De poco les sirvió a las empresas eléctricas –nacionales y extranjeras—que mantienen contratos de trasmisión de energía con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que los diputados prianistas rechazaran la propuesta de Reforma Eléctrica enviada al Congreso por el presidente López Obrador.
Si bien la votación del Congreso impidió que la CFE adquiera un papel predominante en el mercado, la Suprema Corte (SCJN) en su resolución del 7 de abril estableció con claridad que varias disposiciones de la nueva Ley Eléctrica son constitucionales, tales como sus artículos 12, 162 y 163 así como los transitorios 4 y 5 de la misma ley.
Esencialmente, los textos legales mencionados establecen que los permisos para autoabastecimiento que no cumplan con los requisitos de ley podrán ser revocados. Asimismo, tanto la CFE como la Sener (secretaría de Energía) pueden revisar y sancionar actos u omisiones generados por esos contratos.
De este modo, la SCJN puso en manos del gobierno federal las herramientas jurídicas que le van a permitir renegociar los contratos que sean considerados lesivos para los intereses del sector público. Es decir: el gobierno de la República volverá a tener en sus manos la facultad de regular el mercado eléctrico del país. Y con un agregado esencial: las nuevas decisiones contractuales del poder ejecutivo serán inatacables por mandato de la propia Corte.
El presidente AMLO ya lo ha declarado en varias ocasiones: las empresas eléctricas necesitan consultar con sus abogados y fijar la postura que van a asumir frente a esa nueva realidad. Pueden renegociar los contratos, de manera que ahora no resulten gravosos para el sector público, o arriesgarse a que sus directivos sean denunciados penalmente por los agravios cometidos contra los bienes públicos y contra la población.
Lo anterior demuestra que los votos del PRIAN, que sirvieron el 17 de abril para impedir que la Reforma Eléctrica llegara a ser constitucional, solo fueron tiros de salva que finalmente no evitaron lo principal: que las empresas eléctricas nacionales y extranjeras sean llamadas a cuentas por el gobierno para hacer un ajuste general de contratos, precios y servicios.
Nos queda la impresión que la derecha prianista puso toda la carne en el asador el domingo 17 de abril para conseguir que la Reforma Eléctrica no pasara. Pero en ese esfuerzo quedó exhausta, vacía y golpeada. En este momento se encuentra bajo el fuego de la indignación pública, y por lo mismo sus publicistas deberán esforzarse mucho para contener la avalancha y prevenirse para la nueva ofensiva contra ellos que ya se vislumbra en el futuro inmediato.
Después de la exhibición del domingo 17 de abril y el triste espectáculo del día siguiente –cuando abandonaron el salón de sesiones con evidentes signos de depresión—quedan pocas dudas acerca de que los prianistas se encuentran por completo a la defensiva. El papel de defensores de lo antinacional los rebasó y agotó. El empuje del pueblo organizado los ha hecho recular, y hoy apenas balbucean frases acerca de que no es justo que se les tilde de traidores a la patria, vendidos, etc.
Es más: ahora recurren a lo dicho por Donald Trump en su actual campaña electoral en USA, acerca de que doblegó al gobierno mexicano en materia de migración. Tratan de rescatar un poco de lo perdido. El solo hecho de recurrir a las mentiras del empresario que por no perder el poder asaltó el Capitolio, revela el grado de desconcierto y confusión en que han caído los partidos de la derecha.
Los miembros del nuevo agrupamiento McPRIAN se enfrentarán en adelante a dos retos políticos que los van a reducir a su mínima expresión: las elecciones del próximo 5 de junio en 6 entidades del país, y el inminente llamado de la CFE para ajustar cuentas con las empresas eléctricas extranjeras. En ambas ocasiones, la oposición de derecha será de nuevo batida a fondo.
En 4 de las 6 entidades en disputa el próximo 5 de junio, la derecha opositora será derrotada. El único interrogante que subsiste es de qué tamaño será la anunciada derrota. Es muy probable que la victoria de la izquierda sea por un margen muy amplio. En entidades como Oaxaca e Hidalgo la derecha va a ser sepultada bajo una montaña de votos populares.
En Tamaulipas y Quintana Roo pasará algo similar, aunque la diferencia de votos no sea tan abismal. En Durango las encuestas marchan al parejo, mientras en Aguascalientes el PAN mantiene ligera ventaja en los sondeos. Pero el resultado final sigue dependiendo de varios factores, entre ellos el desgaste político del PRIAN, con sus constantes fallas y errores tácticos.
Mientras tanto, ya está en marcha el proceso de revisión de las concesiones eléctricas que se entregaron a empresarios privados. Ese análisis es realizado actualmente por las dos partes: los cuerpos de asesores legales de las empresas particulares y del gobierno. Es temprano para saber cuál será el resultado final. Lo único previsible es que los contratos serán renegociados; muchas empresas que han simulado su existencia para recibir los beneficios, los perderán y buscarán ser recontratadas por la CFE; los derechos de porteo (trasmisión eléctrica) serán modificados y las represas hidroeléctricas de la CFE entrarán en pleno funcionamiento.
Entraremos así en breve tiempo a tener un mercado eléctrico menos distorsionado. Con más equilibrio y menos simulación. Y por lo mismo, al ahorrar gran parte del medio billón de pesos anuales de subsidio (cerca de 500 mil millones de pesos) que se otorgan a los privados, el gobierno aplicará nuevas tarifas que serán más caras para algunas de las 70 mil empresas que hoy son beneficiadas, y por lo tanto es posible que se reduzcan las tarifas de los pequeños consumidores, en especial de los hogares mexicanos.
El objetivo de abastecer a la mayoría de los hogares mexicanos ya se cumplió. Solo falta reducir las tarifas del servicio. De manera paulatina se irá consiguiendo la meta de que la energía eléctrica deje de ser una mercancía, para convertirse en un derecho humano en beneficio de los mexicanos.
La nueva etapa deberá ser sin abuso de tarifas por parte de la CFE, pero también sin “diablitos” por parte de muchas familias que se cuelgan o introducen mecanismos que distorsionan el registro del medidor. Sobre todo, sin el enorme abuso de grandes talleres y empresas que han simulado “contratos de autoabastecimiento” para despacharse con la cuchara grande.
