Cuando legisladores de Baja California aprobaron la ampliación del mandato como gobernador de dos a cinco años en favor del del senador con licencia de Morena, Jaime Bonilla, se produjo un gran enojo de la sociedad de aquella entidad, del país y desde luego, perspicacia. Esa decisión legislativa provocó una serie de recelos y de escenarios que algunos analistas políticos, de buena o mala leche, los calificaron como “peligrosos” para nuestra democracia.
Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que, de concretarse aquella disposición ampliada, “sería un precedente grave para que cualquier legislatura estatal o federal pudiera cambiar los términos de vigencia del mandato”, y afirmó: “con esta decisión se rompe el orden republicano y se lesiona la constitucionalidad”.
En tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si a él lo hubieran consultado, habría rechazado la ampliación del periodo de gobierno de Bonilla, porque si lo hubiese autorizado, se le caería la cara de vergüenza, y no tendría autoridad moral alguna.
Precisamente esto es el fondo del asunto, porque mientras que el propio presidente ha señalado que el actual no representa un cambio de gobierno, sino de régimen, ya que si la decisión del congreso bajacaliforniano hubiese sido ratificada, ello habría significado replicar las formas y modos de los gobiernos pasados.
La decisión del Ejecutivo federal de no meter las manos en este asunto y que lo resolvieran los propios ciudadanos de aquella entidad, el nuevo congreso local y, en última instancia, como sucedió, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), nos muestra que efectivamente estamos ante un cambio de régimen.
Lamentablemente, hay que decirlo sin problema alguno, Jaime Bonilla no supo leer, ni entender políticamente la decisión del presidente López Obrador, no pudo estar al corriente ni entender lo que representa en el fondo la Cuarta Transformación, y que ésta no es sólo un slogan propagandístico, sino una decisión tomada, un compromiso.
Simplemente habrá que recordar lo que la historia nos enseña como cuando los presidentes ponían y quitaban gobernadores sin rubor alguno. Luis Echeverria ordenó modificar la Constitución de Sonora para que su consentido, Carlos Armando Biebrich, pudiera acceder a la gubernatura de aquel estado, pero tras una desavenencia ente amos, Echevarría lo acusó de diversos delitos, y el joven político tuvo que dejar el cargo. Ejemplos hay muchos más.
Así, por unanimidad, la Sala Superior del TEPJF confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría en favor de Jaime Bonilla Valdez por un periodo de dos años, pero no por cinco como él pretendía.
Cabe destacar que desde el Senado de la República estuvimos al tanto de que se cumpliera el Pacto Federal sin ser injerencistas, y el hecho mismo de que fue el propio TEPJF que decidió no avalar la determinación del Congreso de Baja California del 23 de julio pasado que ampliaba mandato de Bonilla.
Este arbitraje de eminente carácter jurídico muestra que sí es posible desarmar la estructura política caduca que imponía sus decisiones a partir de sus intereses personales o de grupo, por ello mismo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero indicó que "no se puede atentar contra el principio de certeza jurídica”, es decir, que no podemos pasar por alto, en todo lo que ello significa, el cumplimiento del Estado de derecho.
Ya lo he señalado aquí. La decisión que tomó el TEPJF tiene un significado trascedente, porque, en primer lugar, echa abajo las versiones de quienes aseguraban era un ensayo para que se diera una reelección presidencial; de igual manera, que todos estamos obligados a atender el principio de certeza jurídica y, sobre todo, que se entienda bien, la Cuarta Transformación va por un cambio de régimen, y no por una simple simulación.
La intentona de imponer a un personaje como gobernador más años por los que la ciudadanía votó, es como querer imponer a un candidato a partir de una distribución de cuotas, de una herencia política, y no por la experiencia, perfil, simpatías, trabajo y presencia social.
