Para todos es claro que la política y las formas de ejercer el poder institucional moldeado a partir de 1997 con la llegada de una oposición más visible en el Congreso está cambiando. Partidos políticos de derecha e izquierda tuvieron su oportunidad para ejercer su rol como oposición.
El PAN tuvo mayores alcances locales que el PRD y fue gobierno por 12 años, pero MORENA dejó la oposición y se convirtió en gobierno en tan sólo 6 años al ganar junto con sus aliados, el 80 por ciento de las secciones electorales en los comicios pasados.
Con una fuerza electoral tan abrumadora y con los niveles de aceptación que mantiene actualmente el Presidente, la oposición ha quedado circunscrita a defender sus reducidos territorios, prepararse para las próximas batallas electorales y tratar de conservar espacios en los gobiernos y congresos locales. La oposición difícilmente provoca el debate (más bien reacciona), escasamente incide en la agenda pública y su principal tarea está en la defensa jurídica/mediática del juicio que los gobiernos entrantes iniciaron en su contra, lo que repercute en su calidad moral y las fuerzas para enfrentarse a las decisiones de gobierno en condiciones similares a las que tuvo MORENA cuando era oposición.
Los teóricos de la guerra dirían que la fuerza se usa para destruir al enemigo o dejarlo totalmente incapacitado para recuperarse como adversario. Podrá cambiar el nombre del partido, pero la historia es la misma: el poder político se ejerce usando la fuerza de la mayoría para avasallar al adversario en cada batalla. Y este método también aplica en el terreno social. Por eso importa redefinir el papel de la sociedad civil, los organismos autónomos, la academia, el sector privado, los medios de comunicación e incluso la oposición política.
No está mal eliminar la corrupción ni tampoco impulsar buenas prácticas en la administración pública; sin embargo, la eliminación y/o reducción presupuestal de programas sociales sin que exista algo que los sustituya no ayuda a que la pobreza disminuya ni mejora con la entrega directa de recursos. El caso de la CDMX es ilustrativo ya que de acuerdo con la última evaluación del Coneval, la pobreza extrema aumentó a pesar de ser la entidad con mayores programas y recursos sociales.
Hasta ahora, Estancias Infantiles ha sido el programa con mayor defensa jurídica y mediática; pero qué ocurre con los programas eliminados o la disminución presupuestal de aquellos que ofrecían atención a Jornaleros Agrícolas; Empleos Temporales; los distintos componentes de Prospera; Seguro Popular; Comedores Comunitarios; Migrantes; Desarrollo de Zonas Prioritarias o los apoyos a la vivienda; entre otros. Pocos han sido los gobiernos locales que han anunciado asumir algunos de estos programas como parte de sus políticas públicas, pero hasta ahí llega el cuestionamiento.
En Morelos las autoridades locales en la materia no han querido asumir ninguna posición o al menos, no de forma pública. Existe una Ley de desarrollo social que prevé un sistema estatal de planeación del desarrollo social, instrumento que hasta ahora parece no tener importancia para definir objetivos de política social en la actual coyuntura. La cuestión entonces está en qué criterios son los que se aplicarán si la medición de pobreza con enfoque multidimensional no se observa y tampoco se aplican las leyes en la materia.
A nivel federal el Estado social avasalla, pero avanza. En Morelos no hay fuerza para avasallar, pero tampoco claridad para avanzar. Lo más simple es entrar en letargo sin planear la orientación de los recursos o programas. AMLO permanentemente ha colocado en el escrutinio público la acusación de que los programas sociales eran electoreros y en cada oportunidad señala los errores (que por supuesto existían) para insistir que los recursos no llegaban a los pobres por causa de la corrupción. Sin embargo, la reciente declaración de Clara Torres, ex funcionaria de la Secretaría de Bienestar, respecto al programa de estancias nos sugiere otras ideas cuando menciona que a dicho programa se le consideró una amenaza política, porque significaba 9,500 líderes en 32 estados en 1200 municipios.
En este sentido, los programas que sirven para construir el Estado Social del país están siendo clasificados con base en su rentabilidad, oportunidad o condición política porque en el fondo lo que se busca en el terreno social, como ocurre en la guerra, es dejar al enemigo incapacitado para recuperarse. Independientemente de quien pudiera ser considerado como el enemigo en este caso, las decisiones de política social deberían cumplir con la normatividad, las buenas prácticas y tener una vinculación directa con las carencias sociales a partir de los diagnósticos y la planeación.
Transformar y mejorar las instituciones es factible y bueno, pero hay que saber cómo, hacia donde y para qué.