata de una consulta de rango constitucional, el INE está obligado a realizarla, bajo pena de caer en desacato y faltar al propósito esencial para el que fue creado el propio instituto.
Ya se han iniciado al respecto dos procedimientos: por un lado la convocatoria de los diputados para incoarle un juicio político a los consejeros del INE que votaron a favor de suspender los trabajos encaminados a realizar la consulta.
Por otro, sigue vigente el juicio interpuesto por el propio INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en principio le ordena cumplir con los trabajos de la consulta. Al suspenderla, los consejeros del INE han faltado a sus deberes –así sea “temporalmente”- que les impone la ley de la materia.
En el fondo, el INE está practicando una especie de secuestro de la consulta, a sabiendas de que no saldrá nada bueno de ahí. No se puede esperar de ellos otra cosa, ya que la mayoría de los consejeros fue electa por el sistema de “cuotas de partido”, que negociaba los nombramientos de los mismos de acuerdo con la fuerza relativa de los partidos del viejo régimen (PRI, PAN, PRD).
Es normal que sean representante del viejo régimen, porque de él surgieron. Pero es anormal que no hayan reflexionado sobre las nuevas realidades. Y por lo mismo, de sus posibles consecuencias. Por ejemplo: el INE se está enfrentando directamente contra el Poder Ejecutivo, cuyo titular ha impulsado siempre la revocación de mandato.
Pero el Consejo General del INE no midió las consecuencias al votar en el sentido que lo hizo. Porque hoy la fuerza política de AMLO es apabullante. Por ejemplo: en la reciente reunión de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) estuvieron presentes 31 de los 32 mandatarios estatales. Solo faltó el de Jalisco, bajo la disculpa de que “andaba de vacaciones”.
La cofradía de los “Gobernadores Federalistas” saltó por los aires en menos de un año, ante el empuje arrollador de Morena y sus aliados de la izquierda, principalmente el PT, que obtuvieron en las elecciones de este año 12 de las 15 gubernaturas en disputa. Además, la gobernadora de Chihuahua se salió de la Alianza Federalista porque declaró que se puede obtener más para su estado si se colabora con el gobierno federal.
Bien sea por la vía del Juicio Político en la Cámara federal de Diputados, o bien por resolución de la SCJN –o por ambas—Lorenzo Córdova y sus alfiles van a perder la batalla. El combate que se libra ante la opinión pública la tienen perdida desde hace varios meses. Solo les falta el empujón legal para que pasen al cuarto de los trebejos.
En síntesis: Lorenzo Córdova y sus alfiles han tomado el camino más peligroso para su propia sobrevivencia política. Son excreciencias del pasado, y como tales defienden sus intereses de grupo a capa y espada. Oponerse al Poder Ejecutivo a estas alturas equivale al suicidio político. Ojalá se salve el INE, como institución, del desastre al que lo condujeron sus principales directivos.
