(Segunda parte)
Originalmente había pensado terminar mi artículo semanal en esta segunda parte, pero hubo tanto en la parte formal que hizo imposible este cometido. Además falta entrar al fondo; así que la próxima semana será la última entrega sobre este asunto.
En el Presupuesto 2020, los diputados destacan que discutieron cómo redistribuir 508 millones de pesos; léase entonces como una de las razones por la que no salió en tiempo el decreto.
Más allá de ofrecerlo como novedoso, el Presupuesto está reconociendo implícitamente que el año pasado no tuvieron forma de atender problemas públicos tan obvios y reconocen también, de alguna manera, que supeditarse al presupuesto federal tampoco es una opción. Me refiero a los recursos que dicen destinarán a los programas de dengue, zika, chikungunya; la Alerta Sísmica; Bomberos; Apoyar Estancias Infantiles y el Combate de incendios forestales.
Bastante limitada es la parte económica, ya que existe una miopía generalizada al considerar que el turismo es el sector fundamental que podrá “detonar económicamente a nuestro estado”. Además de que eso es un error monumental, ni siquiera en este rubro se piensa en términos progresivos, como si los atractivos turísticos no necesitaran reconfiguraciones a mediano y largo plazo de los mercados para competir a nivel nacional o internacional.
Es loable dar becas a hijos de periodistas, esta es otra peculiaridad del Presupuesto; pero más serio debería ser el que se atendieran los problemas que enfrentan los periodistas al ejercer su profesión en contextos de violencia e inseguridad. Además, una beca por ser hijo de periodista es regresivo en términos de derechos, ya que no se justifica la condición de vulnerabilidad o discriminación que se busca eliminar. Léase entonces como un programa que enmascara otras intenciones.
Señalan que se dio “apoyo” al sector salud al incrementar el presupuesto en el hospital del niño morelense, clínica trans, insumos y herramientas para personas con capacidades diferentes y para los programas y renal. Lo cual también me parece necesario, aunque nuevamente es criticable que no surja de un diagnóstico mínimo que pueda informar sobre el tamaño del problema público que quiere atenderse. ¿Lo que se etiquetó en mucho o poco, y respecto a qué?
Sabemos que los compromisos políticos no pueden dejar de cumplirse, pero no deberían ser moneda de cambio entre poderes; dejando como perdedores a los ciudadanos. Podrán quedar a gusto los diputados y el gobierno con las concesiones mutuas que se negocian en el Presupuesto, pero ¿qué culpa tienen los ciudadanos? ¿A quien le pareció importante la creación del Instituto Morelense de Estudio de la Familia?
Dar dinero para laudos y de sentencias ejecutoriadas de ayuntamientos tampoco resuelve el fondo, pero parece no importar mientras haya dinero. Hay muchos análisis sobre esto y propuestas que parecen no se quieren retomar.
El asunto del Fondo de indemnización para los policías surgió por una coyuntura y desenmascaró una realidad que tiene que ver con las condiciones laborales de los servidores públicos en materia de seguridad. Pero nuevamente, lejos de los fondos (indemnización e incentivos a policías), el Congreso debería ser serio y no simular para garantizar los derechos laborales de las personas en el servicio público. Hay otras formas dignas para que puedan disfrutar de sus derechos plenamente sin necesidad de fondos coyunturales.
Y por último, hay un recurso que llama la atención ya que por primera vez se aprueba a nivel estatal el presupuesto participativo. Tendrá 15 millones de pesos y dependiendo la forma como se vaya a operar, puede ayudar mucho en los procesos de generación de otros circuitos de la democracia. Estaremos atentos a su desarrollo.
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