A pesar de las ampliaciones de las libertades públicas y garantías ciudadanas, en esencia las facultades discrecionales del Presidente, así como los riesgos de regresión no han sido erradicados en su totalidad, de lo que da vivo testimonio la administración de AMLO.
Por tanto, insistimos: ¿en qué fase clasificar al caso México, si en el de Transición, el de Liberalización o el de Democratización?
Podemos afirmar que en todos, sin que alguno se cumpla a cabalidad. No olvidemos que, al final, de acuerdo con la teoría de la transición, tales procesos no se ajustan a delimitaciones claras, como tampoco a reglas específicas.
Sin menoscabo de los logros y avances, conviene destacar que parte del objetivo del proceso mexicano es advertir el riesgo que los teóricos señalan con respecto a los procesos de transición, liberalización y de democratización: que no son irreversibles, que en cualquier momento, la tentación autoritaria está latente, que además existen elementos contextuales internos que inexorablemente dan motivos para que la élite del poder dé un golpe en la mesa y con él a la sociedad, restringiendo y/o limitando las libertades ganadas a lo largo de tanto tiempo con base en el interés nacional, porque no han de evidenciarse con la defensa de sus grupos de interés en la elite política.
Para que en el caso México la liberalización y la democratización fecunden por la vía pacífica, tendrán que darse pasos firmes en el ámbito del fortalecimiento del sistema de partidos y el de la sociedad.
Efectivamente, si los partidos políticos en la nación mexicana consiguen recuperarse del descalabro de las elecciones 2018, de su estancamiento en las preferencias electorales, de la lucha por el control interno de los partidos políticos, si redefinen su vocación ideológica y compromiso con la sociedad, si son capaces de diseñar, defender y concretar una agenda de democratización, bien pueden incidir en que México dé pasos más firmes y concretos hacia la ansiada democratización.
Igualmente, si la sociedad es capaz de organizarse, de permear tanto en los partidos políticos como en sus representantes, en los estratégicos asientos legislativos de 2021 y las gubernaturas en disputa, la necesidad de construir una agenda en que las familias, las personas y las empresas puedan tener acceso en igualdad de oportunidades a los bienes y servicios, así como en lo electoral, de manera simultánea, se podrán dar pasos importantes en la consolidación de la democracia.
México no ha terminado su proceso de transición, pero tampoco lo ha consolidado con la liberalización, puesto que el respeto y ampliación de garantías y derechos es parcial y está latente el riesgo de una regresión.
México tiene favorables rasgos democráticos que, sin embargo, dan al traste con las aspiraciones ciudadanas porque los derechos de participar en la toma de decisiones que tiene la población deben ampliarse y el presidente, López Obrador debe dedicarse a gobernar con instrumentos e indicadores para tomar en serio su rol de jefe de la administración pública federal para dirigir la gobernanza y no para desmantelarla.
Por su lado, los partidos deben ser autocríticos y generar los incentivos para cambiar, porque su alianza con el régimen político les resulta favorable a sus grupos de interés (ver el caso del Partido Verde) pero es impugnada por segmentos concretos de la sociedad que, impide la construcción del futuro.
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