De vez en cuando, los efectos del crecimiento desordenado, de la falta de planeación y de gobierno que imperan en Morelos nos devuelven a la realidad. No es todos los días, se requiere un deslave que ponga en peligro el patrimonio y la vida de algunos vecinos, una catástrofe ecológica que signifique un riesgo a la salud, o un brote epidémico que se traduzca en un riesgo para la vida de todos, para hacernos reflexionar un poco, aunque la conclusión sea regularmente un “pinche gobierno” que no lleva a mucho más.
Probablemente en Cuernavaca, donde tres desastres ocurren al mismo tiempo: derrumbes en Los Pilares, problemas con la disposición de residuos, y el repunte en el índice de contagios por Covid-19; la discusión obligada en torno al evidente desorden favorecido por la omisión gubernamental, y los abusos constantes de grupos sociales, tendría que llevarnos a mejores conclusiones; a una suerte de epifanía por la que se inicie una evolución profunda de la sociedad que ha permitido y ha sido incluso cómplice de los múltiples abusos públicos y privados.
La falta de gobierno es uno de los problemas más graves que padece Cuernavaca. Paradójicamente, el ayuntamiento de la ciudad y el gobierno del estado tienen operando en la ciudad a más de cinco mil burócratas. Pero una cosa es el cobro de impuestos y la administración de los efectos de los problemas, y otra muy diferente es hacer gobierno, es decir, diseñar y aplicar políticas públicas sustentables y una prospectiva mínima de dos o tres décadas. Clausurar changarros es apenas un acto en los miles a incluirse en el diseño de la política de desarrollo municipal.
Poner sellos en un pequeño negocio por operar a deshoras es hasta ridículo mientras cientos de toneladas de basura son depositadas en tiraderos clandestinos, o en los que operan bajo una norma insuficiente para reducir su impacto ambiental; es ofensivo cuando la invasión de predios en zonas irregulares y de alto riesgo es constante y la autoridad se mantiene ciega ante la realidad.
Y por supuesto que las administraciones municipales pretextan la falta de recursos y algunas veces hasta de facultades jurídicas para la intervención en múltiples asuntos en que pudieran ofrecer soluciones, por lo menos elementales. Algo de razón tienen, a los municipios se les han quitado facultades (como el mando operativo policíaco), y presupuestos que antes utilizaban, en el mejor de los casos, en obras públicas de infraestructura. Pero también es innegable que los ayuntamientos han dejado de ejercer facultades que tenían, como la de planeación del desarrollo municipal, fenómeno que ha favorecido a la informalidad económica y urbana y ha favorecido el empoderamiento de grupos cuya operación siempre es más delincuencial que ética o política.
Faltan cinco meses para que una nueva administración asuma el control del ayuntamiento y con ello, esperamos, el gobierno de la ciudad. En cinco meses se pueden consensuar grandes planes para lograr que Cuernavaca aterrice por fin en el orden que requiere. Es hora de diseñar políticas, más que de grillar por puestos y pactar con grupos de interés. José Luis Urióstegui lo sabe, la ciudad espera resultados desde el primer día.
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