Probablemente uno de los mayores temores que pudieran existir entre los ciudadanos es ser identificados por el presidente, o para el caso, cualquiera que ostente ese poder unipersonal que puede dar órdenes a los aparatos represivos del Estado. El fenómeno, recurrente en la mitología norteamericana moderna, es de un espanto absoluto; porque el ciudadano no se tiene más que a sí mismo y un moderadísimo ingreso que para nada serviría para enfrentar los embates de quienes controlan policías, haciendas, tribunales, registros públicos, y que sólo tienen como contrapesos (bastante débiles en comparación) a algunos organismos autónomos creados ciertamente para la defensa de los ciudadanos pero cuyos recursos son mínimos en comparación con los del poder.
Por eso seguramente los señalamientos directos de los titulares de los poderes ejecutivos en los estados y la federación (y hasta en menor medida de los municipios), en contra de ciudadanos sin acceso al poder, deben considerarse siempre como grandes abusos, en tanto el individuo carece de herramientas para defenderse a la misma altura de los señalamientos que se le hacen. Así cuando el gobernador Blanco, por ejemplo, se lanza en directo contra el abogado a quien se le ocurrió poner una denuncia de hechos por presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos por el propio gobernador y gente cercana a él; el jefe del Ejecutivo abusa de un ciudadano porque señala al sujeto en cuestión en los medios de comunicación en un mensaje que pudiera llegar a cualquiera que, buscando quedar bien con el gobierno en turno, afecte al abogado denunciante en alguna de sus actividades públicas; y porque obliga a mantener un litigio en el terreno del escándalo público soslayando la defensa en tribunales (más discreta, pero también, única forma legal de encauzar los diferendos).
El abuso pareciera un asunto menor en tanto prácticamente todos los días se practica en Morelos y el resto del país. La idea de que los gobernantes se pueden defender de sus críticos mediante acusaciones y señalamientos pierde de vista que las declaraciones de los gobernantes tienen el poder del Estado tras de sí, mientras con sus opiniones o acciones los ciudadanos, incluidos los periodistas y defensores de los derechos humanos y las causas sociales, sólo se representan a sí mismos y en muchísimas ocasiones a la razón. De hecho, una de las razones para la existencia del fuero constitucional a funcionarios que en dichos o hechos pudieran oponerse al poder, es justamente evitar que los más poderosos utilicen las instituciones del Estado para castigarlos injustamente. Pero discutir sobre la pertinencia de esa inmunidad procesal, es inaplicable porque los ciudadanos opositores al gobierno, los defensores de causas sociales, periodistas, y otros que pudieran y son señalados por gobernantes, carecen de ese fuero y en ese sentido están desprotegidos de las acciones del Estado.
Aparte tendríamos que decir que el hecho de que un sujeto empoderado señale públicamente a otro que no lo es, deja a la víctima en condición de vulnerabilidad también con los seguidores del poderoso que no actúan bajo la norma del Estado. Hace falta más disciplina discursiva.
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