En la atmósfera política actual, el conflicto parece generar beneficios mucho mayores que el trabajo. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, han demostrado que, por lo menos para grupos de fieles seguidores, la bulla resulta mucho más redituable que los resultados.
El gobierno del estado ha buscado administrar el problema de la inseguridad a través de acusaciones constantes contra los fiscales, los alcaldes, la CDHM, y otros actores políticos que pretenden despresurizar al comisionado de Seguridad Pública y al secretario de Gobierno ante la opinión pública mediante dispositivos de transferencia de responsabilidades, útiles en lo psicológico pero no en lo jurídico.
El nuevo round del gobernador es terriblemente sintomático: “Es muy fácil para el Fiscal decir el gobierno me quiere sacar, pero él es el fiscal carnal, porque Graco Ramírez lo dejó en ese puesto para protegerlo y también al fiscal anticorrupción, esa es la realidad. Las investigaciones son de la SEIDO porque no ha hecho las cosas bien los tres ases, así le llaman a los fiscales y al de Derechos Humanos; entre ellos se defienden”, advierte cuando se le pregunta sobre el repunte de la violencia y particularmente la serie de asesinatos ocurridos en bares de Cuernavaca.
Si leemos el comunicado al respecto emitido por el gobierno estatal la preocupación debe ser mucho mayor: “se pueden mencionar las ejecuciones al interior de dos bares de la avenida Río Mayo”. El sustantivo usado para referir a los asesinatos tiene una relación de sinonimia con “ajusticiar”, y presume a la acción de un poder legítimo y reconocido sobre alguien a quien se presume culpable de un delito grave al que se somete a una ruta jurídica culminante en la pena de muerte. Es decir, el gobierno estatal, a través de su órgano de comunicación, estaría confiriendo a los criminales un poder legítimo y reconocido; y admitiría la pena de muerte sin proceso judicial como algo operante en Morelos. No es un fenómeno menor y difícilmente podría ser atribuido a un lapsus: por el contrario, responde a un esquema de pensamiento que ubica a las víctimas de homicidio como culpables de algo y se ha visto en la relación inmediata que los cuerpos de seguridad pública en el país, suelen imponer a la mayoría de los ataques armados desde hace por lo menos tres lustros.
Por otra parte, las ineficiencias de la fiscalía han resultado en un grado de impunidad mayor al 90% en homicidios dolosos. Es decir, estamos en el peor de los mundos posibles, de los bandos que se enfrentan constantemente en materia de seguridad (Ejecutivo, ayuntamientos y Fiscalía), ninguno de ambos cumple de manera eficiente con su trabajo. Ni los responsables de la prevención del delito, ni las que los investigan y ponen a disposición a los criminales cumplen con su trabajo. Pero mientras (parece que esa es una nueva función admisible para los gobiernos) divierten con sus escarceos verbales.
La falta de coordinación entre autoridades en cualquier rubro es inadmisible, pero en cuestiones de seguridad parece alcanzar el grado de crimen. Esa condición quita lo divertido a cualquier conflicto entre las autoridades.
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