El Poder Judicial Federal; la Fiscalía General de la República con su autonomía y Andrés Manuel como Titular del Ejecutivo Federal han quedado ubicados en su exacta dimensión, considerando la avalancha de burlas, improperios, maledicencias, calumnias, acusaciones falsas, de que a Lozoya se le había dado un trato especial y diferente al de la señora Robles; debe considerarse que en ambos supuestos jurídicos la prisión preventiva es facultativa para el Juez que conozca del asunto; se toman en cuenta circunstancias como ha ocurrido con el caso de Lozoya, porque después de 14 meses de que Baltasar Garzón en España encabezara la acción para que Lozoya ejerciera los criterios de oportunidad que señala la Constitución Federal; el Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, y denunciara a funcionarios de su mismo nivel menores o superiores a él, que justificaran, además de que él debe devolver el daño patrimonial que le hizo al Estado, el cual quedó garantizado, y que ahora cuando el Juez, el 3 de este mes decidió que había señas, signos, hipótesis, acciones, hechos materiales y jurídicos concretos, que Lozoya con los diferentes recursos económicos que tiene y su proyección a nivel internacional, podría evadir la acción de la justicia y por ello el día señalado se le decretó la prisión preventiva; si bien se le otorgaron 30 días más para que acabe de aportar las pruebas necesarias para juzgar entre otros, y ésto es esencial en lo que hace Lozoya a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray; esto es al margen de Cabeza de Vaca, el que dirige Tamaulipas; Anaya, el aspirante, eterno a la Presidencia y otros que seguramente esos 30 días serán de gran reflexión y fructíferos para las causas penales, y sobre todo para que Lozoya, y ésta es nuestra perspectiva, el 3 de diciembre vuelva a tener la posibilidad de seguir con el brazalete magnético, teniendo la Ciudad de México por cárcel.
Es conveniente reiterar que Lozoya cumplió a medias, y que probablemente sus conductas hayan motivado, molestado, exacerbado, causado desazón en los más altos niveles del gobierno, porque daba la impresión de que él no es un delincuente sino un protegido de la ley, lo que dista de la realidad, porque durante mucho tiempo fue perseguido cuando tuvo otros abogados; y finalmente se sabe que su papá negoció con el propio Fiscal General de la República y el resultado fue que vino a México, como dijimos hace 14 meses, y se empezó toda esta diligencia judicial, que se ha convertido en una parafernalia porque en los medios, en todos los órdenes, se han cebado en que él no ha cumplido íntegramente; y tienen razón, porque como dicen los abogados “En palacio la justicia va despacio”; pero en realidad aquí lo que se pretende ahora con la prisión preventiva es que cumpla íntegramente.
El Juez encargado del juicio de Lozoya puso las cosas en su lugar; ejerció sus facultades para decretar la prisión preventiva, y desde nuestra perspectiva el Fiscal General de la República Alejando Gertz Manero cumplió con su conducta como un Fiscal autónomo, y que como bien lo ha dicho el Presidente de la República, no hay consignas; si las hubiera otra sería la hipótesis que estaríamos comentando.
También consideramos que es de justicia dar el beneficio de la duda a Andrés Manuel, porque su preocupación es que los delincuentes de cuello blanco, y los que no lo son devuelvan lo que le han robado al pueblo de México, y en ese sentido lo ha ratificado, y seguramente que si Lozoya no cumple, ante las promesas que hizo y todo lo que ha ocurrido, lo pueden hacer sujeto activo de varios delitos que en su momento comentaremos, porque va a resultar imputado, verbigracia de falsedad en declaraciones judiciales y otros tipos penales.
CONCLUSIONES
Primera. Lozoya invocó correctamente aquella reforma de Calderón en el año 2008 al artículo 21 Constitucional, en el que agregó el párrafo que hemos comentado, y de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, él ha ejercido esos criterios de oportunidad, que ahora se vuelven en su contra, porque no ha cumplido íntegramente.
Segunda. El 3 de diciembre será una fecha fatal, definitiva, para saber si en ese lapso del 3 de noviembre al señalado, él pone en la mira de la Fiscalía General de la República a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray y otros funcionarios que han sido acusados permanentemente.
Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com
