El Sistema Estatal Anticorrupción se funda en una ley aprobada en agosto del 2015 por la LII Legislatura del Congreso del Estado. En ella se establece al ente como “instancia coordinadora entre las autoridades competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción” de los servidores públicos categoría en la que se incluye a los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los Ayuntamientos, los consejeros electorales, los comisionados del Instituto de información pública, los magistrados de los tribunales electoral, de justicia administrativa, unitario de justicia para adolescentes y etcétera salvo el gobernador, a quien sólo puede exigirse responsabilidad durante su cargo mediante juicio político y por las violaciones expresas en la constitución del estado.
Para el diseño del sistema se pensó en un comité coordinador que integran los titulares de órganos de control del gobierno estatal y otro comité, el de participación ciudadana formado por cinco notables que designan al secretario técnico, quien finalmente sería el responsable directo de las denuncias, pesquisas y resultados del sistema, es decir, una especie de Zar Anticorrupción, por usar un lugar común.
Cuatro años después de la aprobación de la ley, los trabajos en torno al sistema estatal anticorrupción se aceleraron en una aparente buena voluntad de todos los involucrados para que en Morelos operara, por fin, el ente similar a los que ya funcionan en otras entidades de la república. A principios de mayo pasado rindieron protesta los cinco integrantes del comité ciudadano: Roberto Coranguez Esquivel, como presidente y Eva Penélope Picazo Hernandez, Edgar López Betanzos, María Juana Damián Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida; ese comité de notables determinó que la secretaría técnica del comité fuera entregada al ganador de una terna de candidatos que, de acuerdo con especialistas en el tema, no cumplen con los 10 requisitos que la ley impone para ocupar el cargo, en tanto tienen vínculos partidistas hace menos de cuatro años, no necesariamente gozan de la mejor reputación o carecen de experiencia en fiscalización y rendición de cuentas. Las críticas sobre Ruth Margarita Arias, Marco Antonio Salgado y Alejandro Hernández Arjona, los nombres de la terna, giran en torno al incumplimiento de los requisitos y a los posibles conflictos de interés al tener vínculos con el Ejecutivo, partidos políticos, o el Poder Judicial. Uno podría entender que el atraso de más de dos años (el Sistema tendría que instalarse desde septiembre de 2017, por ley), llevara a cierta precipitación, pero los errores enormes en la propuesta hacen pensar más en una enorme falta de seriedad o de compromiso con la ley y el espíritu de la misma.
En un estado tan lastimado por la corrupción como ha sido Morelos, en que la deshonestidad en el servicio público, ha sobrepasado el nivel de rejuego electoral para convertirse en una amenaza casi general y constante a las finanzas públicas y con ello al desarrollo del estado y a la estabilidad política, resulta insultante la construcción y aprobación ilegal de ternas para presidir integrar el ente que lucharía por la legalidad, según establecieron en la sesión para el caso las consejeras María Juana Damián Herrera Mota y Penélope Picazo Hernández (hay video en YouTube). Por cierto, ambas esbozaron una sonrisa indignada cuando se leyó el nombre de Alejandro Hernández Arjona como primero en la terna que fue presentada en una sesión que, por alguna razón no fue transmitida en vivo.
La designación del secretario técnico del Sistema tendría que darse mediante una convocatoria pública, con máxima publicidad. Habrá muchos morelenses que puedan cumplir con los requisitos fuera de toda sospecha, aunque tres de los integrantes del comité ciudadano parecen no creerlo.
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