La determinación de la Comisión de Administración y Financiamiento del Impepac para ofrecer piso parejo a los candidatos independientes permitiéndoles rebasar con mucho los montos de financiamiento privado que hasta este proceso electoral habían sido reconocidos tiene un impacto mucho mayor que el simple hecho de encontrar un equilibrio entre las posibilidades financieras de los contendientes.
El sistema electoral mexicano considera el financiamiento público como la fuente principal de ingreso en las campañas políticas para asegurar que los candidatos no tengan que asumir compromisos excesivos con la iniciativa privada y que los recursos que obtienen para hacer proselitismo no provengan de fuentes ilícitas. El modelo ha funcionado en México desde hace años y salvo algunos pequeños tropezones que han derivado en esquemas más eficientes y hasta invasivos de fiscalización, ha garantizado que los recursos usados para campañas políticas sean mayormente honestos y que los políticos no se sometan a los mandatos del capital privado por lo que ese capital invirtió en sus campañas.
La determinación del Impepac, fundada por cierto en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que obligaron a acuerdos del Instituto Nacional Electoral para garantizar la posibilidad de allegarse de recursos de los independientes destruye, por lo menos en 37 casos, el principio de financiamiento establecido en el espíritu de la legislación y vuelve a los independientes morelenses excesivamente dependientes del financiamiento privado, lo que se vuelve en extremo preocupante.
Fidel Demédicis Hidalgo, candidato independiente a la gubernatura, por ejemplo, tendrá 123 mil 648 pesos de financiamiento público, pero podría acceder a más de 29 millones de pesos de financiamiento privado, una cifra abrumadora contra lo que recibirá del Impepac.
Claro que está siempre la restricción de que financiamiento privado no puede provenir de sindicatos, organizaciones religiosas, instituciones públicas, tampoco puede superar cierto monto por donante, entre otras que, sin embargo, no representan bajo este nuevo formato una garantía de que quien acceda a amplios montos de financiamiento privado no quedará sometido por poderes económicos lejanos a las aspiraciones ciudadanas.
En todo caso, la determinación del Impepac, derivada del acuerdo INE/CG426/2018, muestra una quizá excesiva confianza en los nuevos métodos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que incluyen la detección de operaciones sospechosas y su persecución en coordinación con las autoridades fiscales y entidades financieras del país, lo que permite detectar irregularidades en las operaciones financieras de los candidatos. Como detalle, a la fecha el único candidato independiente que ha iniciado campaña en el proceso local de Morelos, Fidel Demédicis Hidalgo, no ha reportado movimiento financiero alguno al Instituto Nacional Electoral, pese a la obligación de hacerlo en los siguientes tres días de realizada cualquier operación, un detalle que dificultará la operación fiscalizadora del INE. Otros dos que estando obligados no han hecho reporte alguno son Mario Rojas Alba, del Partido Humanista y Cuauhtémoc Blanco Bravo, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), aunque de estos últimos sabemos que no acostumbran reportar nada.
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