Daniel Martínez

  / viernes 20 de septiembre de 2019

El prólogo de la tragedia educativa

La educación sólo puede promover la equidad cuando tiene criterios de calidad para volverla competitiva a partir de estándares de suficiencia mínimos.

Este enfoque reconoce el derecho superior de los usuarios del servicio educativo y la misión social de las instituciones educativas y, aunque de manera subyacente incluye la función de la escuela en el sistema político y la justicia.

La evaluación para el ingreso al servicio profesional docente es un medio que garantiza, si se aplica correctamente, que los mejores perfiles ocupen los espacios disponibles frente a los grupos; no se trata de contratar a cualquiera, la responsabilidad social de un maestro es asunto de la más alta gravedad en tanto de él depende la formación y el conocimiento de generaciones de nuevos ciudadanos. Por ello es una tragedia, o el prólogo de una, el triunfo de la CNTE (ese monstruo multicéfalo que agobia a la educación nacional desde su fundación) ha logrado que se ponga en la mesa el pase automático de normalistas y egresados de la Pedagógica Nacional al servicio docente en cualquier parte del país.

Se trata de un paliativo político (evitará en teoría las movilizaciones magisteriales en estados con sistemas educativos dominados por la Coordinadora) cuyo impacto en la calidad de la educación será devastador. Un servicio educativo de calidad requiere a los mejores docentes, además de inversión inteligente y suficiente en el sector, mejor infraestructura escolar, óptimos programas y planes de estudio; pero lo indispensable es tener maestros capaces, entregados a su labor, conscientes del impacto social de su tarea, responsables de la formación y el conocimiento. La crisis de las normales que ha arrastrado en innumerables capítulos a la UPN, se ha traducido en términos generales en la baja calidad de sus egresados (hay algunas excepciones) y con ello en el mal servicio en las escuelas.

El efecto de la asignación automática de plazas docentes a los egresados de normales tendría efectos lamentables para todo el sistema. Primero, representaría una injusticia para docentes que se preparan en instituciones diferentes y que verían limitado su derecho a concursar por trabajos en el servicio profesional docente. Además, impactaría negativamente la calidad de la educación normal y otras instancias de formación de docentes al permitir el estancamiento de los parámetros de egreso de la educación normal en el país. También generaría un problema presupuestal, en tanto las escuelas normales y la Pedagógica Nacional suelen graduar a muchos más estudiantes de las plazas disponibles en el servicio educativo, esto significaría ampliar el número de plazas con un costo que impactaría negativamente el ya de por sí dispar equilibrio presupuestal en la educación pública (actualmente más del 95 por ciento del presupuesto para la educación se destina a salarios para docentes y administrativos).

Todos esos problemas son gravísimos, pero mucho más lo es, insistimos, el impacto en la educación que significaría no tener a los mejores maestros frente a los grupos. La educación pilar del desarrollo social está en peligro por la complicidad, la tolerancia excesiva o el temor que las autoridades federales parecen tener respecto de la CNTE, esa organización magisterial que les acompañó en tantas campañas políticas como bastión de un supuesto justicialismo. Pretender que el servicio educativo sirva a los intereses de grupos que le mantuvieron secuestrado por décadas a costa de la calidad y el futuro de millones de niños y jóvenes en todo el país, es un contrasentido para el Estado mexicano que parece haberse relevado de la rectoría que le corresponde en el sistema educativo nacional. La idea de poner a los alumnos en el centro del proceso educativo parece morir ante la realidad de ceder ese sistema a un grupo político radical.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

La educación sólo puede promover la equidad cuando tiene criterios de calidad para volverla competitiva a partir de estándares de suficiencia mínimos.

Este enfoque reconoce el derecho superior de los usuarios del servicio educativo y la misión social de las instituciones educativas y, aunque de manera subyacente incluye la función de la escuela en el sistema político y la justicia.

La evaluación para el ingreso al servicio profesional docente es un medio que garantiza, si se aplica correctamente, que los mejores perfiles ocupen los espacios disponibles frente a los grupos; no se trata de contratar a cualquiera, la responsabilidad social de un maestro es asunto de la más alta gravedad en tanto de él depende la formación y el conocimiento de generaciones de nuevos ciudadanos. Por ello es una tragedia, o el prólogo de una, el triunfo de la CNTE (ese monstruo multicéfalo que agobia a la educación nacional desde su fundación) ha logrado que se ponga en la mesa el pase automático de normalistas y egresados de la Pedagógica Nacional al servicio docente en cualquier parte del país.

Se trata de un paliativo político (evitará en teoría las movilizaciones magisteriales en estados con sistemas educativos dominados por la Coordinadora) cuyo impacto en la calidad de la educación será devastador. Un servicio educativo de calidad requiere a los mejores docentes, además de inversión inteligente y suficiente en el sector, mejor infraestructura escolar, óptimos programas y planes de estudio; pero lo indispensable es tener maestros capaces, entregados a su labor, conscientes del impacto social de su tarea, responsables de la formación y el conocimiento. La crisis de las normales que ha arrastrado en innumerables capítulos a la UPN, se ha traducido en términos generales en la baja calidad de sus egresados (hay algunas excepciones) y con ello en el mal servicio en las escuelas.

El efecto de la asignación automática de plazas docentes a los egresados de normales tendría efectos lamentables para todo el sistema. Primero, representaría una injusticia para docentes que se preparan en instituciones diferentes y que verían limitado su derecho a concursar por trabajos en el servicio profesional docente. Además, impactaría negativamente la calidad de la educación normal y otras instancias de formación de docentes al permitir el estancamiento de los parámetros de egreso de la educación normal en el país. También generaría un problema presupuestal, en tanto las escuelas normales y la Pedagógica Nacional suelen graduar a muchos más estudiantes de las plazas disponibles en el servicio educativo, esto significaría ampliar el número de plazas con un costo que impactaría negativamente el ya de por sí dispar equilibrio presupuestal en la educación pública (actualmente más del 95 por ciento del presupuesto para la educación se destina a salarios para docentes y administrativos).

Todos esos problemas son gravísimos, pero mucho más lo es, insistimos, el impacto en la educación que significaría no tener a los mejores maestros frente a los grupos. La educación pilar del desarrollo social está en peligro por la complicidad, la tolerancia excesiva o el temor que las autoridades federales parecen tener respecto de la CNTE, esa organización magisterial que les acompañó en tantas campañas políticas como bastión de un supuesto justicialismo. Pretender que el servicio educativo sirva a los intereses de grupos que le mantuvieron secuestrado por décadas a costa de la calidad y el futuro de millones de niños y jóvenes en todo el país, es un contrasentido para el Estado mexicano que parece haberse relevado de la rectoría que le corresponde en el sistema educativo nacional. La idea de poner a los alumnos en el centro del proceso educativo parece morir ante la realidad de ceder ese sistema a un grupo político radical.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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