Juan Carlos Valencia Vargas

  / sábado 20 de julio de 2019

El marco institucional para el Derecho Humano al Agua

Continuaré esta semana refiriéndome a las principales recomendaciones contenidas en el Informe de Leo Heller, el Relator Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, después de la visita oficial que efectuó a nuestro país, por invitación del Gobierno, del 2 al 12 de mayo de 2017.

El propio Relator Especial informa que los principales objetivos de su visita fueron examinar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en México, señalar los principales obstáculos que impiden la plena realización de esos derechos y formular recomendaciones para abordar dichos obstáculos y asegurar que todos los miembros de la sociedad puedan gozar plenamente de esos derechos humanos.

En las entrevistas que sostuvo, numerosos interesados informaron al Relator Especial que en la práctica, la organización del sector del agua y saneamiento en México “no funcionaba con la eficacia necesaria para prestar servicios de buena calidad a la población, debido en gran medida a la insuficiencia del apoyo y de la financiación federales y estatales a las autoridades municipales, así como a estructuras frágiles e ineficaces a nivel municipal”.

Como ejemplo, mencionaron costosos proyectos de infraestructura financiados a nivel federal y estatal, que no tenian la validación y el necesario soporte técnico, pero sobre todo financiero a nivel municipal, y por lo tanto, después de que les eran entregadas rápidamente dejaban de funcionar. Tal es el caso de las plantas de tratamiento en prácticamente todo el país. Según datos oficiales, el 24.5% de las plantas de tratamiento construidas en México no operan. Y yo agregaría que con las recientes alzas a las tarifas eléctricas y la cancelación de los subsidios a la operación por parte de la CONAGUA, esa cifra se va a incrementar este mismo año.

En otro apartado, el Relator Especial menciona “los recursos necesarios, la capacidad técnica y la supervisión y el control de la prestación de servicios no figuran entre las máximas prioridades en los tres niveles de gobierno, y sin embargo son esenciales para asegurar el suministro de los mejores servicios posibles de agua y saneamiento a todos, incluidos los más pobres y los habitantes de comunidades rurales dispersas”.

El Relator Especial considera que la organización del sector del agua y el saneamiento en México, pone de manifiesto la ausencia de iniciativas y funciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno. Los niveles federal y estatal tienen efectivamente ciertas responsabilidades en lo relativo a establecer normas, generar leyes específicas y apoyar la prestación de servicios. Sin embargo, no complementan ni regulan claramente el nivel municipal en su responsabilidad de suministrar servicios de agua y saneamiento.

Y cita “Algunas autoridades señalaron que a nivel municipal los factores políticos contribuyen a una prestación de servicios deficiente. Son frecuentes los nombramientos políticos de determinadas personas, y los puestos superiores de las entidades municipales de suministro de agua y saneamiento se llenan con personas que no tienen las cualificaciones técnicas necesarias. Además, las administraciones municipales se eligen para períodos de tres años, lo cual tiene como consecuencia cambios frecuentes de la administración y los funcionarios superiores, a quienes algunos culpan por la aplicación inconsistente y deficiente de las políticas, proyectos y programas. La falta de conexión entre los tres niveles de gobierno impide que México alcance los máximos niveles posibles de calidad de los servicios y que cumpla su obligación de hacer efectivo el derecho humano al agua potable y el saneamiento”.

Yo tengo los mismos datos. Es tiempo de transformar al sector.

#agua para todos

Continuaré esta semana refiriéndome a las principales recomendaciones contenidas en el Informe de Leo Heller, el Relator Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, después de la visita oficial que efectuó a nuestro país, por invitación del Gobierno, del 2 al 12 de mayo de 2017.

El propio Relator Especial informa que los principales objetivos de su visita fueron examinar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en México, señalar los principales obstáculos que impiden la plena realización de esos derechos y formular recomendaciones para abordar dichos obstáculos y asegurar que todos los miembros de la sociedad puedan gozar plenamente de esos derechos humanos.

En las entrevistas que sostuvo, numerosos interesados informaron al Relator Especial que en la práctica, la organización del sector del agua y saneamiento en México “no funcionaba con la eficacia necesaria para prestar servicios de buena calidad a la población, debido en gran medida a la insuficiencia del apoyo y de la financiación federales y estatales a las autoridades municipales, así como a estructuras frágiles e ineficaces a nivel municipal”.

Como ejemplo, mencionaron costosos proyectos de infraestructura financiados a nivel federal y estatal, que no tenian la validación y el necesario soporte técnico, pero sobre todo financiero a nivel municipal, y por lo tanto, después de que les eran entregadas rápidamente dejaban de funcionar. Tal es el caso de las plantas de tratamiento en prácticamente todo el país. Según datos oficiales, el 24.5% de las plantas de tratamiento construidas en México no operan. Y yo agregaría que con las recientes alzas a las tarifas eléctricas y la cancelación de los subsidios a la operación por parte de la CONAGUA, esa cifra se va a incrementar este mismo año.

En otro apartado, el Relator Especial menciona “los recursos necesarios, la capacidad técnica y la supervisión y el control de la prestación de servicios no figuran entre las máximas prioridades en los tres niveles de gobierno, y sin embargo son esenciales para asegurar el suministro de los mejores servicios posibles de agua y saneamiento a todos, incluidos los más pobres y los habitantes de comunidades rurales dispersas”.

El Relator Especial considera que la organización del sector del agua y el saneamiento en México, pone de manifiesto la ausencia de iniciativas y funciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno. Los niveles federal y estatal tienen efectivamente ciertas responsabilidades en lo relativo a establecer normas, generar leyes específicas y apoyar la prestación de servicios. Sin embargo, no complementan ni regulan claramente el nivel municipal en su responsabilidad de suministrar servicios de agua y saneamiento.

Y cita “Algunas autoridades señalaron que a nivel municipal los factores políticos contribuyen a una prestación de servicios deficiente. Son frecuentes los nombramientos políticos de determinadas personas, y los puestos superiores de las entidades municipales de suministro de agua y saneamiento se llenan con personas que no tienen las cualificaciones técnicas necesarias. Además, las administraciones municipales se eligen para períodos de tres años, lo cual tiene como consecuencia cambios frecuentes de la administración y los funcionarios superiores, a quienes algunos culpan por la aplicación inconsistente y deficiente de las políticas, proyectos y programas. La falta de conexión entre los tres niveles de gobierno impide que México alcance los máximos niveles posibles de calidad de los servicios y que cumpla su obligación de hacer efectivo el derecho humano al agua potable y el saneamiento”.

Yo tengo los mismos datos. Es tiempo de transformar al sector.

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