La salida de Jesús Guízar Nájera de la subsecretaría de Gobierno, se prestará mucho a la jiribilla porque se trata de uno de los hombres que acompañaron al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, desde que era alcalde de Cuernavaca y podría interpretarse como un capítulo de la lucha por el poder que los fanáticos de House of Cards ven en cada equipo de trabajo.
El acontecimiento es, sin embargo, meramente coyuntural si se contrasta con otras tres cosas de verdadero impacto social que ocurrieron ayer y podrían verse tristemente marginadas del análisis suplido por los chismes a intrigas palaciegas a que muchos se han vuelto proclives.
Porque antes de que se conociera de la renuncia del funcionario, se hizo pública la medición de la pobreza laboral de Coneval para todo el país y en la que Morelos aparece como el cuarto peor estado durante el segundo trimestre; se instaló el Consejo Ciudadano de Desarrollo Social, que colaborará en el diseño de políticas de combate a la pobreza; y se desarrolló el primer foro rumbo a las reformas que permitirán la decisión ciudadana sobre el 15 por ciento de la obra pública del gobierno estatal. Cualquiera de los tres hechos resulta mucho más relevante que conocer si los motivos de la renuncia de Guízar se circunscribe en la lucha intestina del gabinete de Cuauhtémoc o sencillamente obedece, como acostumbra decirse, a motivos personales.
De acuerdo con las cifra de Coneval, en Morelos la población en pobreza laboral pasó de 54.1% en el primer trimestre a 54.9% en el segundo, lo que en términos de gente significaría más de 16 mil personas más; con lo que el total de morelenses que no pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso es de casi 1.1 millones. La cifra está asociada a la lenta recuperación de la economía local en el primer semestre luego de la estrepitosa caída que significó el 2018; la pérdida de más de 4 mil empleos formales; el incremento del empleo informal (de mucha menor calidad); entre otros factores entre los que se encuentra, por supuesto, una muy errática política de combate a la pobreza que ha resultado extraordinariamente cara para el estado en términos de relaciones costo beneficio.
Si el gobierno estatal pudiera reorientar los programas sociales para convertirlos en oportunidades de desarrollo económico para sus beneficiarios, y no sólo en paliativos temporales para condiciones de marginación, y esta lógica de transformación de acompaña del fomento a la inversión privada, de la regulación de la economía informal, del fortalecimiento de la obra e inversión pública, podría haber esperanza de que la recuperación de la economía estatal sea una realidad en el año entrante. En éste lo que se podría esperar es detener la pérdida de empleos y probablemente fortalecer un poco el ingreso, pero si en términos de combate a la corrupción hay que tener paciencia, en lo que refiere a la recuperación automática se necesita el doble.
El Consejo Ciudadano de Desarrollo Social, que preside Álvaro Urueta y al que pertenecen los distinguidos morelenses como Guillermo Knochenhauer Muller, Ivonne Guzmán Bargagli, Lourdes Flores Reséndiz, Arturo Ornelas Lizardi, Angélica Rodríguez Monroy, Juan Pablo Muciño Correa, María Morfín Stoopen, Cesar Barona Ríos, Violeta Córdova Islas, Adela Manzanares, Hilda Rangel Flores y Nancy Chevez Baños; puede ayudar en mucho al rediseño de programas sociales de verdadero impacto en el estado.
Sobre los presupuestos participativos para obra pública aún es pronto para establecer juicios en tanto más importante que la intención será el mecanismo que se habilite para asignar los recursos y la obra pública que la población decida a partir de proyectos factibles y sustentables. No es un asunto fácil en tanto en Morelos hay una tradición de politizar y frenar los proyectos de obras de beneficio social y económico.
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