Si seguimos a los críticos del anterior régimen, ninguno de los ex funcionarios públicos tendría que volver a trabajar nunca en la vida por la simple etiqueta, creada en los corrillos políticos, de “graquismo”.
Cierto que la administración de Graco Ramírez podría ser de las peores que el estado haya vivido en su historia reciente (si hubiera más elementos para una historia estadística podríamos evaluarlo con más seriedad); pero también lo es que muchos de quienes hoy buscan espacios en la administración pública y en órganos desconcentrados iniciaron sus labores pùblicas antes de cualquier vínculo con el ex gobernador y que, mientras no se les comprobaran faltas graves en su oficio público, están en todo su derecho de seguir en el servicio público siempre que haya quien o quienes les contraten.
Los diputados de la LIV Legislatura han designado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a Raúl Israel Hernández Cruz después de una larga evaluación y negociaciones que consiguieron un consenso muy amplio (17 de 20) a favor del notario con licencia, quien fue director jurídico de la Secretaría de Gobierno en el sexenio de Graco Ramírez, pero trabajó también en la administración de Marco Adame Castillo. Censurar al nuevo ombudsman por su pasado laboral parece un exceso, sobre todo si se considera que hay el andamiaje jurídico suficiente para fincar responsabilidades en caso de que estuviera vinculado a casos de corrupción.
De la crítica política reciente, derivada de un grosero maniqueísmo, surgen más preguntas que respuestas. La primera es si verdaderamente existe un “graquismo” que se entendería como una corriente de pensamiento y actuación derivada de las ideas del cuestionadísimo ex gobernador que configurara una cadena de lealtades. Francamente, no hay elementos contundentes que pudieran probar la existencia del “graquismo” que algunos advierten “está por todos lados”. Existen, cierto, ex funcionarios de anteriores administraciones que, en todo su derecho, buscan continuar en el servicio público. Para tranquilizar a quienes ven conspiraciones, ninguno de estos intentos individuales parece obedecer a una conspiración que ponga en jaque a la actual administración, o pudiera ofrecer una suerte de protección a quienes cometieron actos de corrupción en la anterior administración.
Las últimas semanas hemos visto la actuación institucional de quienes eran señalados como protectores de la anterior administración. En los hechos se están consignando las denuncias que resultan procedentes y en las que no lo fueron la Consejería Jurídica del gobierno estatal ha interpuesto los recursos de revisión necesarios. Parece que las instituciones marchan adecuadamente más allá de quién las preside.
Para muchos grupos de interés, el anterior régimen significó enormes afrentas que podrían mover a un profundo deseo de erradicación de cualquier persona vinculada a esa administración. Probablemente de ahí las alertas escandalosas y la frustración porque el actual gobierno no ha detenido la reubicación de algunos ex funcionarios (aunque evidencias de su corrupción). Es explicable el coraje y la impotencia, pero no es lógica, ni se funda en precepto legal alguno. En cambio habría que rescatar algo mucho más evidente, la administración de Cuauhtémoc Blanco no parece interesada en manipular las designaciones que el Congreso del Estado hace de funcionarios públicos y poco a poco aprende a trabajar con quienes le han tocado. Es decir, contra lo que muchos esperaban, Cuauhtémoc Blanco y casi la totalidad de su gabinete parecen mucho más republicanos que quienes les acusan por falta de oficio político. Aunque algunos extrañen el intervencionismo de antes.
.jpg "Inflación (1).jpg")