“No es la primera vez que el INE, antes IFE, y el TEPJF actúan con parcialidad y en contra de la voluntad popular de avanzar hacia una nueva democracia”, leemos en el pronunciamiento que siete mandatarios estatales, seis morenistas y el de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, emiten temprano el jueves para referir el caso de la cancelación de registro de quienes habían nominados por Morena para contender por las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.
Extraña porque: 1) ninguno de los gobernadores firmantes debería tener interés particular en lo que ocurre en las elecciones de Guerrero y Michoacán; 2) viene después de que con argumentos jurídicos y constitucionales las autoridades electorales determinaron la sanción a Félix Salgado y Raúl Morón, por impedir la tarea de fiscalización del INE sobre precampañas que existieron, es decir, se violaron las reglas del juego democrático; 3) los firmantes son gobernadores electos bajo el mismo sistema electoral que hoy critican y, hasta donde se sabe, cumplieron las normas jurídicas para ser votados por los ciudadanos que los llevaron a las posiciones que hoy ocupan en elecciones sancionadas por el INE y el TEPJF.
(Bueno, casi todos, porque no podemos olvidar la tentación en que cayó Jaime Bonilla para intentar extender su mandato de dos a seis años en Baja California, que fue combatida y anulada jurídicamente; y los problemas que enfrentó Cuauhtémoc Blanco que habría sido contratado para ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca, obtenido una constancia de residencia falsa, presunciones por las que fue sometido a procedimiento judicial que no se concretó al final por la dilación que le costó la chamba de presidenta del órgano electoral morelense a Ana Isabel León Trueba).
Los gobernadores critican el cambio en la resolución del TEPJF que en un primer momento aseguró que la cancelación de los registros podría considerarse excesiva y “su aplicación automática restringe el derecho a ser votado”. Probablemente faltó a los mandatarios leer la resolución completa, revisar la constitución y la legislación electoral, antes de emitir su pronunciamiento, porque el derecho a ser votado está a salvo; pero para acceder a ese derecho hay que cumplir con una serie de normas elementales, entre las que está cumplir con la transparencia en el gasto de proselitismo en las precampañas y campañas electorales. La norma no es una ocurrencia del INE, sino un medio para contribuir a la equidad en la contienda y reducir el riesgo de que las campañas electorales usen dinero de procedencia ilícita. La sanción más alta establecida en la ley por faltar a esa norma es la cancelación del registro del candidato y la multa respectiva a la fuerza política que lo haya postulado. Es decir, los mandatarios se quejan de que las autoridades electorales aplicaron la ley, en el mismo documento en que reiteran su “compromiso para contribuir en la construcción de un nuevo régimen democrático, que no sea vulnerado por los poderes ejecutivos”.
Este pronunciamiento, gobernadores, es una forma de vulnerar la democracia mediante el ataque desde los Ejecutivos al árbitro que actúa conforme a la ley. Hace mucho alcanzamos la democracia, ahora debemos fortalecerla.
@martinellito
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